La crisis de Vicentin se acaba de convertir en el mayor default de una empresa argentina de los últimos 18 años. Específicamente desde el 2 de abril del 2002, cuando Telecom Argentina se declaró en cesación de pagos, tras anunciar que no podía enfrentar obligaciones por u$s3.250 millones.

De todos modos, la "telco" tardó tres años en salir de este proceso. Lo hizo en septiembre del 2005, cuand emitió nuevos bonos de su deuda y canceló algunas de sus Obligaciones Negociables por adelantado a sus acreedores. Ese día abonó el equivalente a u$s1.340 millones en distintas monedas, y dejó pendientes otros u$s1.700 millones, incluyendo intereses.

La firma, que por entonces era controlada por Telecom Italia y el grupo local Werthein, logró así reducir su deuda entregando a los acreedores un bono con vencimiento en el 2014, por u$s880 millones, y otro título que que finalizaba en el 2011, por u$s999 millones, a cambio de la deuda incumplida.

En ese marco, el plan total de reestructuración que fue aprobado por los acreedores de Telecom incluyó tres opciones. La primera, bonos con una tasa de interés de entre el 5,53% y el 8% anual, con vencimiento en el 2014 y sin quita. La segunda, bonos con vencimiento en el 2011, con tasas crecientes y mayores a la opción primera pero con una quita del capital del 5%. La tercera, el pago en efectivo, con una quita del 20%.

Finalmente, el acuerdo preventivo extrajudicial (APE) obtuvo una adhesión del 95% y fue homologado ante la Justicia en el 2005. En ese momento, la operadora de telecomunicaciones adjudicó su crisis a la pesificación de las tarifas en medio de la devaluación y la profundización de la grave situación que atravesaba la Argentina.

De hecho, no se trató de una situación solitaria, ya que la crisis del país sumó una gran cantidad de empresas en default como Impsat, del grupo Pescarmona; Autopistas del Sol; Multicanal; CableVisión y MetroGas, entre otras.

Es más, un informe elaborado por la Fundación Capital en diciembre del 2002 daba cuenta de que como consecuencia de la devaluación del peso, cerca de 35 empresas ingresaron ese año en cesación de pagos por un monto de más de u$s1.600 millones.

Según esa entidad que preside Martín Redrado, de una muestra total de cerca de 90 empresas que fueron analizadas, 49 estuvieron involucradas en algún evento de default, como ser cesación de pagos de capital y/o intereses o incumpliendo alguna condición original de los títulos (por ejemplo la pesificación de los pagos).

Durante el primer semestre del 2002, y siempre según la Fundación Capital, los default alcanzaban al 24% de los vencimientos. En el segundo, con un monto de vencimientos muy similar, la proporción bajó al 10,9%. Y en todo el año no se pagó el 18,6% de los vencimientos producidos.

Antes de este escenario y de la cesación de pagos de Telecom, otra empresa había liderado el ranking del default corporativo. Se trató de Sociedad Comercial del Plata (SCP), que el 8 de septiembre del 2000 le solicitó a la justicia la apertura de su concurso preventivo de acreedores, con un pasivo de u$s1.200 millones.

En este caso, la ex empresa de Santiago Soldati tardó 17 años en recomponer su situación patrimonial. Fue recién el 12 de mayo del 2017 cuando logró dejar atrás la pesadilla financiera. Ese día, canceló su última deuda y el Juzgado Comercial 18 declaró cumplido el acuerdo preventivo que pesaba sobre la dueña del Parque de la Costa.

A partir de ese momento, inició un proceso de inversiones y nuevos planes que la llevaron a convertirse en lo que es hoy, una compañía con números positivos y un pool de activos que van desde el consumo masivo al negocio petrolero, pero con un mangement y accionistas diferentes comandados por Ignacio Noel, su actual CEO.

