Una de las medidas anunciadas por en el paquete del Gobierno para fomentar el consumo e intentar frenar la inflación podría tener destino judicial. Se trata de la adoptada por las autoridades para congelar los aumentos de los peajes por lo menos hasta fin de año La decisión abarca a los valores que se cobran en las autopistas nacionales que deberán mantenerse estables durante los próximos ocho meses.

Sin embargo, las empresas a cargo de las concesiones de esas rutas no habrían sido consultadas por las autoridades y ahora se encuentran estudiando el impacto que la medida tendrá en sus cuentas, y hasta podrían iniciar acciones legales con el objetivo de evitar cumplir con el congelamiento de esos valores.

Así se desprende de un documento enviado por Autopistas del Sol (Ausol) y por el Grupo Concesionario del Oeste (GCO) a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en el cual advierten que sus departamentos legales "analizarán los cursos de acción necesarios con el objeto de poner a resguardo sus derechos".

Tanto Ausol como GCO operan las principales autopistas nacionales como son los accesos Norte y Oeste, entre los que se encuentran la Panamericana y también la General Paz.

Ambas sociedades lograron a fines del año pasado renegociar sus contratos para mantener las concesiones hasta el 2030 a cambio de, entre otras medidas, poder incrementar los peajes en forma semestral y de acuerdo a la inflación calculada por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), la cual se actualiza con el í¬ndices de precios al consumidor nacional.

De hecho, en enero pasado, las tarifas de estas autopistas sufrieron el primer aumento del 33% en promedio tras publicarse ese mes una resolución conjunta del Ministerio de Transporte de la Nación y de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

A partir de ese momento, los autos particulares que ingresan desde el Oeste de la provincia de Buenos Aires en hora pico pagan de $50 a $65, mientras que los que lo hacen desde el Norte, dependiendo de los ramales, deben abonar $45 a $60 (Debenedetti Márquez); de $ 50 a $ 65 (Tigre) y de $ 55 a $ 75 (Pilar-Campana).

El nuevo esquema también modificó las bandas horarias en las franjas promoción y valle para las categorías 1, 2 y 3 de vehículos, reduciendo las horas en las que se cobre la tarifa de promoción. Además, contempla descuentos de hasta el 50% para los usuarios adheridos al sistema de TelePASE.

En las notas que tanto Ausol como GCO enviaron a la Bolsa de Comercio se aclara que ambas sociedades ya enviaron a Vialidad los cuadros tarifarios surgidos de la actualización de los valores previstos en el acuerdo integral de renegociación de sus contratos, "para posibilitar la entrada en vigencia de las nuevas tarifas de peajes".

Sin embargo, agregan que las autoridades informaron a sus ejecutivos sobre los anuncios económicos dispuestos en materia de tarifas de servicios, advirtiendo que no podrán aplicar los cuadros tarifarios referidos "mientras continúen en vigencia dichas medidas".

Por ese motivo, las dos empresas admiten que seguirán cobrando los precios que fueron establecidos el 5 de enero pasado, aunque fuentes del sector aseguran que el Gobierno deberá abrir un canal de diálogo para evitar la judicialización de la causa.

Tanto el capital social de Ausol como el de GCO son controlados mayoritariamente por el mismo grupo accionista Abertis que el año pasado negoció con el Gobierno la extensión de sus concesiones por otros 12 años en el marco de un nuevo contrato que establece que los aumentos serán cada seis meses, se deben basar en la inflación calculada por el CER y servirán para mantener la rentabilidad de las empresas que gerencian las autopistas y el nivel de servicio.

Cabe recordar que el CER es un í¬ndice de ajuste diario elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que refleja la evolución de la inflación, para lo cual se toma como base de cálculo la variación registrada en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. El CER fue creado luego de la "pesificación" de créditos y deudas en moneda extranjera y fue establecido después de la crisis del 2002.

Pero en el caso de las autopistas, las subas semestrales pueden adelantarse si el coeficiente del CER es superior al 10% desde la última actualización de los peajes. De ocurrir este hecho, no se espera al final del semestre para modificar el precio.

