Teniendo en cuenta que el desembarco del Gobierno en Vicentin ya es un hecho consumado que no tiene vuelta atrás, los accionistas del holding santafesino intentan quedarse con las empresas que no están alcanzadas por el concurso preventivo de acreedores abierto para reestructurar un pasivo de casi u$s1.500 millones acumulado por la firma agroindustrial.

Ocurre que, además de esta compañía que opera bajo la denominación social de Vicentin SAIC, el fondo Vicentin Family Group es dueño de otras compañías que participan en los sectores de hilandería y textil; biocombustibles; bebidas; feedlots y acopio y exportación de miel y que no se encuentran alcanzadas por el proceso concursal.

Entre estas sociedades se destacan Algodonera Avellaneda; Jugos Enav; Renova; Los Corrales de Nicanor y Promiel; que los accionistas de este grupo industrial ahora pretenden mantener fuera del alcance de la intervención dispuesta por el presidente Alberto Fernández y también preservar de la expropiación que será tratada en el Parlamento argentino.

Como paso inicial, el Jefe de Estado mantuvo este miércoles 10 de junio una comunicación telefónica con Sergio Nardelli, el CEO de Vicentin, que habría servido para aclarar ciertas dudas y destrabar el camino hacia la estatización de la empresa cerealera.

La charla se concretó un día después de que el propio Nardelli y Sergio Vicentin, hijo de uno de los fundadores del grupo, se negaron a habilitar el acceso a la sede de la empresa en la localidad santafesina de Avellaneda a los interventores designados por el Gobierno.

Vicentin: moderar el avance estatizador

Tras la conversación telefónica, la empresa emitió un comunicado en el cual sus ejecutivos explican que para preservar la paz social, evitar perjuicios para el patrimonio de la compañía y preservar los derechos de los acreedores, tomaron contacto con los representantes de la intervención oficial para definir "con la insoslayable participación del Juez a cargo del concurso preventivo de Vicentin SAIC, el alcance de la intervención dispuesta".

Si bien el comunicado es escueto y no profundiza en el proceso, fuentes cercanas al grupo admitieron a iProfesional que a partir de la llamada telefónica entre Fernández y Nardelli se busca circunscribir el avance estatizador solamente a Vicentin S.A y evitar un mayor daño al resto de las empresas del holding santafesino.

Los dueños de Vicentin ahora buscan mantener otras empresas del grupo.

También aclaran que esta decisión no invalida el reclamo que los accionistas de la compañía ya presentaron para defender sus derechos y que además persigue el objetivo de que la intervención oficial se encuadre dentro del proceso concursal que lleva adelante el juez Fabián Lorenzini para que sea este magistrado quien defina los alcances de la intervención decretada por el Poder Ejecutivo nacional.

Es decir, que sea el titular del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, quien le otorgue o no entidad a la designación de Luciano Zarich, como representante del Estado nacional en la compañía agroexportadora.

Este funcionario, quien debe secundar a Gabriel Delgado en la intervención de Vicentin, visitó ayer martes 9 de junio las instalaciones de la firma y mantuvo un encuentro con Nardelli y Vicentin.

Pero tras no haber podido ingresar a la compañía, el funcionario y su comitiva mantuvieron un encuentro con el intendente de Reconquista, Amadeo Vallejos, con quien también discutieron sobre la decisión presidencial.

"Los accionistas de Vicentin no renuncian al derecho de defender la propiedad privada pero a la vez buscan circunscribir las acciones del Gobierno a la empresa concursada y no al resto de las unidades de negocios que pertenecen al mismo holding", aseguraron las fuentes consultadas por este medio.

La estrategia se dio a conocer luego de que el propio Alberto Fernández admitió la charla telefónica que mantuvo con Nardelli.

En declaraciones a Radio 10, el Presidente aseguró que la conversación fue muy cordial y que le explicó al ejecutivo su opinión sobre los problemas que atraviesa la compañía, además de aclararle que la medida tomada por su gobierno "no tiene ninguna vocación de perjudicar a nadie".

El mandatario reiteró que el Estado sólo está buscando "rescatar" la compañía para que "siga siendo argentina" dado que por su crisis, podría ser adquirida por muy poco dinero por un grupo extranjero.

"Le dije que nosotros no estamos aquí para afectar los derechos de nadie y él me dijo que tiene una idea para que nosotros podamos hacernos cargo de la empresa sin necesidad de expropiación", contó Fernández al medio periodístico propiedad del grupo Indalo que conducen los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Vicentin, en jaque: la deuda de la empresa rondaría los u$s1.500 millones.

Qué empresas quedarían fuera de la estatización

De la charla telefónica habría surgido que las empresas que podrían quedar fuera de la expropiación serían:

-Enav, dedicada a la elaboración de jugo concentrado de uva, ubicada en pleno corazón de la cuenca vinífera de San Juan que hoy produce 12 millones de toneladas de jugo concentrado que se exportan en su totalidad a mercados como Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, Ucrania, Sudáfrica y Australia.

- Algodonera Avellaneda, que se dedica al desmonte de algodón y a la comercialización de fibra y productos derivados.

- Buyanor, orientada a la elaboración y fraccionamiento de algodón hidrófilo y pañales.

- Río del Norte, que incursiona en la actividad agroindustrial.

- Oleaginosa San Lorenzo, con actividad en la industrialización de semillas oleaginosas.

- Deferol, que se dedica a la actividad financiera y de inversión.

- Friar, vinculado a la faena de hacienda vacuna para la comercialización de carne vacuna y sus derivados.

- Renova, que produce y elabora aceites vegetales crudos y/o grasas animales en comestibles y/o biocombustibles, en sociedad con el grupo extranjero Glencore.

- Emulgrain, que se dedica a la producción y comercialización de aceites vegetales y derivados.

- Juviar, que fabrica vinos y mosto.

- Sir Cotton, en actividad agrícola.

- Terminal Puerto Rosario, orientada a servicios complementarios para el transporte por agua.

- Sottano, bodega de Mendoza.

- Playa Puerto en la actividad logística.

- Biogas Avellaneda, en la producción de biogás para generación eléctrica.

- Renopack para servicios de fasón y/o fraccionado de aceites vegetales y productos relacionados.

En la actualidad, el grupo emplea a alrededor de 6.000 trabajadores que se distribuyen principalmente entre 2.195 en la industria aceitera (correspondiendo 1.283 a Vicentin SAIC; 806 a Renova; 58 a Renopack y 48 a Patagonia Bioenergía SA); 920 en el sector algodonero; 376 en la vitivinícola y 2.057 de la frigorífica.