Nuevos dueños de Indalo afirman que la Justicia forma parte de "un plan para quebrar al Grupo"
Este lunes la Justicia dio un duro golpe a la posibilidad de que el ex Grupo Indalo –ahora rebautizado como Grupo Ceibo– pueda continuar con sus operaciones. El holding creado por el empresario kirchnerista Cristóbal López no podrá reabrir el concurso preventivo de su empresa petrolera, Oil Combustibles S.A (OCSA).
Esto es así porque el juez Héctor Vitale, a cargo del Juzgado Comercial 4 de la Ciudad de Buenos Aires rechazó el pedido de la empresa de reestructurar sus deudas con un proceso judicial.
Ante esta situación, OP Investment, el fondo que adquirió el ahora llamado Grupo Ceibo, lanzó un comunicado en el que denuncia que existe "un plan para quebrar al ex Grupo Indalo".
"Contrariando la ley de quiebras, vigente desde 1995, el Juez Comercial hizo recaer la conducta que se imputan a los anteriores accionistas contra la empresa, sus trabajadores y sus acreedores comerciales", señala OP Investment.
"Al confundir a los viejos propietarios con las empresas, el Juez prefirió castigar a éstas en vez de aquellos, y desechó la única posibilidad de viabilidad y continuidad de las empresas, de mantenimiento de las fuentes de trabajo y de pago de las deudas a los acreedores comerciales y a la AFIP, que es lo que propusimos en nuestro Plan Estratégico", agrega.
"Intuimos que la Justicia ha sido objeto de groseras y persistentes presiones por parte de los operadores del Gobierno, conducta que suponíamos había cesado con la actual administración", concluye el fondo de inversión sobre la actitud de la Justicia.
El nuevo dueño del ex Indalo no ahorra munición al despacharse contra el Gobierno nacional, al que acusa de tener importantes deudas impagas con el Grupo. "No paga la deuda comercial a las empresas, lo que afecta los trabajos que deben ejecutar, y luego las sanciona por supuestos incumplimientos que el mismo Estado genera".
Y se preguntan: "¿El Gobierno a qué empresa le entregará ahora estos contratos y concesiones que pretenden quitarnos?", a la vez que señala que hay un "interés de ahogar financieramente" a sus empresas.
Asimismo, OP Investment denuncia que el director de la AFIP no acepta sus propuestas de pago. "Debe ser el único caso en el mundo en el que la autoridad recaudadora prefiere quebrar al deudor antes que cobrarle la deuda", reclaman.
"Nuestra posición fue clara desde un principio y se la hicimos saber al Gobierno Nacional y a la Justicia: nuestro compromiso de salvar y relanzar las empresas del ex Grupo Indalo a fin de mantener las fuentes de trabajo y pagar las deudas comerciales y fiscales que el anterior propietario dejó sin pagar", explican quienes ahora tienen control sobre las empresas que fueron de Cristóbal López.
Los argumentos del juez
El juez en lo comercial Hugo Vitale rechazó este lunes el concurso de acreedores de Oil Combustibles, la firma que adeuda $8.000 millones a la AFIP por impuestos a los combustibles.
Fuentes judiciales informaron que el magistrado no habilitó la apertura del concurso preventivo solicitado por los abogados de Oil, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarase nulo el primer concurso que López había radicado en Chubut.
"Sin desconocer la vasta cantidad de intereses sobre los cuales incide un proceso universal como el de la especie, -más allá de las posiciones expresamente plasmadas en presentaciones efectuadas tanto por la concursada como así también por parte del Comité de Acreedores, las cuales no formaron parte del análisis antes efectuado por inconducente- su tramitación no puede amparar maniobras en fraude a la ley como la que entiendo se introdujo en el presente", señaló Vitale en su fallo.
La firma adeuda unos $8.000 millones por el no pago del Impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC), hecho por el cual además el juez federal Julián Ercolini dispuso una inhibición general de bienes que ratificó días atrás.
Paralelamente, el juez comercial Vitale consideró que tras la apertura concursal la deudora "continuó llevando a cabo conductas rayanas con un proceder abusivo, y violatorias del principio de moralidad".
Así, la empresa solicitó la apertura al concurso de acreedores al argumentar que no podía hacer frente a los pagos. Pero Vitale rechazó la apertura del concurso de acreedores al señalar que existió "falta de seriedad" por parte de la empresa que –remarcó el magistrado- aún después de presentar la documentación ante la Justicia buscó que se aprobar los pasivos y activos de la firma que estaban bajo análisis.
"Aún con posterioridad a la apertura concursal, la deudora continúo llevando a cabo conductas rayadas con un proceder abusivo, y violatorias del principio de moralidad antes referido", según el juez.
"Sin desconocer la vasta cantidad de intereses sobre los cuales incide un proceso universal como el de la especie, su tramitación no puede amparar maniobras en fraude a la ley como la que entiendo se introdujo en el presente", sostuvo el juez.
Consideró un "accionar procesal abusivo" de Oil Combustibles y advirtió que tópicos como "lealtad, probidad y buena fe" no "han sido alcanzados" por la empresa.