La Ley de Emergencia económica, aprobada en la madrugada de este sábado, habilita al Poder Ejecutivo a intervenir en los programas de crédito como las hipotecas UVA y los planes autoahorro, como también a gravar con tasas más altas a los vehículos al punto de hacerlos inaccesibles, advierten los concesionarios.

De hecho, la normativa deja abierta la puerta a que se congelen las cuotas de los planes de ahorro o que se les pongan topes a los aumentos. Las terminales automotrices estiman que esto podría llevar a la quiebra al sistema.

En el artículo 56 señala que el Banco Central "realizará una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias del sistema de préstamos UVA para la adquisición de viviendas y los sistemas de planes de ahorro previo para la adquisición de vehículos automotor sus consecuencias sociales y económicas y estudiará, mecanismo para mitigar sus efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartida entre el acreedor y deudor."

En los últimos años la Inspección General de Justicia, que está a cargo de supervisar los planes autoahorro, permitió tantos aumentos en estos planes como dispusieron las automotrices, al punto que se redujo abruptamente la cantidad de planes y se incrementaron los juicios de ahorristas organizados contra las automotrices, en muchos casos congelando las cuotas o retrotrayéndolas a valores de 2018.

Del año pasado a este, se redujo un 50% el alta de operaciones por la conjunción de la suba de precios, las altas tasas de interés y la imposibilidad de los salarios de acompañar los incrementos en las cuotas.

Con 30% de las transacciones realizadas en el mercado interno bajo esta modalidad, las terminales temen que un congelamiento similar al que vienen dictando los jueces frente a cautelares sea el golpe de gracia que termine de llevar a la quiebra este sistema de ahorro conjunto.

Por su parte, los concesionarios están preocupados por las cargas tributarias de la ley de Solidaridad terminen de cerrar todo un segmento del mercado. Con 4 de cada 10 autos alcanzados con por la nueva ley, se estima que los vehículos podrán ser gravados con tasas que vayan del 25% al 54% en función de su valor de venta al público.

Raúl Amil, presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), aseguró que los perjuicios que trae para la industria automotriz el aumento de los impuestos internos y del mínimo no imponible pueden tener el efecto adverso al buscado: "Los autos destinados para el mercado interno van a quedar a precios inaccesibles, por lo que no entendemos la medida y la vemos con preocupación".

En este sentido, los concesionarios no descartan que las terminales tomen medidas para compensar parcialmente las subas en los precios de los modelos de alta gama o que el Estado luego adopte nuevas medidas para alentar el consumo en este segmento. De lo contrario, el resultado sería más parálisis sectorial y menos recaudación, señala La Política Online.

El martes pasado cuando SMATA presentó el Plan Estratégico 2030 acordado con toda la cadena de valor, Alberto Fernández había destacado la importancia de los acuerdos sociales y económicos intrasectoriales y la voluntad de facilitar su implementación desde el Estado nacional.