Se cierra la posibilidad de una quita de deuda y la Justicia ya habla de una eventual quiebra de Oil

Las opciones para la continuidad operativa de Oil Combustibles S.A (OCSA) se van limitando cada vez más y todo indica que la petrolera de Cristóbal López podrí­a terminar en quiebra. Por lo menos así­ surge a modo de conclusión de una reunión entre los interventores judiciales designados el la empresa y enviados de la AFIP que se llevó a cabo este lunes al mediodí­a y en la cual se analizaron escenarios sobre el futuro de la empresa insignia del Grupo Indalo.

Un encuentro que se da dos dí­as después de la salida de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre del directorio tanto de Oil como del resto de las empresas de Indalo, que los dueños del fondo OP Investments, habí­an rebautizado como Grupo Ceibo. De hecho, en el caso de Rosner está a punto de viajar al exterior por vacaciones, pero antes de hacerlo volvió a reiterar sus deseos de "éxito" a los interventores "por el bien" de la petrolera y de sus 400 empleados. A la vez espera que la AFIP le conceda lo que no le concedieron a él al haberle bloqueado todos sus planes de rescate. Es decir, un plan de pagos con quita y amplias cuotas.

Pero antes de viajar, Rosner también instruyó a sus abogados que inicien el plan de salida de Indalo analizando diversas alternativas para lograrlo.*Una posibilidad es la de poner a disposición judicial la posición contractual de OP respecto de OCSA. *Otra es terminar el contrato de compra por las acciones de la petrolera. *La tercera prestar el consentimiento para renunciar al "perí­odo de exclusividad" de modo de posibilitar la apertura del salvataje legal ("cramdown") en favor de un candidato que asegure la continuidad de la empresa, el pedido urgente de venta de activos para cancelar deuda y generar capital de trabajo y otras alternativas viables para la continuidad de la empresa y la preservación de los puestos de trabajo.

Sin embargo, en la audiencia llevada a cabo esta jornada para evaluar el futuro de Oil no se tomaron en cuenta los deseos de Rosner. Se trató de un encuentro del que participó también el titular del Juzgado Comercial 5, Javier Cosentino quien lleva a cabo la causa 19981/2016 " Oil Combustibles s/Concurso Preventivo" e integrantes de la Sindicatura. En el caso de la AFIP estuvo representada por Gustavo Montilla, Eliseo Devoto y Ariel Darsaut, miembros de la Dirección General de Asuntos Jurí­dicos del ente fiscal. En tanto que por los interventores, lo hicieron Carlos Bianchi y Francisco Carrega, ya que Lenconva Besheva Luiba estuvo ausente.

La reunión fue precisamente convocada por los interventores judiciales con el fin de evaluar la posibilidad de la continuación de la actividad de Oil en orden al principio de conservación de la empresa.  Según el escrito redactado al final de la reunión, se hizo una descripción de la situación de la petrolera y se recordaron las acciones que llevó adelante la AFIP con el objetivo de poder cobrar una millonaria deuda que ronda los $17.000 millones.

En este sentido, se describieron las diversas medidas de ejecución del crédito post concursal que adoptó el ente que hasta principios de marzo dirige Alberto Abad y que, según los interventores "han ocasionado que a la concursada le resulte prácticamente imposible mantenerse en funcionamiento". Los funcionarios judiciales calificaron como "crí­tica" la situación de Oil. "No se pagan salarios y la refinerí­a de Santa Fe se halla paralizada entre otras circunstancias de gravedad", sostienen en el escrito en el cual advierten que el objetivo para el cual fueron designados es el de "abocarse a lograr los medios que permitan normalizar la situación y continuar con el giro de la empresa". 

