Las vías del tren Sarmiento, que dividen Buenos Aires en dos en un corredor de 35 kilómetros en paralelo a la Avenida Rivadavia, seguirán esperando para ser modernizadas y recorrer todo el trazado bajo tierra.

En realidad, es más que probable que este millonario proyecto, ya bautizado como el "elefante blanco" de Cambiemos, se abandone de manera definitiva, a pesar de haber sido anunciado por el anterior gobierno como uno de las iniciativas emblemáticas de la gestión de Mauricio Macri.

Se trata de una línea que, en épocas normales y no afectadas por la pandemia del Covid-19, transporta cada día más de 200.000 pasajeros que viajan desde el oeste hacia el centro de la ciudad y viceversa.

El plan contemplaba el recorrido bajo tierra de todo el trazado del Sarmiento y la eliminación de 52 barreras, como la de la estación de Flores, además de la construcción de 35 nuevos cruces en los tramos donde el tren seguirá funcionando en la superficie, entre Castelar y Morón.

Sin embargo, a principios de año, el presidente Alberto Fernández, había anunciado que no se trataba de un proyecto que iba a ser tenido en cuenta por su gestión por el alto costo que insume la obra.

Este proyecto fue bautizado como el "elefante blanco" de Cambiemos

En ese marco, la Ciudad de Buenos Aires intentó sostener el proyecto y se iniciaron conversaciones con la Nación para estudiar alternativas que permitieran la supervivencia del mega emprendimiento.

La más viable era que el gobierno nacional diera por rescindido el contrato con las empresas que habían ganado la licitación, y la obra y su gasto fueran trasladados a las jurisdicciones que administran Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kiciloff, según correspondan los tramos a Capital Federal o al ámbito bonaerense.

La Provincia era reacia al acuerdo ya que, en esos tiempos se encontraba al borde del default y negociaba la reestructuración de su deuda con acreedores externos.

Para reducir costos, Rodriguez Larreta había propuesto la posibilidad de elevar las vías del Sarmiento en vez de hacerlas pasar bajo tierra, como ya se ha hecho con otras líneas que cruzan la ciudad.

Pero, la quita de un punto de la coparticipación federal decretada por el presidente Alberto Fernández a la Capital Federal terminó por enterrar casi de manera definitiva el proyecto por u$s3.000 millones que fue adjudicado el año pasado a una Unión Transitoria de Empresas (UTE).

Es que más allá de acudir a la Justicia para anular la decisión unilateral del gobierno nacional, las autoridades porteñas deberán frenar una gran cantidad de obras pensadas para mejorar la Ciudad, entre las que también se encuentran las extensiones de las ciclovías, más metrobueses y hasta refacciones en comisarías.

En el caso del Sarmiento, el grupo societario a cargo de las obras está formado por la firma italiana Ghella que posee el 71% del contrato, y Sacde (ex Iecsa), con el restante 29% y que es propiedad de Marcelo Mindlin, quien a su vez se la compró a Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri.

La UTE original también había sido integrada por la española Comsa y la brasilera Odebretch, que se retiró el año pasado en medio del escándalo del Lava Jato y la admisión del pago de coimas millonarias para ganar la licitación de la obra.

Las empresas iban a concretar un sueño que ya se venía anunciando desde 1998 en más de una docena de veces, con promesas incumplidas o que quedaron truncas al poco tiempo por los cambios de gobiernos y de las reglas de juego.

Pero en el 2008 se adjudicó la obra, aunque la tuneladora que fue comprada en Alemania, recién se puso en marcha unos meses en el 2012 para volver a funcionar entre el 2016 y mitad de 2019.

Durante todo ese lapso, solamente se cavaron siete kilómetros entre la localidad bonaerense de Haedo y el barrio porteño de Villa Luro para levantar el proyectado viaducto por el cual deberían correr las formaciones.

Luego, la máquina no siguió con sus tareas ya que la obra se vio afectada por la falta de fondos y el empeoramiento de la situación económica que marcó el final de la gestión del ex presidente Macri.

¿Cómo se financió la obra hasta ahora?

Hasta ese momento, la obra del soterramiento se había financiado con recursos del Tesoro Nacional, a la espera de acordar la obtención de fondos internacionales que nunca llegaron.

Se dejó de lado así el cronograma de los trabajos que preveía que, para diciembre del año pasado, el túnel llegara a Caballito para luego llenar el 35% del viaducto con cemento, y sobre esa base tender las vías férreas y construir ocho estaciones subterráneas, cada una de 210 metros de largo.

Si ahora finalmente se cancela la obra, será la séptima vez en que el proyecto fracasa desde que a principios de la década del 2000 fue anunciado como una de las mayores propuestas ferroviarias de la Argentina.

En el 2011, el entonces gobierno kirchnerista compró la tuneladora para retomar la iniciativa pero que luego quedó también en el olvido hasta el desembarco de Macri en la Casa Rosada.

En octubre del 2016, el ex Jefe de Estado encabezó un acto formal que puso en marcha las actividades de la tuneladora en el obrador de Haedo, que marcharon a buen ritmo entre 2017 y los primeros meses de 2018.

Luego, la falta de definiciones técnicas, la crisis financiera y el alto costo del proyecto, se conjugaron para que nuevamente se congelara lo que iba a ser el primer "subte suburbano" de la Argentina.

Por la quita de fondos, la Ciudad abandona el soterramiento del Sarmiento

Lo más probable ahora es que las empresas a cargo del proyecto inicien conversaciones con las autoridades para llegar a un acuerdo razonable de rescisión del contrato para evitar que se desencadenen juicios millonarios contra el Estado.

De manera paralela, en la justicia se tramita una causa en la que se investigan supuestos actos de corrupción.

En julio del año pasado, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, había decretado la intervención del consorcio empresario y designado un veedor para que analice y controle las cuentas del emprendimiento.

La decisión del magistrado se basó en la existencia de indicios suficientes del pago de coimas a exfuncionarios argentinos por la UTE cuando estuvo integrada por Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa.

Martinez de Giorgi nombró al abogado Roberto Muguillo como veedor para que fiscalice el desempeño del consorcio y redacte un informe sobre las estructuras societarias utilizadas y lo que pueda detectar de valor sobre la posible ruta de los sobornos tras revisar sus libros contables.

En esta causa interviene el fiscal federal Franco Piccardi, quien fue el solicitante de la intervención judicial y del dictado de medidas cautelares sobre una larga lista de funcionarios, empresarios, ejecutivos y empresas sospechadas de haber participado en la trama delictiva.