Repsol YPF demandarí­a a Bolivia por "persecución"

La empresa hispano-argentina Repsol YPF amenazó con iniciar acciones judiciales contra el gobierno de Bolivia por lo que la firma calificó como la persecución sistemática de su subsidiaria en ese paí­s.

Las autoridades bolivianas en la ciudad de Santa Cruz allanaron las oficinas de la subsidiaria Andina el viernes. La filial de Repsol YPF es investigada por suscribir en el 2002 un contrato, presuntamente sin consentimiento del gobierno boliviano, sobre "reducción de volatilidad de precios de gas natural con Petrobras (de Brasil), provocando estafa y daños económicos al Estado", calculados en 161 millones de dólares, según la denuncia del ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz.

El trato favoreció durante casi cuatro años a Petrobras contra las alzas de precios del gas que importa desde Bolivia.

Al respecto, Repsol YPF indicó que el contrato cumplí­a totalmente con las leyes bolivianas y que las autoridades habí­an sido puestas al tanto de él desde el principio.

Frente a este panorama, la multinacional aseguró que emprenderí­a acciones "legales en defensa de sus derechos si continúa la sistemática persecución de la Fiscalí­a de Bolivia contra la compañí­a".

En el mismo sentido indicó que podrí­a hacerlo "ante todos los foros de justicia independiente, nacionales e internacionales, en la defensa de sus derechos y los de sus empleados".

Repsol YPF agregó, sin embargo, que estaba lista para colaborar con las autoridades bolivianas en la aclaración de lo ocurrido.

Las autoridades de Bolivia dijeron el sábado que buscaban arrestar a dos ex ejecutivos de las dos empresas de energí­a en torno de la supuesta venta ilegal de gas natural a Brasil.

í‰sta fue la segunda investigación en su tipo contra Repsol YPF desde que el presidente boliviano Evo Morales decretó la nacionalización de la industria petrolera y de gas de su paí­s el 1º de mayo pasado.

En mayo, funcionarios del departamento de Justicia en Santa Cruz ingresaron en las oficinas de Andina para detener al entonces presidente Julio Gavito y al gerente de operaciones Pedro Sánchez, por supuestamente vender 9,2 millones de dólares de crudo de manera ilegal entre el 2004 y el 2005.

Por su parte, el presidente Morales aseguró que su gobierno no está influyendo en la investigación de la Fiscalí­a en contra de Repsol YPF por presunta "estafa" contra el Estado boliviano y garantizó que las indagaciones seguirán adelante "respetando procedimientos legales".

En tanto, la vicepresidenta de España, Marí­a Teresa Fernández de la Vega, quien visitó Bolivia semanas atrás, expresó el malestar de su gobierno al canciller boliviano David Choquehuanca.