Con el escándalo de la compra de alimentos con sobreprecios siendo investigada en la justicia y luego de haber modificado los esquemas de las licitaciones, ahora el Ministerio de Desarrollo Social optó por comprar mercadería a las grandes empresas del sector alimenticio.

Hace unas semanas atrás, la cartera que orienta Daniel Arroyo volvió a licitar parte de las compras que quedaron bajo sospecha, pero en esta oportunidad priviliegió la participación directa de productores y no de intermediarios.

En el caso de las compras de harina, la empresa que ofreció el mejor precio fue Morixe, la alimenticia propiedad del empresario Ignacio Noel, que participó para venderle al Estado nacional 340.000 kilos de harina.

Si bien esta compulsa todavía no fue adjudicada, Morixe fue la que realizó la oferta más baja por un monto global de $10.7 millones y precio unitario de $31,50 por kilo.

Ahora, acaba de cerrar la adquisición de partidas de fideos, y también ha dejado afuera de la compulsa a intermediarios y cedido la operación a Molinos Río de la Plata.

La cartera que orienta Daniel Arroyo volvió a licitar parte de las compras que quedaron bajo sospecha

El presidente Alberto Fernández recibió este sábado en la residencia de Olivos al empresario Luis Pérez Companc, titular de Molinos Río de La Plata.

El contrato se cerró un mes después de que el presidente Alberto Fernández mantuviera una reunión con Luis Perez Companc, CEO de la alimenticia, en la Quinta de Olivos.

En ese momento, el 10 de abril, todavía estaba caliente la operación mediante la cual el Gobierno había gastado casi $350 millones en la compra de alimentos para abastecer a sectores necesitados en el marco de la pandemia del coronavirus, pero a precios muy por encima de los establecidos por las propias autoridades para la venta de los mismos productos en las góndolas de los supermercados.

Durante ese encuentro se habló de la posibilidd de retorno de la empresa de la familia Perez Companc vuelva a ser proveedor del Estado nacional y comience a participar de las licitaciones para la compra de 12 millones de toneladas de alimentos para distribuir, y así evitar intermediarios.

También analizaron la aplicación de un sistema con procesos claros y transparentes que permita que todas las empresas productoras puedan acceder a ser proveedoras del Estado.

La búsqueda de un sistema con procesos claros y transparentes

Las conversaciones parecen haber sido fructíferas si se tiene en cuenta que la empresa acaba de ser adjudicataria de una de las licitaciones convocadas por Desarrollo Social y cuya estructura comercial acaba de ser publicada en el Boletín Oficial de este viernes 15 de mayo.

Por medio de la Resolución 128/2020 de la Secretaría de Gestión Administrativa, la alimenticia proveerá al Estado nacional 340.000 envases de 900cc de aceite comestible mezcla, libre de gluten, marca Ideal, con un precio unitario $52, y por un monto total de $17.6 millones.

Fuentes de la empresa explicaron a iProfesional que hace varios años que no participaban de licitaciones públicas de alimentos del Estado.

Luis Perez Companc se reunió con el presidente Alberto Fernández

"Ofertamos con precios que están por debajo de los precios máximos y nuestra participación, desde ya que tiene como objetivo principal el de colaborar con el abastecimiento de productos básicos en un momento tan delicado como es esta Emergencia Sanitaria", agregaron desde Molinos Río de la Plata.

La operación será destinada a satisfacer la demanda de bienes y servicios en la emergencia para dar respuestas integrales a las necesidades alimenticias de los sectores más carenciados de la población.

En especial, para atender a la población en situación de vulnerabilidad ante la Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 108/02 que fue prorrogada hasta el 31 de diciembre del 2022.

También para la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, ampliada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus, por el plazo de un año a partir del 13 de marzo pasado.

Pero estas compras habían quedado sospechadas tras las denuncias contra la operación mediante la cual un grupo de intermediarios se habían adjudicado una millonaria venta de aceites, fideos y otros alimentos de primera necesidad.

En su momento, la transacción terminó siendo anulada, se abrió una causa en la justicia para investigar las compras y un importante grupo de funcionarios cercanos al ministro Arroyo fueron despedidos de Desarrollo Social.

De hecho, en la misma licitación de la que participó Molinos Río de la Plata compitieron algunas de las firmas involucradas en la causa de los sobreprecios ya que el proceso incluía la compra de otros alimentos por un total de $115.7 millones, sobre la base de los precios mayoristas informados en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA).

En ese marco, además de la empresa de la familia de uno de los hombres más ricos de la Argentina, se presentaron cuatro intermediarios como son Distribuidora Alvear; Grupo Área; Copacabana y Valquiria.

De hecho, las ofertas presentadas por Grupo Área, Distribuidora Alvear y Valquiria superaron los precios establecidos y fueron desestimadas al tampoco haberse logrado una mejora en las propuestas de precios.

Por ese motivo, se declaró fracasada la compra de 1.3 millones de envases de 900cc de aceite comestible mezcla.