Marcas falsas: un negocio de $16.000 millones en la Argentina

Esa cifra, que aún hoy sorprende, y podrí­a representar la facturación anual de una multinacional poderosa, creció de manera exponencial en las dos últimas décadas. En 1993 la falsificación de marcas ascendió a los u$s200.000 millones, se elevó en el 2003 a los u$s500.000 M y hoy ronda los u$s800.000 millones.

En la Argentina, esta problemática genera un negocio ilegal de unos $16.000 M por año, aunque esa cifra trepa hasta los $30.000 M por estar involucrada con delitos conexos, como el contrabando.

El tema cobra relevancia debido a que la propiedad intelectual que, a grandes rasgos, abarca tres aspectos: la propiedad de las patentes, los derechos de autor y los derechos de marca.

Respecto de los dos primeros, la Argentina muestra una legislación más aggiornada, a tono con la vigente en el mundo. "La ley 22.362 es la misma desde 1980. Nunca fue revisada y está fuera de contexto. No responde a las legislaciones sobre falsificación marcaria que existen en el mundo", señaló, Roberto Porcel, especialista del estudio Porcel & Cabo.

Para el especialista, "hay un desprecio total de los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre este tema. Los dueños de marcas no son respetados", aunque también apuntó que "desde el sector privado también han hecho poco. Falta una definición de las propias marcas a nivel mundial sobre la conducta a seguir frente a este tema".

Un problema adicional que muestra la Argentina en este tema es que, con la modificación del Código Penal, no hay más pena para quien falsifica marcas, cosa que no sucede en otros ámbitos donde las sanciones están claramente definidas.

Respeto
Justamente, las patentes y los derechos de autor se encuentran en una mejor situación frente a la problemática de las denominaciones comerciales, donde además de un tema cultural entran en juego fuertes intereses económicos de grupos que quieren mantener este statu quo. "Creo que sí­ hay un respeto por la propiedad intelectual desde el punto de vista legislativo. Aunque algunos aspectos requieren modernizarse, como las medidas en frontera y lo referido a piraterí­a y falsificación marcaria", expresó Héctor Palacios, del estudio Palacios y Asociados.

Para el experto, si bien en lí­neas generales la legislación argentina está a la altura de la internacional, debieran definirse "medidas en la aduana para frenar la mercaderí­a en infracción".

Esta necesidad de tener una normativa más moderna se plasmó en un proyecto de ley del diputado Cristian Ritondo (PJ), que se encuentra en estado parlamentario.

Hay expectativa porque esta iniciativa sea tratada en el Congreso entre ésta y la próxima semana a fin de avanzar concretamente hacia una mejor ley de marcas.

Perspectiva
Cuanto más interesada está una industria en proteger los productos que crea más sesudamente sigue la problemática del sector. Por ello, mercados como el discográfico o el del software cuentan con mejor legislación en lo local.

Tres leyes para un sinnúmero de actores. Los derechos de propiedad intelectual en la Argentina están contemplados a través de tres leyes: la 11.723, de derechos de autor; la 24.481, de patentes, y la 22.362, de marcas. Para Roberto Porcel, la 11.723 fue motivo de grandes discusiones en su momento, situación que permitió incluir bajo ese paraguas la propiedad del software, de la música y del video.

"Son los tópicos que más se han difundido por el interés directo de los involucrados", especificó el especialista.
Esta participación de las industrias afectadas permitió establecer penas para aquellos que violan los principios de esa ley.

Contrabando: economí­a paralela
Aunque la venta ilegal es un delito de larga data en la Argentina, la devaluación dio un fuerte impulso a esta comercialización "por izquierda", y hoy el paí­s produce cada vez más mercaderí­a clandestina para consumo interno.

Los números reflejan la magnitud del negocio, que comparte la zaga del narcotráfico en lo que a ganancias se refiere. Según el último informe de la Cámara Argentina del Comercio (CAC), la recaudación por la venta de mercaderí­as falsificadas en el paí­s es de $9.540 millones al año, la subfacturación nacional representa una pérdida de $1.400 millones para el fisco y el monto total estimado en contrabando asciende a $5.750 millones.

En la ciudad de Buenos Aires ocurre algo similar. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) el negocio ilegal en las calles porteñas recauda $88 millones por mes y algo así­ como $1.046 millones por año.

© Infobae