Sin embargo, a partir del paquete de medidas que también congela el precio de las facturas de luz y gas y el de 64 productos de consumo masivo, Abertis no podrá aplicar la actualización tarifaria por lo que resta del año más allá de que la inflación siga siendo alta, como ha evidenciado en lo que va del año, al acumular más de 11% en el primer trimestre y esperarse que en abril se ubique por encima del 4%.

De hecho, el congelamiento al que, de manera compulsiva, debieron acceder Ausol y GCO va en contra del espíritu del contrato de concesión que firmaron con el Gobierno y en el cual se explica que los incrementos semestrales automáticos buscaban ayudar a recomponer las ecuaciones financieras de ambas sociedades, afectadas por la pesificación de las tarifas impuestas desde el 2002. También por un decreto publicado en el 2012 que creó un Recurso de Afectación Especifica y que cobraba el Estado Nacional a cada tarifa de peaje para invertirlos en obras en las autopistas.

En el Gobierno llegaron a defender entonces el nuevo método de actualización de los peajes al entender que la pesificación de las tarifas y el cobro del RAE impidieron a Abertis obtener una rentabilidad esperada y pautada en los contratos firmados en las privatizaciones de los años 90.

Incluso, durante las audiencias públicas convocadas para debatir las subas de los peajes, el principal argumento del Gobierno para defender los retoques tuvo que ver con el alza en los costos de operación y mantenimiento de las autopistas.

En uno de esos encuentros, los enviados del Poder Ejecutivo señalaron que "la actualización permitirá garantizar el funcionamiento de las autopistas y continuar desarrollando el Plan Integral de Obras para la Red de Accesos a la ciudad de Buenos Aires, que contempla trabajos para mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial".

Sin embargo, apremiado por las circunstancias económicas y políticas actuales y desfavorables a la imagen del presidente Mauricio Macri de cara a las elecciones generales de octubre próximo, el Gobierno cambia las reglas de juego y aplica un cepo a los peajes, al estilo del que el kirchnerismo usó durante su gestión.

La decisión afecta a este grupo extranjero que, a cambio de mantenerse en las concesiones locales, aceptó levantar las demandas impuestas ante el CIADI precisamente por la pesificación de sus contratos por un monto cercano a los u$s3.000 millones en reclamo de incumplimientos contractuales y que el Estado iba a perder.

A cambio, Abertis logró una quita de deuda del 72,3% respecto a la demanda del CIADI y deberá ejecutar un Plan Integral de Obras de aproximadamente $16.343 millones a valores actuales.

En la presentación de su balance económico correspondiente al año pasado, el presidente de Ausol, Andrés Barberis Martins, hace referencia a los beneficios del acuerdo de renegociación que su empresa concretó con el mismo gobierno que ahora lo coloca en el freezer.

"Viene a poner fin a años de incertidumbres y dificultades que vivió esta sociedad y le permite dar inicio a una nueva etapa, muy desafiante, que se traducirá en nuevas inversiones, incorporación de tecnología y mejoras operativas destinadas a proveer un mejor servicio a todos los usuarios de la Autopista", asegura el ejecutivo.

También hace referencia a los planes de inversión que su empresa debe ejecutar este año y que, por el congelamiento de los peajes, podrán quedar suspendidos. Se trata de obras en las que se destacan la ejecución del tercer carril en el ramal Tigre y la pavimentación de banquina (Tramo II entre Av. Uruguay y el fin del ramal); un nuevo distribuidor en el Puente Magnolia en Pilar; y la repavimentación completa de la Av. General Paz (Tramo Acceso Oeste – Riachuelo) y del Ramal Campana (sentido descendente).

En el caso de los resultados, el documento señala que los ingresos de la concesión ascendieron a $3.680 millones, de los cuales $3.143 millones fueron por peaje; $ 414 millones por alquileres de áreas de servicios, y $124 millones por otros ingresos de explotación.

La ganancia (EBITDA), ascendió a $1.832 millones mientras que el patrimonio neto de la sociedad supera los $9.000 millones.