A pesar de haber mejorado en varias oportunidades las propuestas para reestructurar la deuda de su grupo desarrollar inmobiliario y la de su propio concurso preventivo, Carlos De Narváez no logra seducir a los acreedores y crece la posibilidad de que la justicia decrete la quiebra en ambos procesos concursales.

Por lo menos así se desprende del análisis de un escrito presentado por las síndicos María Silvia Vighenzoni y María Cristina Osso, quienes intervienen en las dos causas judiciales vinculadas a los concursos preventivos del mismo De Narváez y de Ribera Desarrollo, dueña del emprendimiento inmobiliario Al Río, de la localidad bonaerense de Vicente López.

Las funcionarias acaban de presentar un crítico escrito sobre la causa en los autos caratulados: "De Narváez Steuer Luis Carlos S/Concurso preventivo S/Incidente Nº 11 S/ Incidente Transitorio", del expediente Nº 6933/2019/11, que se tramita en el Juzgado Comercial Nº 12, Secretaría Nº 23, con el patrocinio letrado de los abogados Eduardo Favier Dubois; Lucía Spagnolo y Víctor Oscar Holden.

En el documento que las síndicos envían al juez de las causas hacen referencia a las conformidades logradas por el empresario en ambas propuestas para reestructurar una deuda cercana a los u$s200 millones que hasta ahora no permiten cerrar de manera exitosa las negociaciones.

De Narváez presentó la conformidad de un grupo "ínfimo" de acreedores quirografarios, lo que impide avanzar en el proceso

Pocas adhesiones

De acuerdo a lo que consta en el informe, De Narváez presentó la conformidad de un grupo "ínfimo" de acreedores quirografarios, entre los que se encuentran Aval Federal SGR; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U; Mori, Arminda Lucía y Rajruj, Leila Yanina.

"La sindicatura ha procedido a realizar el cómputo provisorio de las cuatro conformidades precedentemente indicadas, contemplando como base a todos los acreedores quirografarios de la resolución verificatoria dictada con fecha 03.09.19 y ampliatorias de fechas 05.09.19, 09.09.19, 10.09.19 y 11.09.19", agrega el paper de la sindicatura.

Y conforme surge de la planilla anexa que se adjunta a esta presentación, el concursado debe lograr las siguientes mayorías de sus acreedores quirografarios: Total de acreedores computables 13; monto de pasivo computable $3.575 millones, para lo cual necesita la adhesión de la mitad más uno de los acreedores y que representen, por lo menos, el 66% del monto total o $2.383 millones.

Sin embargo, hasta el momento los cuatro acreedores que respaldan las propuestas de reestructuración de los pasivos concursales representan nada más que el 0,79% de la deuda total, unos $28 millones.

"Ello implica que a la fecha que el número de personas y monto de pasivo que resta para alcanzar la doble mayoría del art. 45 de la LCQ, serían los siguientes: Acreedores necesarios pendientes 3; Monto de pasivo faltante $2.355.387.444,39", aclara el informe, en el cual también se entiende que, "frente a la insignificancia del monto del pasivo que a la fecha ha prestado su conformidad a la propuesta concordataria y al inminente vencimiento de la prórroga del período de exclusividad que fuera concedida hasta el 10 de febrero próximo, la sindicatura propone que se requiera al concursado, en el plazo de 24 hs., que proceda a informar sobre el estado de las negociaciones con sus acreedores para la obtención y presentación de las conformidades necesarias para alcanzar la doble mayoría legal".

De hecho, la sindicatura critica a De Narváez por "el notable retraso en producir y suministrar la información y documentación necesaria para la confección de los informes mensuales hasta el mes de enero de 2021, a pesar de los reiterados requerimientos realizados".

En este sentido, le reclaman al juzgado que "se lo intime a que en el plazo de 10 días proceda a entregar la información pendiente".

La debacle de De Narváez y de Ribera Desarrollo estuvo atada al fracaso del proyecto Al Río que nació con la idea de levantar un mega emprendimiento inmobiliario en 16 hectáreas donde hasta ahora solamente se instalaron algunos edificios para residencia, oficinas, bancos, locales comerciales y la sede del diario La Nación, todo junto al predio del supermercado Carrefour.

La idea era mucho más abarcativa y hasta contemplaba un centro comercial; dos torres de oficinas en el lado norte y sur del predio; locales para pymes; residencias de lujo y un hotel cinco estrellas.

Sin embargo, De Narváez incumplió con los contratos firmados con los particulares y las empresas que le fueron acercando dinero para asegurarse un lugar en el mega emprendimiento. Solamente construyó la torre sur y algunos locales comerciales y dejó sin hacer 80.000 metros en los cuales se proyectaban edificios de 36.000 metros cada uno que ya están vendidos pero que no se han iniciado ni los cimientos todavía.

Entre los perjudicados por esta maniobra figuran casi todos los bancos más importantes de la City porteña como son el Patagonia; HSBC e Hipotecario, que fueron inversores del emprendimiento Al Río. También la distribuidora energética Edenor, propiedad del empresario Marcelo Mindlin, que pagó u$s50 millones para la construcción de un edificio al cual iba a mudar su sede pero que nunca se concretó.

En este marco, el concurso preventivo se tramita en el Juzgado Comercial 12, Secretaría 23, de Hernán Papa, y la representación de De Narváez está en manos del abogado, Sebastián M Paz.

