El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a través de la Resolución 204/2021 publicada este martes en el Boletín Oficial, estableció que las licenciatarias de Servicios de Telefonía Fija (STF), podrán incrementar el valor de sus precios minoristas en marzo de 2021 "en hasta un cinco por ciento (5%)".

Mientras que las empresas prestadoras de acceso a internet podrán hacer lo propio según el siguiente esquema:

a) Planes que ofrecen hasta 50 Mbps de velocidad de bajada, Segmento Hogar, de prestadores de SVA-INT con menos de 100 mil accesos totales: hasta un 7%;

b) Planes que ofrecen hasta 50 Mbps de velocidad de bajada, Segmento Hogar, de prestadores de SVA-INT con 100 mil accesos totales o más: hasta un 5%;

c) Planes que ofrecen 50 Mbps o más de velocidad de bajada, Segmento Hogar: hasta un 7,5%;

d) Planes Corporativos: hasta un 7,5%.

Los abonos de televisión por cable residenciales, ya sea en la modalidad pospaga o prepaga, el aumento permitido es:

a) Planes ofrecidos por prestadores de Servicios de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico o Radioeléctric (SRSVFR) con menos de 100.000 accesos totales: hasta un 7%;

b) Planes ofrecidos por prestadores de SRSVFR con 100 mil accesos totales o más: hasta un 5%;

c) Planes o paquetes de servicios digitales de señales a demanda y otros adicionales "Premium": hasta un 7,5%.

En el caso de servicios de televisión satelital, el incremento en el abono será:

a) de hasta cinco por ciento para prestadoras con menos de 200 canales;

b) 7,5% para prestadoras de 200 o más canales;

c) de hasta un 7,5% en el caso de planes o paquetes de c=servicios digitales de señales a demanda y otros adicionales "Premium".

El ENACOM aclaró que los incrementos autorizados sólo podrán ser aplicados por aquellas Licenciatarias que hubiesen cumplimentado las disposiciones en las que se permitieron las anteriores actualizaciones tarifarias. No obstante, los aumentos no alcanzan a los precios de las Prestaciones Básicas Universales (PBU), planes subsidiados que lanzó el Gobierno a fines del año pasado destinado a jubilados, desocupados y beneficiarios de AUH, entre otros.

El año pasado, en medio de la cuarentena, el Gobierno congeló el precio de los servicios de telecomunicaciones y prohibió hasta fin de 2020 el corte de los mismos por falta de pago. Ya en 2021, se permitió un aumento general del 5% para enero, y otro de hasta el 7% en febrero para aquellas empresas que posean menos de cien mil accesos totales. Desde el sector cooperativo y PYME que ofrece fundamentalmente este tipo de servicios le planteó al Ejecutivo la necesidad de una nueva actualización tarifaria.

El Gobierno autorizó un nuevo aumento, tras largas negociaciones con las prestadoras

Entre costos y admisiones

Tal como viene informando iProfesional, el conjunto de las empresas del sector estuvo exponiendo sus estructuras de costos y solicitando incrementos de precios más altos que los autorizados hasta ahora. Argumentan que de no recomponerse esos precios el sector pondrá en riesgo su sustentabilidad, es decir, realizar nuevas inversiones orientadas a mejorar la calidad del servicio. La conectividad adquirió la relevancia que, hasta ahora, no había alcanzado de manera suficiente debido a la pandemia.

De hecho, en la resolución 27/2020 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) publicada a principios de mes en el Boletín Oficial se admitió esa situación. En los fundamentos se reconoce que "la realidad del segmento analizado demuestra que la mayor incidencia en los costos está dada por los rubros de equipamiento y de conectividad entendida como los valores de los vínculos de interconexión a internet".

Y sigue: "Que en virtud de que en los rubros equipamiento y conectividad los precios de mercado deben abonarse a valor dólar, también se torna trascendente el análisis de la variación del tipo de cambio".

De esta manera se confirmó lo manifestado por una alta fuente vinculada en la negociación entre Gobierno y empresas, quien le aseguró a iProfesional que, al aumento de febrero para las pyme y cooperativas, le seguiría uno nuevo, en marzo para todas las jugadoras del sector. El incremento alcanza a la telefonía móvil, con un universo de unos 35 millones de clientes, servicio que las pyme aún no brindan.

A diferencia de estas últimas, al tercer mes de este 2021 las compañías de mayor peso habrían acumulado una suba de precios de 14%, también alejada de un aumento de costos, similar al del resto de los jugadores del mercado.

Las empresas argumentan que los retrasos en los aumentos de precios impactará en la calidad de los servicios

¿Qué pasa con la internet barata?

Otro de los temas que se negocian en un escenario de marcada tensión se vincula con la Prestación Básica Universal (PBU). Tal como viene informando iProfesional, uno de los primeros puntos que cuestionaron las empresas más chicas fue que los precios a los que se deben ofrecer estos servicios se ubican, en ciertos casos, por debajo de los costos, lo que hace dificultosa su implementación.

Por eso no sólo se pidió que esos valores se suban sino que, además, se exima a las empresas más pequeñas de esta obligación. No está claro en este momento si una recomposición significativa de ese precio llevará implícito el hecho de que no queden exentas. Lo cierto es que pareciera haber cierto entendimiento en que, por caso, los abonos de internet – de 5 mb o 10 mb según la zona- cuyos valores hoy se ubican en los $700 no podrían costar menos de $850 más IVA. Hay quienes señalan que ese piso podría ser todavía un poco más alto. Pero todo es prenda de negociación en estas horas.

En el primer mes de ejecución de la PBU, unos 80.000 usuarios habrían pedido esas prestaciones a bajo costo, según informó TelcosMedia.

Lo cierto es que, mientras por un lado, el Gobierno y el Grupo Clarín se vuelven a trenzar en una batalla por el incumplimiento de los aumentos de servicios de telecomunicaciones autorizados, la judicialización del DNU 690 que determinó la intervención de los precios del mercado además de haber cambiado el status del sector y el festival de declaraciones que se genera alrededor, por el otro, está la realidad de las empresas que tienen la obligación de garantizar la conectividad, aspecto que nunca se cuestionó desde el sector privado.

Garantizar derechos implica, en este nuevo escenario de las telecomunicaciones, que el sector privado se mantenga saludable. Y, como en toda estrategia de prevención, se deben tener los antecedentes sin dejar de mirar para adelante. De lo contrario el diagnóstico puede ser erróneo, se comete mala praxis. Y ya se sabe el resultado cuando esto sucede.