Fuentes de trabajo en riesgo, caída del valor de acciones, inversiones que pierden ante la inflación, trabas para participar en licitaciones de obra pública. Desde que estallaron escándalos como el "Lavajato" brasileño y Odebrecht, los cuadernos de la corrupción y otras investigaciones con procesamientos a decenas de empresarios argentinos, en Tribunales se repiten presentaciones con advertencias sobre posibles debacles.

Las inhibiciones generales de bienes y la condición de acusados de titulares de firmas son moneda corriente en los reclamos.

Uno de los casos que más se comenta en Comodoro Py 2002 en estos días es el de Aldo Benito Roggio: el empresario procesado en cuadernos y en la causa Odebrecht Aysa pidió autorización para donar como anticipo de herencia las acciones que posee en Roggio SA, CLISA SA y DOYA SA a favor de sus tres hijos Rodolfo, Lucía Inés y Martín Benito "con la finalidad de que las empresas puedan continuar participando en llamados a concursos o licitaciones de obra pública".

A través de sus abogados Jorge Valerga Aráoz y Jorge Valerga Aráoz (h) explicó que con la legislación actual y por su condición de procesado resulta "notoriamente complejo" acceder a contrataciones con organismos públicos.

El planteo fue rechazado por el juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la causa Odebrecht Aysa y es analizado ahora por la sala I de la Cámara Federal porteña que se apresta a resolver.

Entre los argumentos, Roggio aludió a la necesidad de mantener las fuentes de trabajo de la mejor manera posible, la continuidad empresarial y enumeró a quienes dependen de manera directa e indirecta de la actividad de sus empresas: desde operarios, técnicos, laboratoristas, químicos, serenos, ingenieros civiles hasta proveedores de equipos y subcontratistas de servicios en distintas provincias.

"La dificultad e incluso imposibilidad a la que se verá enfrentada BRH SA de participar en concursos o licitaciones de obra pública que es la actividad primordial que realiza la llevará a la situación extrema de impedirle ejercer el derecho fundamental a trabajar y asociarse para ejercer una industria lícita", advirtió.

En Tribunales hay dos argumentos que pegan fuerte: la necesidad ante la crisis actual de no poner en riesgo fuentes de trabajo y, más a futuro, preservar el valor de los bienes cautelados para que si eventualmente hay condena se decomisen con la menor depreciación posible.

"Si la empresa no puede obtener nuevos contratos, el valor de sus acciones bajará y por ende disminuirá la garantía con la que hoy cuenta el juzgado", argumentó al respecto Roggio.

Su caso no es el único. El ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, dueño de la constructora Esuco y al igual que Roggio arrepentido del caso cuadernos, Carlos Wagner, pidió permiso para invertir fondos propios depositados en diversas cuentas, en la compra de títulos AC-17.

"La imposibilidad de movilizar ese dinero genera una acumulación inútil en la cuenta corriente, pues su transformación en pesos provoca su pérdida de valor como consecuencia del permanente proceso inflacionario". La Cámara Federal lo autorizó.

Distinta suerte corre por ahora el presidente de la empresa MaKo SA, Ramón Castro, en la investigación por supuesto fraude en la construcción de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales del partido bonaerense de Presidente Perón. Según la investigación el Estado Nacional habría sufrido un perjuicio de unos treinta millones de pesos y se rechazó levantar la inhibición general de bienes ordenada sobre la firma y su persona.

Uno de los casos que más preocupó en Tribunales fue el del holding Maruba, vinculada a la investigación por la que está detenido el ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Omar "Caballo " Suárez.

El juez del caso, Rodolfo Canicoba Corral, ordenó el embargo de cuentas bancarias, incluído el bloqueo de aquellas que afrontan gastos corrientes y la inhibición de bienes para las empresas del grupo y personas físicas, entre ellas abogados y contadores.

El 7 de mayo pasado, la sala I de la Cámara Federal zanjó la cuestión en un fallo que firmaron los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

Ante el "peligro concreto en el cese de operaciones" de Maruba SA, con 800 empleados directos y "miles indirectos",  según se argumentó en la apelación, los camaristas ordenaron al juez "extremar los recaudos necesarios a fin de que la medida ordenada no afecte la libre disponibilidad de los fondos o bienes que excedan al valor del embargo, ello con el objetivo de respetar el principio de conservación de la empresa y garantizar el normal desenvolvimiento de la actividad comercial o profesional que lleva a cabo" cada uno de los imputados.