Paolo Rocca se acaba de convertir en el procesado Nº 48, entre ex funcionarios y empresarios involucrados en la causa de los cuadernos que investigan Claudio Bonadío y Carlos Stornelli.

En base a los pedidos del fiscal, el magistrado tomó la decisión de implicar de manera directa, aunque sin prisión preventiva, al máximo ejecutivo de uno de los mayores grupos empresarios de la Argentina y el hombre más rico de la Argentina, con una fortuna cercana a los u$s4.700 millones, según el informe anual de la revista norteamericana Forbes.

Para Bonadio, Rocca fue parte del grupo de hombres de negocios que pagaron coimas a ex miembros del gobierno kirchnerista para favorecerse en licitaciones o negocios vinculados a licitaciones de obras públicas llevadas a cabo durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

En el caso de Rocca y Techint, el juez tiene certezas de que entregaron dinero ilegal para poder resolver la expropiación de una de sus empresas por parte del gobierno venezolano en el 2008. Ese año, el presidente Hugo Chávez decidió nacionalizar Sidor de manera intempestiva y violenta.

Para evitar mayores riesgos a su holding y a sus empleados en Venezuela, ejecutivos del grupo empresario pagaron coimas a Claudio Uberti, un ex funcionario K que también formó parte de Planificación Federal y comandó la llamada aduana paralela en Venezuela.

De hecho, el propio Uberti declaró en octubre pasado ante Bonadío admitiendo haber recibido bolsos con u$s100.000 por lo menos en cuatro oportunidades, pero a partir del 2006.

Es decir, dos años antes de lo declarado en la causa tanto por Luis Betnaza, director de Tecnint y también procesado en la causa, como por el propio Rocca durante la indagatoria a la que fue sometido el 17 de octubre pasado.

Pero más allá de los dichos de Uberti, el juez cree que el dinero que figura en los cuadernos de Oscar Centeno, les fue pedido por este ex funcionario para mediar en el proceso de expropiación de Sidor y entiende como probada esta maniobra ilegal descripta en una serie de cuadernos escritos por el ex chofer de Roberto Baratta, número dos del ex Ministerio de Planificación Federal durante la gestión de Julio De Vido.

¿Un paso al costado?

A partir de este escenario, en el mundo corporativo están atentos a los próximos pasos de Rocca. En especial en lo qur respecta a su futuro como CEO del Grupo Techint.

Más que nada, teniendo en cuenta que otros importantes empresarios entre los que figuran Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Armando Losón, Manuel Santos Uliberarrea, también procesados en la misma causa y que optaron por renunciar a sus puestos para evitar mayores daños a las finanzas y acciones de sus respectivas empresas.

Desde Techint, optaron por no hacer comentarios ante las consultas de iProfesional sobre cuál será la estrategia judicial que usará Rocca para intentar despegarse de la causa y, de este modo, preservar sus funciones al frente de uno de los mayores productores de acero del mundo.

Ocurre que a partir de haber sido imputados y luego procesados por Bonadio, otros altos ejecutivos locales prefirieron apartarse de sus tareas. El caso más paradigmático es el de Aldo Roggio, quien también figura entre las principales 40 fortunas de la Argentina y que en agosto pasado dejó su rol como presidente de Benito Roggio tras haber declarado como arrepentido en la causa.

Lo hizo para permitir que su conglomerado de origen cordobés pueda mantenerse operativo financieramente, pues de lo contrario podría ser alcanzado por normativas que frenen sus procesos internos y bancarios, como el "compliance".

Lo mismo hizo Uribelarrea, quien dejó la presidencia de MSU el 4 de octubre pasado. Las razones de la decisión tienen que ver también con la necesidad de preservar los negocios de la empresa de los cargos que se le imputan y con el objetivo de evitar que la investigación afecte el normal desenvolvimiento de la sociedad.

Ambas determinaciones incluso tienen directa vinculación con normas que el Gobierno redactó para despegar a las empresas involucradas en el pago de coimas y sobornos a funcionarios kirchneristas de los empresarios imputados y procesados por Stornelli y Bonadío.

Están incluidas en una resolución oficial publicada también en octubre pasado y, en líneas generales, permite a las compañías involucradas no perder contratos vigentes de obra pública y seguir formando parte del listado de proveedores del Estado. Pero como condición, deben separar a los ejecutivos imputados en el caso de los cuadernos, a los condenados y a los que se acogieron a la figura del arrepentido o imputado colaborador.

También están obligadas a cumplir con programas de "integridad", con códigos de buena conducta y medios de denuncia internos para mostrar una fuerte señal de transparencia.

Del mismo modo que Roggio y Uribelarrea actuó Gerardo Ferreyra, uno de los principales accionistas de Electroingenería. Tras haber sido enviado a prisión, decidió correrse de sus puestos en el grupo cordobés. Lo mismo hizo Armando Loson, propietario del grupo Albanesi.

En el caso de Techint, fuentes judiciales conocedoras de la causa de los cuadernos advierten que, de mantenerse Rocca en sus cargos, el holding puede ser castigado por el comportamiento de los inversores y accionistas, teniendo en cuenta que cotiza en Nueva York y Milán.

De hecho, durante esta jornada los títulos del grupo en el NYSE abrieron con una cotización en alza hasta que se conoció la noticia del procesamiento de Rocca, cuando se desplomaron un 9% pasando de u$s26,61 a u$s24,57 en pocas horas.

Aseguran además que los organismos reguladores de ambos mercados bursátiles podrían profundizar los sumarios que ya abrieron para investigar el comportamiento de Techint bajo el amparo de normas de ética y compliance que deben cumplir las empresas cotizantes para poder continuar participando de esos mercados.

Es que no solamente la causa de los cuadernos se cierne como una “espada de Damocles” sobre la cabeza de Rocca si se tiene en cuenta que su grupo aparece involucrado en el Lava Jato, el mayor caso de corrupción descubierto en Brasil.

Los lazos de Techint con esta causa tienen que ver con los contratos firmados con Odebrecht y el uso por parte del holding de Rocca de empresas offshore para administrar fondos supuestamente ilegales que fueron usados en el pago de coimas y sobornos en Brasil y otros países de la región.

De manera adicional, pero no menor, Rocca y Betnaza también deberán analizar su presencia en el mundo corporativo, en donde ya son muchos los hombres de negocios que empezaron a tomar distancia de quienes usaron su poder para sobornar y coimear durante los últimos 12 años.

Una condena “moral” que inciaron los empresarios socios de IDEA, desde donde se aclara que no todos los empresarios son iguales y se reclama a la justicia actuar hasta las últimas consecuencias a la hora de investigar estos delitos.