La principal mina a cielo abierto de la Argentina prepara su cierre

El principal yacimiento a cielo abierto del país, Bajo de la Alumbrera, prepara su cierre para finales del año próximo y acelera el plan de remediación previsto en la concesión.

Desde la compañía calculan que el plan, a partir del cese de la explotación, demandará unos cinco años, a los que seguirá un monitoreo de una década.

La inversión incluye las indemnizaciones a los 1900 empleados y rondaría, a valores de hoy, los u$s2000 millones.

En la explotación, que ocupa 1400 hectáreas ubicadas en la zona previa a la sierra del Aconquija, hay montañas de material desechado, un socavón de 500 metros de profundidad por 1700 de diámetro y un dique de cola -donde se retienen los materiales sólidos que son descartados-.

Se cubrirán todas las áreas afectadas con una capa de material "benigno" y se las "revegetará con especies nativas". El objetivo, según informó La Nación, es que los desechos no entren en contacto con el agua y el aire, para evitar la contaminación.

La empresa usa un promedio de 2,7 millones de litros de agua por segundo que extrae del acuífero catamarqueño Campo del Arenal.

Es la explotación de cobre, oro y molibdeno a cielo abierto más importante del país y opera hace casi 20 años. A diario, extrae 300.000 toneladas de material estéril, de los que obtiene 100.000 de minerales.

La empresa -que además del yacimiento Bajo de la Alumbrera, trabaja desde hace unos meses Bajo el Durazno- es operada por la firma suiza Glencore (50% de las acciones), y las canadienses Goldcorp (37,5%) y Yamana Gold (12,5%).

Los derechos de exploración y explotación son de Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD), una sociedad interestadual integrada por el gobierno de Catamarca (60%) y la Universidad Nacional de Tucumán (40%). Y percibe 20% del producido neto de Bajo de la Alumbrera y 30% del de Bajo del Durazno.

La minera enfrenta denuncias y causas penales por presunta contaminación en Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán, además de una investigación en la justicia federal de Rosario por supuesto tráfico documental y contrabando de minerales.

Desde hace años, los vecinos de Andalgalá y Santa María del Valle, localidades ubicadas a unos 50 kilómetros del yacimiento, reclaman por el impacto que tendría la explotación en el aire y el agua, y sus efectos sobre la salud humana. Unas 30 familias de Vis-Vis, un pueblo ubicado a dos kilómetros del paredón del dique de cola, abandonaron el lugar y algunos demandaron por daños de contaminación y destrucción de sembradíos y ganado.

Sergio Martínez, integrante de la asamblea de Andalgalá admitió a LA NACION que en 1995, cuando comenzó la construcción de la Alumbrera, "aplaudíamos, pensábamos que era una suerte de reparación histórica para estos lugares. Advertimos que estamos igual, pero contaminados, con gente forzada a la migración, enfermos y producciones alteradas".

Los asambleístas reclaman la "participación de la comunidad" en audiencias públicas. "Fuimos a la Corte Suprema porque acá se nos niega hasta el acceso a la Justicia". Martínez se refiere al fallo de marzo pasado que hizo lugar al recurso de queja que presentaron en 2012 para frenar las actividades en el yacimiento Agua Rica.