Los abogados del empresario indican que la quiebra "impone la pesificación obligatoria de los créditos en moneda extranjera"

Las propuestas

La semana pasada, Iprofesional publicó una nueva propuesta de pago de su deuda hecha por De Narváez cumplir la cancelación de la millonaria deuda derivada del default de su desarrolladora inmobiliaria y de su propio concurso preventivo de acreedores.

A fines del año pasado, el empresario había presentó una propuesta de pago para devolver el dinero aportado a su proyecto inmobiliario por importantes acreedores entre los que se destacan un grupo de bancos y Edenor.

Pero esa oferta fue considerada "inviable" por la mayoría de los acreedores, quienes también la calificaron como "insuficiente" y en algunos casos hasta se animaron a predecir que el proceso va a culminar en lo que legalmente se denomina cramdown.

Es decir, en una figura comercial prevista en el artículo 48 de la Ley Nacional de Concursos y Quiebras, N° 24.522, mediante la cual no se podrá decretar la quiebra de la sociedad sino que se debería abrir un registro en el cual deberán inscribirse todos aquellos interesados en adquirir la empresa, sean o no acreedores.

La oferta intentaba normalizar las finanzas de la dueña de uno de los proyectos inmobiliarios más ambiciosos de los últimos años denominado Al Río, ubicado en la intersección de las avenidas Libertador y General Paz, del lado de la localidad bonaerense de Vicente López.

Se trató de dos variantes de pago que no parecen haber satisfecho los reclamos de los acreedores que buscan finalizar las negociaciones y cerrar un acuerdo o resignarse a que Ribera Desarrollos y el propio Carlos De Narváez sucumban ante el fantasma de la quiebra.

Luego, De Narváez mejoró la oferta mediante una una tercera variante de pago o Alternativa C que implica el pago del 100% del monto de los créditos verificados y/o declarados admisibles; ello con sujeción al procedimiento y plazos propuestos.

De acuerdo al escrito, los acreedores quirografarios que opten por esta opción percibirán el 100% de la deuda de acuerdo al siguiente esquema:

I. Créditos denominados en pesos el pago será en dos cuotas anuales iguales y consecutivas, con vencimiento la primera a los tres años de la fecha en que quede firme el auto de homologación del acuerdo preventivo y la segunda a los cuatro años.

Se devengará un interés equivalente a la tasa de interés pasiva del Banco Nación para créditos en pesos por todo concepto, desde la fecha en que quede firme el acuerdo.

II. Créditos denominados en dólares también será en dos cuotas anuales iguales y consecutivas en pesos al tipo de cambio del Banco Nación, tipo vendedor, en la

fecha de pago, con vencimiento la primera a los tres años de la fecha en que quede firme la homologación del acuerdo preventivo y la segunda a los cuatro (4) años de dicha fecha.

Además, devengará un interés equivalente a la tasa del 1% sobre saldos, por todo concepto, desde la fecha en que quede firme el convenio.

III. Créditos verificados y/o declarados admisibles en el concurso preventivo de Ribera Desarrollos S.A. y en el de Carlos De Narváez serán cancelados mediante la propuesta concordataria realizada en el concurso preventivo de Ribera Desarrollos , dado que se prevé que las deudas serán pagadas prioritariamente en el plazo de un año, máximo dos o excepcionalmente tres años como marca la Opción C. Otra posibilidad es que se cancelen a través del desarrollo inmobiliario previsto en la Opción D.

En el supuesto de que las deudas no sean canceladas o sean parcialmente abonadas, el resto se abonará en el marco del proceso concursal de De Narváez y de acuerdo a los términos y condiciones ofrecidos por el empresario.

Según el documento, "la falta de pago de tales obligaciones en este concurso preventivo habilitará la intimación bajo apercibimiento de decretar la quiebra, con todos sus efectos y en un plazo acotado de tiempo previsto en el ordenamiento concursal".

Se agreta que "esta propuesta concordataria implica el máximo compromiso de este concursado con sus acreedores, tratando de superar las circunstancias que condujeron a la cesación, con todas las dificultades que ello acarreó a dichos acreedores, compromiso que se traduce en que cualquier incumplimiento al acuerdo preventivo que se logre, esto es, al pago de las sumas comprometidas, implicará la posibilidad de que el acreedor pida la intimación al pago bajo apercibimiento de un inmediato decreto de quiebra".

En el caso de los acreedores que tienen créditos verificados tanto en el concurso preventivo de Ribera Desarrollos como en el de De Narváez, la realidad del proceso concursal, por aplicación de la ley 24.522, indica que podrán exigir el cumplimiento del 100% de lo que se les adeuda en sus monedas de origen pudiendo también requerir el decreto de quiebra.

Sobre este punto, los abogados del empresario hacen una advertencia por entender que la quiebra eventual de cualquiera de los dos concursados "impone la pesificación obligatoria de los créditos en moneda extranjera al tipo de cambio oficial vigente y a la fecha del decreto de quiebra, conforme las previsiones de la ley 24.522 y la jurisprudencia plenaria del Fuero; y tales acreencias no devengan intereses desde el decreto de quiebra y se sujetan a la eventual realización de activos a precio de remate judicial y a las distribuciones de fondos que se realicen en los términos de esa ley, lo cual puede insumir un tiempo prolongado".

Por ese motivo, estiman que la nueva propuesta "luce y es ampliamente más favorable para los acreedores que un eventual proceso de quiebra, que implicaría una merma seguramente muy relevante para los acreedores, mientras que esta propuesta implica el pago del 100% de lo adeudado".