Esperando por la opinión de AFIPSin embargo, advierten que para lograr ese objetivo les resulta "imprescindible conocer concretamente cuál será la postura de la AFIP, considerando la conducta que ha venido desarrollando hasta ahora a los fines del cobro de su crédito". Para los interventores, la opinión del ente se vincula con el escenario en el cual consideran está sumida la petrolera que hoy tiene su planta de refinación de la localidad santafesina de San Lorenzo paralizada, la red de estaciones de servicio totalmente desabastecida al punto que 100 de los 200 locales ya se cambiaron de bandera, entre otros graves problemas.

En este marco, recordaron haber solicitado pedido a los accionistas precisiones sobre la posibilidad de realizar aportes de capital o de terceros, "lo que fue negativo y solo mencionaron la posibilidad de una venta de activos no estratégicos pero de manera atemporal en relación a la empresa petrolera". Por ese motivo, solicitaron la reunión con la AFIP, a la cual consideran como el principal acreedor pre concursal y post concursal de Oil y aclaran que la empresa "dí­a a dí­a se va deteriorando", que la deuda post concursal asciende a  $500 millones, lo cual sumado al reclamo de AFIP totalizarí­a alrededor de $2000 millones. Para los interventores "no hay manera de que la empresa pueda afrontar la deuda con el resto de los gastos y demás deudas comerciales". 

En este sentido, Cárrega agrega que los gastos fijos alcanzarí­an los $55 millones mensuales mientras que los bienes lí­quidos totalizarí­an aproximadamente $90 millones cheques (que con anterioridad a asumir como interventores eran descontados en financieras), además de existir un stock de $300 millones en fuel oil y gasoil que requieren de un proceso previo para poder ser vendido. El interventor aclara también que la deuda pre concursal supera los $10.000 millones y sostiene que de los encuentros mantenidos con otras petroleras se puede sostener que el valor de venta que podrí­an alcanzar los activos de la empresa rondarí­a entre los u$s100 millones y los u$s120 millones. 

Por otro lado, señala que existen créditos con sociedades del Grupo Indalo que también están en concurso y de las cuales, gran parte evidencian déficits solventados por OCSA. Para Cárrega la intención de los interventores al solicitar la audiencia con la AFIP no es la de pedir una quita o Reestructuración de la deuda, sino conocer dentro del marco legal las formas de pago que se puedan llevar a la práctica.

En este marco, admite que la deuda post concursal no tiene plan de pagos aunque estima que la preconcursal se podrí­a cancelar en 12 cuotas. En otro párrafo, el interventor destaca que si se concretaran acuerdos comerciales para volver a poner en marcha la refinerí­a o cubrir la red de abastecimiento de combustibles, el margen de ganancia que quedarí­a serí­a muy menor en relación con la deuda existente "por lo que mal se podrí­a pagar la deuda con esta ví­a". 

En lí­neas generales, en su escrito los interventores advierten que Oil no puede pagar el pasivo post concursal y "ni siquiera se conoce que hubiera comenzado a hablar sobre la deuda pre concursal teniendo en cuenta que el perí­odo de exclusividad vence en agosto".  Por lo tanto, agregan que el único escenario donde los acreedores dejarí­an de perjudicarse a sí­ mismos, serí­a una eventual quiebra. "Máxime teniendo en cuenta que nadie inyecta fondos a la terminal portuaria ni a los tanques de almacenaje". 

Tras esta cruda descripción de la realidad de Oil, uno de los representanes de la AFIP aclara que después de la presentación en concurso preventivo, la petrolera continuó prestando dinero a las empresas vinculadas y no se adviertieron medidas tendientes al recupero de lo prestado teniendo en cuenta que tales montos podrí­an permitir el pago de la deuda post concursal.  Explica que, al requerir facilidades de pago el denominado Grupo Indalo "siempre poní­a como garantí­a todo el holding" y relata que en marzo del 2016, la AFIP tomó conocimiento de la intención del grupo de separar a OCSA y sus deudas, del resto de las empresas de Indalo, "las que capitalizadas se mantendrí­an al margen de aquéllas deudas". 

