De seguir los pasos reglamentarios establecidos por las normas que regulan el sector, la semana próxima el Gobierno debería informar un nuevo aumento en las facturas del gas.

Se trata de un incremento que las autoridades no quieren que supere el 30% sobre lo que hasta ahora vienen pagando los millones de clientes de las empresas distribuidoras, como el caso de Metrogas en Capital Federal y en varios distritos de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, en las empresas todavía no tienen claro si el incremento comenzará a regir desde el lunes próximo cuando arranque octubre. Tampoco reconocen que el porcentaje sugerido desde la Secretaría de Industria de la Nación será el finalmente aplicado a las próximas facturas.

De hecho, durante las audiencias públicas llevadas a cabo a principios de septiembre para, precisamente, analizar los nuevos aumentos, las distribuidoras advirtieron sobre la necesidad de aplicar mayores retoques a los precios.

Argumentan que ese 30% sugerido no les permitirá compensar las diferencias surgidas de un acuerdo firmado con los productores de gas natural y que se encuentra dolarizado.

Es más, cada compañía presentó su propuesta de ajuste que, en todos los casos, fue superior al porcentaje propuesto por las autoridades teniendo en cuenta ese conflicto abierto con los productores tras la devaluación del peso frente al dólar.

Ocurre que el convenio firmado el 29 de noviembre del año pasado para asegurar el abastecimiento a las distribuidoras de gas por redes estableció como unidad de pago a la moneda norteamericana. Y fijó los lineamientos para que tanto Metrogas como el resto de las firmas contraten volúmenes para abastecer la demanda en el período comprendido entre el 1° de enero pasado y el 31 de diciembre de 2019.

El convenio se estableció en moneda estadounidense con un valor vinculado a la categoría de cliente, por período y expresado en "u$s/MMBTU". También dispuso que las facturas fueran emitidas en dólares y abonadas en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación del cierre del día anterior a la fecha de pago.

Además, le permite a las distribuidoras trasladar el costo de adquisición a las tarifas que pagan sus clientes. Es decir, pueden cargar a la factura tanto el precio que pagan por el gas a largo plazo como el asociado a las compras de corto plazo acordados para satisfacer la demanda.

Pero la devaluación de abril y la fuerte disparada del dólar de agosto, cuando saltó de $35 a $40 rápidamente, provocó un fuerte encarecimiento de ese contrato, lo que disparó un conflicto entre las distribuidoras y los productores.

Pulseada con los productores

En el caso de Metrogas, abonó las compras concretadas entre enero y marzo respetando el tipo de cambio establecido en los contratos. Pero en abril tomó una cotización más baja en comparación con la de ese mes.

Esta maniobra generó una deuda que en el caso de Metrogas ya alcanza los $4.000 millones, teniendo en cuenta las diferencias diarias acumuladas a partir de abril (cuando arrancó la etapa más fuerte de la devaluación) a la fecha.

Es que a partir de ese mes, Metrogas efectuó el pago a los productores a $20,345, utilizando un criterio que, según la propia compañía, le permite sostener la cadena de pagos, mantener su actividad y garantizar la continuidad del servicio.

Como era de prever, los productores rechazaron esta decisión y reclamaron la diferencia, que hasta ahora no fue cancelada por la empresa.

En mayo, la distribuidora controlada por YPF no modificó su postura, si bien le ofreció a los productores adecuar los contratos en pos de preservar la relación comercial, minimizar las consecuencias económicas que consideró desventajosas para ambas partes y asegurar el mínimo costo para los consumidores compatibles con la seguridad del abastecimiento.

También le informó al Enargas sobre el conflicto, pero como no logró cerrar un nuevo acuerdo con los productores reclamó que se aplique el Articulo N° 37 del Decreto N° 1.738/92, reglamentario de la Ley N° 24.076, que estipula en su inciso 5 que las variaciones del precio de compra serán trasladados a la tarifa final del usuario.

La empresa asegura que cuando el costo del gas adquirido por las distribuidoras y el valor de dicho insumo contenido en las tarifas supere el 20%, dichas distribuidoras podrán presentar nuevos cuadros tarifarios para su aprobación.

Siguiendo este argumento, Metrogas le pidió al Enargas establecer aumentos que reconozcan la incidencia de los mayores costos y así poder reconstituir el capital de trabajo, el resultado del período y el patrimonio neto que que dice haber perdido en este semestre.

También registró la deuda con los productores en el rubro "cuentas por pagar" de su último balance semestral, en el que informó pérdidas por $2.200 millones. Aclaró que la cancelación de esta deuda "estará sujeta a la autorización del traslado a la tarifa de acuerdo con lo establecido en el Marco Regulatorio".

En la audiencia pública de principios de septiembre presentó un pedido de incremento diferenciado entre varios ítems. En el caso del costo de distribución, solicitó aumentar un 28,8% a sus 2,5 millones de clientes.

Ese cargo surge de estimar para agosto una alza del 3,5% del índice de precios internos al por mayor (IPIM) con el que se rige el acuerdo de renegociación tarifaria firmado por el Gobierno y las empresas del sector.

Además, reclamó adicionar a la factura la suba vinculada con las mayores erogaciones en el pago a  transportistas y productores. Su pedido lleva incluido un retoque de este componente en la factura de hasta el 100% para los usuarios del servicio completo.  

Es decir, en los lugares donde se brindan los servicios de gas, transporte y distribución. Por lo tanto, el precio del metro cúbico debería pasar de los actuales $0,76 a los $2,17 para los usuarios residenciales.

En tanto, para los clientes que compran en forma directa a un productor o comercializador, el valor del transporte propuesto por Metrogas por cada cuenca y sistema es variable entre los $0,53 y los $0,70 por cada metro cúbico.

Hasta ahora, la discusión por estas diferencias se mantiene abierta a pesar de que, según todos los argumentos normativos, la tarifa que llega a los hogares debe aumentar desde el mes próximo.

En la Secretaría de Energía admitieron a iProfesional que la decisión está tomada para que esto ocurra tal como estaba previsto. Pero no aclararon cuál será el porcentaje de suba que se aplicará.

En tanto, en las empresas aseguraron no saber aún si el sendero establecido para los incrementos finalmente se respetará, teniendo en cuenta que la discusión con los productores por el precio del gas y la deuda acumulada todavía se mantiene latente.