Casi de manera paralela al caso de SCP, otra gran empresa argentina cayó en default. Fue en el 2014, cuando IMPSA declaró la cesación de pagos y entró en concurso preventivo de acreedores para reestructurar un pasivo de u$s1.108 millones.

En monto, se trató del segundo mayor default corporativo después del de SCP. En el caso de la metalúrgica mendocina fundada por la familia Pescarmona, tardó cuatro años en recomponer su situación y sellar un acuerdo con sus acreedores para reducir la deuda a u$s450 millones y entregar el capital social a los principales acreedores que ahora buscan un comprador.

Y ahora, Vicentín

Ahora, Vicentin acaba de subirse al "podio", con un pasivo de u$s1.350 millones que al tipo de cambio actual se convierten en alrededor de $100.000 millones, según la cotización del dólar que se utilice para convertir ese pasivo de la moneda norteamericana al peso argentino.

Un default que a partir de ahora se deberá resolver bajo el paraguas del Juzgado de Primera Instancia Distrito Nro. 4 en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación de la ciudad santafesina de Reconquista.

Allí quedó radicado el pedido concursal de Vicentin que, mediante un comunicado, explicó que el objetivo sigue siendo el de defender sus fuentes de trabajo, rehabilitar su operatoria industrial y comercial y concretar una restructuración de sus pasivos en condiciones y términos que sean mutuamente fructíferos para acreedores y para la empresa.

La empresa también recuerda que quiere mantener el plan de acción delineado en el comunicado del 5 de febrero pasado y que le permite trabajar con proveedores y productores granarios para evitar mayores problemas.

Los ejecutivos de Vicentin siguen hablando de "un plan de negocios sustentable" que hasta ahora no ha tenido éxito y, al contrario, ha seguido acumulando situaciones de riesgo no sólo para la continuidad de la empresa sino para todos sus acreedores.

En este contexto la empresa deberá también explicar cómo llegó a una situación de default luego de haber sido la sexta empresa de mayor facturación en el 2018; la primera cerealera de la Argentina, con ventas por $118.000 millones por año y un patrimonio neto positivo, ya que sus activos son casi un 50% superior a sus pasivos.

En este proceso expansivo fueron importantes los aportes de la banca pública durante el gobierno de Mauricio Macri.  En especial los que realizaron el Nación; Bapro; Ciudad y el BICE, con los que la empresa santafesina ahora acumula una deuda de casi $24.000 millones, de los cuales $17.986 millones se encuentran en la cartera de impagos de la entidad que preside Eduardo Hecker.

Por ese motivo, y luego de conocerse el concurso preventivo de Vicentin, el titular del Nación logró encolumnar al resto de las entidades financieras públicas en un mismo bloque para encarar una negociación unificada que les permita cobrar la mayor parte de la deuda.

La estrategia se terminó de concretar la semana pasada en un encuentro entre Hecker; José De Mendiguren, titular del BICE; Javier Ortiz Batalla, del Ciudad; y Juan Cuattromo, del Bapro.

El objetivo de máxima es el de tratar de cobrar la totalidad de los u$s350 millones (alrededor de $24.000 millones) que Vicentin recibió de esas cuatro instituciones bancarias oficiales y que ahora no tendrá la obligación de cancelar.

Si bien todos los acreedores han sido perjudicados por la empresa agroexportadora y ahora deberán presentar sus reclamos ante la justicia, entre los bancos públicos el más perjudicado es el Nación, con una deuda cercana a los $17.986 millones.

Se trata del monto recibido por Vicentin durante la anterior gestión del Nación, a cargo de Javier González Fraga, y que fue denunciado por la nuevas autoridades que desembarcaron en la entidad a partir de la llegada del Frente de Todos al gobierno nacional.

Por eso, la iniciativa fue aceptada por el resto de la banca pública y ahora se busca un asesor financiero que deberá negociar con la empresa y analizar las diferentes propuestas y variantes que se ofrezcan ante la justicia en el marco del proceso de reestructuración.

