Luego de que uno de sus principales ejecutivos quedara implicado en la causa de los "cuadernos" que investiga el juez Claudio Bonadio por el pago de coimas a ex funcionarios kirchneristas, la empresa Albanesi acaba de tomar la decisión de crear un comité de ética.

Una decisión que, a la luz de los acontecimientos y de las consecuencias que la causa ha traído al mundo empresario, parece al menos poco creíble. De hecho, su máximo ejecutivo y socio fundador, Armando Loson, fue uno de los primeros imputados en el escándalo de las anotaciones de Oscar Centeno.

Pasó una semana detenido desde el primero de agosto, cuando la causa salió a la luz generando un importante efecto cascada en el mundo corporativo y político, con detenidos e imputados que se fueron sumando a medida que pasaron los días.

Loson comandó desde 1976 su holding, que fue fundado por su abuelo en 1929. Inicialmente se dedicó a la comercialización de energía, pero desde el 2004 comenzó a comprar y construir centrales de generación eléctrica. Es, además, dueño de un emprendimiento vitivinícola en la provincia de La Pampa, donde controla la bodega 25 de Mayo.

También es propietario de varias centrales térmicas en el interior y de la empresa energética Solaban. De hecho, durante el año pasado cerró varias operaciones con el gobierno de Mauricio Macri vinculadas a licitaciones para ampliar la capacidad de generación y de ciclos combinados en varias provincias. Todas, obras que suman contratos por u$s500 millones.

En este marco, Loson tomó la decisión de colaborar con el juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Así, el 8 de agosto pasado se convirtió en el sexto arrepentido que tiene la causa.

En los cuadernos, el ex chofer de Roberto Baratta lo nombra en varias ocasiones, al punto que el propio Loson en su declaración admitió haber hecho aportes ilegales para la campaña electoral del Frente Para la Victoria (FpV) en 2013. El empresario dijo que fue presionado por Baratta, entonces mano derecha del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Tras haber homologado su participación como "imputado colaborador", Loson recuperó la libertad pero no su cargo como presidente de Albanesi. Fue reemplazado por su hijo, que lleva su mismo nombre, tras una decisión del directorio de la compañía que buscó de esa forma despegarse de la cuestión judicial. El objetivo, evitar problemas financieros y económicos futuros derivados de los efectos colaterales que pueda sufrir su imagen corporativa.

Ahora, la empresa parece querer dar otro paso más para limpiar su “curriculum” y tomar aún mayor distancia de la investigación que tiene a uno de sus ex propietarios como imputado.

También por decisión de su directorio, creó y aprobó lo que dio en llamar como Programa de Integridad.  Según consta en el acta de directorio a la que tuvo acceso iProfesional, lo hizo en el marco del desarrollo de sus políticas anticorrupción “y el robustecimiento de las medidas de prevención”.

El objetivo, siempre según la empresa, es el de “contribuir a la cultura organizacional y el cumplimiento del objeto social de la sociedad”. De acuerdo a la medida, con este nuevo estilo de transparencia se le dará “especial tratamiento a las siguientes políticas como son las de su código de conducta, política anticorrupción, política de presentación en licitaciones y plan de capacitación”.

Si bien no hace directa referencia a la investigación que destapó el pago de coimas y sobornos por parte de empresarios a ex funcionarios kirchneristas, está más que claro que el directorio de Albanesi tuvo en cuenta la causa a la hora de aplicar estos cambios.

En la empresa exlicaron a iProfesional que las normas se dictaron en base a la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria que entró en vigencia en marzo pasado y que recomienda la implementación de Programas de Integridad (definidos por ley como el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos).

Agregaron que en ese marco, el Grupo Albanesi comenzó a trabajar con PwC en febrero en el desarrollo de su propio programa, que incluye un Código de Conducta; política anticorrupción; política para Concursos y Procesos Licitatorios y Contratación Pública en general; y política para el Relacionamiento con Funcionarios Públicos.

Además, aseguran estar trabajando en la política de Due Diligence de terceros y explican que el grupo habilitó una línea telefónica (Línea Ética) para que cualquier stakeholder pueda hacer denuncias, en caso de considerarlo oportuno.

"Para la empresa es fundamental que todos aquellos que interactúan con Albanesi, cualquiera sea su rol, estén familiarizados con el Código de Ética y Conducta. A través del mismo podrán orientarse sobre cuál debe ser el modo de actuar ante las situaciones de incertidumbre que pueden surgir en el devenir de los negocios y garantizar el comportamiento ético y el respeto en el ámbito laboral", señalaron las fuentes consultadas por iProfesional.

Aclararon que dicho Código de Ética y Conducta será revisado periódicamente "con el fin de asegurar que tiene en cuenta, en todo momento, los cambios legislativos que puedan producirse, así como las mejores prácticas en el mercado. Su respeto es esencial para preservar la reputación, situación financiera y activos de la compañía".

Es más, en el acta de Directorio se agrega que sus integrantes van a continuar “la labor para el desarrollo de cualquier otra política que pueda resultar necesaria para la complementación de las mencionadas y la continua evolución y mejora del Programa de Integridad”.

También se creó un Comité de Ética que será liderado por Fabiana López León, Gustavo Racedo y Jorge H. Schneider.  Este nuevo cuerpo colegiado será el encargado de efectuar el control de cumplimiento de las políticas anticorrupción y de transparencia, como también investigar futuras denuncias que pudieran recibirse por actos ilegales.

De manera adicional, el nuevo Comité de Ética de Albanesi tendrá a su cargo “el análisis y aprobación de cualquier modificación a cualquiera de los instrumentos y políticas que conforman el Programa de Integridad”.

Con este programa “de limpieza” Albanesi busca evitar un castigo mayor tanto de la justicia como de los mercados, que ya la obligaron a suspender una emisión de Obligaciones Negociables (ON) por casi u$s400 millones con las cuales pretendía mantener sus futuras inversiones y su capital de trabajo.

De hecho, su plan de desembolsos hasta el 2020 tiene como base las adjudicaciones que logró en el marco de la licitación pública realizada en octubre del 2017 para energías renovables.

Sus proyectos involucran expansiones de capacidad en la Central Térmica Modesto Maranzana (Río Cuarto) y la Central Térmica Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.