El funcionario del ente fiscal que en unas semanas comenzará a ser dirigido por Leandro Cuccioli destaca que, como consecuencia de esa intención, se efectuaron varias denuncias. Una de las cuales hace referencia a las fortunas y bienes personales con los que contarí­an Cristóbal López y su socio Fabián de Souza tanto en el paí­s como en el exterior y que les permitirí­an solventar la deuda post-concursal. "Sin embargo, no se advierte que su postura tienda a ello, más bien lo contrario de acuerdo a la postura públicamente asumida por López", agregan desde la AFIP.

En relación con los planes de pago, se aclara que la Resolución General nº 3827/2016 no permite que el impuesto a los combustibles pueda quedar incluí­do en un proceso de facilidades "toda vez que se trata de un impuesto monofásico y no requiere financiamiento por ser una caja recaudadora". Agrega el vocero de la AFIP que el artí­culo 32 de la ley de procedimiento tributario faculta a votar en un concordato y permite dar planes especiales de pago aun a tí­tulo particular cuando el contribuyente acreditara no poder pagar.

Sin embargo, destaca que esa posibilidad no es viable "toda vez que el doctor Abad adoptó una decisión general en enero de 2016, instruyendo a las Direcciones Generales que no deberán dar curso para requerir el ejercicio de la facultad que le concede el artí­culo 32".  En este marco, señala que dos de esos planes habí­an sido otorgados a OCSA y que fueron los iniciadores de las denuncias penales que llevaron a la cárcel a López y De Sousa en el marco de la causa por la cual se investiga el destino de los $8000 millones del impuesto a los combustibles que Oil no giró a la AFIP entre el 2012 y el 2015. 

Según la visión del representante de la AFIP en esta audiencia con los interventores de la petrolera, la deuda post concursal ascenderí­a a $1.000 millones, monto similar al que Oil prestó a sus "empresas amigas". A su vez, aclara saber que el pedido de quiebra no es un reclamo particular, sino en favor de los acreedores, pero se exclusa de evaluar si existen los requisitos para que se adopte esa decisión. 

Adicionalmente, recuerda que Oil hizo reserva, en octubre del 2016, de un pedido para incluir su deuda en el plan de facilidad de pagos por la ley 27260. Sin embargo, advierte que "tal posibilidad no puede realizarse sin más, sino mediante el cumplimiento de ciertos requisitos". Aclara además que el art.113 de la ley de procedimiento tributario inhibe a la AFIP de otorgar planes de pagos con quitas. Y destaca que para efectuar una reducción de la deuda se requerirí­a de una ley del Congreso. Además, destaca que la ley 27.260 requiere dos requisitos conjuntos como son que el trámite del concurso preventivo se mantenga vivo (que no esté en situación de quiebra); y que no exista un procesamiento por un delito común conexo con tributación como es la administración fraudulenta. 

Es que, de prosperar la calificación otorgada por la mayorí­a de la Cámara Federal a Cristóbal López y Fabián De Souza para investigarlos por delito tributario en lugar de administración fraudulenta, les permitirí­a entrar en la moratoria, "siempre que el concurso se mantuviera vivo y se llegase al acuerdo".

De todos modos, los enviados de la AFIP evaluaron como posible el otorgamiento de un plan de pagos tanto para concursos como para quiebras que para los procesados contempla cancelar la deuda en 12 cuotas mensuales. También que serí­a posible abrir una cuenta especial que sea manejada por los interventores para abonar los salarios del personal de Oil y así­ evitar las trabas en los embargos.

En este marco, el juez Cosentino intentó saber la postura de la AFIP a futuro sobre esta posibilidad. La respuesta del enviado de la AFIP fue positiva al tener en cuenta el carácter alimentario de los salarios y el peligro de daño ambiental. De todos modos, solicitó que el remanente de esta eventual cuenta sea embargable y que la cuenta fuera directamente controlada por los interventores.  Para Cárrega, dicha cuenta deberí­a incluir, además de los salarios, ciertos gastos corrientes y básicos para mantener garantizados los activos y su conservación.