Sospechas y rechazo a la estatización

En este sentido, tanto el Nación como el resto de las entidades oficiales tienen como horizonte el cobro de toda la deuda o la aceptación de una reducción mínima. En el caso del Nación, se utiliza como argumento las necesidades que tiene de incrementar la capacidad prestable del banco para aplicarla a créditos productivos de pymes y economías regionales.

Por eso, en una primera instancia se rechaza la posible estatización de Vicentin que fue propuesta por varios miembros del gobierno nacional y hasta de Claudio Lozano, economista y actual director del Nación que elaboró un detallado informe sobre el caso Vicentin.

En el documento, el funcionario puso de relieve las posibles irregularidades en la operatoria de Vicentin a fin de justificar el no pago de sus deudas e impuestos, como el haber fijado "de manera arbitraria valores en pesos y dólares a su activos y deudas en su balance de forma tal de justificar ganancias muy por debajo de lo que deberían haber sido".

Para Lozano, el rol de la anterior gestión del Nación fue fundamental en este proceso al punto que se convirtió en una de principales "financistas" de la compañía con un monto que, según el economista, "no se corresponde con la normativa del Banco Central para grandes empresas".

Según Lozano, ello habría sido posible por la intervención de las máximas autoridades del gobierno que dirigía Mauricio Macri y del propio Banco Nación, a cargo en ese entonces de González Fraga.

Un dato relevante de toda esta operatoria es que Vicentin fue, según el informe, el mayor aportante empresario de la última campaña electoral de Juntos por el Cambio, con un total de $ 13,5 millones.

"Resulta muy llamativa la baja imputación de los activos de Vicentin en moneda extranjera, particularmente para el rubro 'Bienes de Cambio', que asciende a $23.500 millones (casi el 50% de los activos en pesos), donde apenas el 5% –equivalente a $1.158 millones– está considerado como imputable a una realización en moneda extranjera", observó Lozano en su informe.

Lo que también llamó la atención del director del Banco Nación es que la propia Vicentin informó que el 90% de sus ventas se destina al exterior, teniendo en cuenta que en el caso del rubro bienes de cambio y por la valuación que la empresa le asigna en el balance, apenas el 5% de esos bienes estarían dirigidos hacia el mercado externo mientras que el restante 95%, al mercado interno en moneda local. "Claramente, aquí hay un punto por demás contradictorio en el balance de esta firma", indicó Lozano.

Para el titular del Nación, también fue llamativa la caída de la empresa en el marco de un balance como el del 2018 que informó ventas por $104.000 millones pero que tuvo un resultado operativo favorable de $27.300 millones, con una ganancia que se redujo a $1.926 millones.

Ello fue posible porque Vicentin adjudicó el resto a la devaluación de la moneda. Es decir, casi la totalidad del resultado operativo no fue consecuencia de las ventas (en su enorme mayoría en el exterior) sino a los movimientos del peso, los que no deben computarse como ganancia, de acuerdo a la visión de Lozano.

Lozano concluyó su informe planteando serias irregularidades en la adjudicación de los créditos del Banco Nación a Vicentin. La empresa contestó con un comunicado en el que explicó que la crisis económica afectó su balance y lamentó que se ponga en "tela de juicio" el rol del Banco Nación".

En el caso de los bancos privados, a partir del anunciado default, se supone que negociarían por separado pero con una postura más dura. Entre las entidades más perjudicadas se destacan el Macro y el Hipotecario.

Mientras que entre las empresas acreedoras ya una decena de acopiadoras reclamaron ante la justicia el embargo de bienes de Vicentin y otra directamente le pidió la quiebra.

Por lo pronto, la empresa tiene sus dos plantas de procesamiento paralizadas y si bien le sigue pagando el sueldo a sus empleados ya no cuenta con materia prima para volver a procesar y tampoco tiene chances de operar para terceros ante las demandas judiciales presentadas.