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¿Otro golpe al bolsillo?: distribuidoras piden subas de hasta 100% para la tarifa del gas

¿Otro golpe al bolsillo?: distribuidoras piden subas de hasta 100% para la tarifa del gas
Las empresas concurrirán a una audiencia pública para reclamar un fuerte retoque en el precio de las facturas,  congeladas desde abril del 2019
Por Andrés Sanguinetti
24.02.2021 11.50hs Negocios

En el marco del proceso de renegociación de los contratos de concesión que el Gobierno decidió encarar con las empresas de servicios públicos durante los próximos dos años, a mediados de marzo próximo podría haber novedades con las tarifas de gas.

Ocurre que el 16 de ese mes se llevará a cabo una audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), para analizar un retoque a las facturas del servicio de distribución minorista.

Así se establece en la Resolución 47/2021 de organismo estatal que se publica en el Boletín Oficial de este miércoles 24 de febrero que toma como marco legal al proceso de reestructuración tarifaria del sistema energético establecido por las autoridades nacionales a fines de diciembre del año pasado.

En ese sentido, se hace referencia al artículo 5° de la Ley N° 27.541, que facultó al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a mantener las tarifas de gas natural congeladas por tres meses y a iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario "propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias, conforme lo allí establecido".

El pedido de las empresas coincide con el que realizan las otras prestadoras de servicios públicos: descongelamiento fuerte de tarifas
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Audiencia pública virtual

Se espera que la audiencia pública, que se llevará a cabo de manera virtual, tendrá una importante convocatoria tanto de representantes de los organismos públicos vinculados al tema como de organizaciones de usuarios del servicio y de las propias empresas distribuidoras.

Se anticipa además un duro debate con relación al futuro de las facturas teniendo en cuenta que los organismos que participen defendiendo los intereses de las distribuidoras podrían plantear un pedido de aumento de hasta el 100% del precio que actualmente pagan los usuarios.

Entienden que el porcentaje refleja, en parte el retraso que sufren desde abril del 2019, última suba permitida, a la actualidad, teniendo en cuenta la inflación acumulada durante esos casi dos años.

Fuentes del sector consultadas por iProfesional anticipan poder reflejar la postura pública de las empresas durante esa audiencia y esperan que el Gobierno permita un ajuste en la tarifa.

"Lo estamos necesitando porque ya llevamos 24 meses sin subas y las finanzas se complican a diario", aseguran en una de las distribuidoras.

Sin embargo, es improbable que el pedido de incremento sea atendido por las autoridades nacionales, teniendo en cuenta la estrategia política que el gobernante Frente de Todos quiere aplicar para llegar a las elecciones de medio término de octubre próximo.

El incremento de la tarifa puede impactar en los precios de la cadena productiva
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Recuperar la confianza

Para el Gobierno es fundamental recuperar la confianza de la sociedad luego del escándalo de las vacunas Vip y, por lo tanto, buscará en los datos positivos que pueda ofrecer la economía para alcanzar ese objetivo.

En este sentido, se hace necesario mantener los cepos a los distintos sectores de la economía que inciden en el humor social y en las decisiones de consumo como, precisamente, las tarifas de la electricidad y el gas, así como en el precio de los alimentos de primera necesidad.

En el caso del gas, el freno también se da a partir de los resultados de una auditoría y una revisión técnica, jurídica y económica que llevó a cabo el Enargas de los contratos de concesión y de tarifas que el anterior gobierno del ex presidente Mauricio Macri había firmado con las distribuidoras.

Los resultados de ambas investigaciones detectaron varias anomalías e irregularidades por lo cual las autoridades del Enargas propusieron al presidente Alberto Fernández que optara por la alternativa de iniciar el proceso de renegociación nuevo.

A partir de esa decisión, el PEN emitió el Decreto N° 1020/20, en cuyos considerandos sostiene que la reestructuración tarifaria ordenada en el contexto actual, "se concilia con la selección de la alternativa de dicha ley de llevar adelante una renegociación de las revisiones tarifarias integrales vigentes, habiéndose demostrado como un hecho de la realidad que las tarifas de ambos servicios no resultaron justas, ni razonables ni transparentes, conforme los resultados de las auditorías y revisiones llevadas adelante por el ENRE y el ENARGAS".

A partir de estos considerandos es que el Gobierno rechazará de plano la demanda de las distribuidoras y ofrecería un retoque de un dígito que podría estar en el orden del 4% al 6% como máximo para este período de transición y como una adecuada solución de coyuntura "en beneficio de los usuarios y las usuarias, así como para las licenciatarias y concesionarias".

Las autoridades consideran que este proceso de coyuntura es la mejor alternativa por entender que preserva los derechos de todos los involucrados y dará por inaugurado un nuevo período con tarifas "justas y razonables, accesibles y asequibles, considerando los correspondientes marcos regulatorios".

Este proceso continuará por lo menos durante dos años, tal como quedó establecido en el decreto presidencial de diciembre pasado que congeló las tarifas y dio inicio a la renegociación que deberá culminar con la suscripción de un Acta Acuerdo Definitiva sobre la RTI, la cual abrirá un nuevo período tarifario según los marcos regulatorios.

Las autoridades del Enargas vienen manteniendo reuniones con las licenciatarias del servicio de gas a fin de seguir la etapas de negociación y ahora entienden oportuno y conveniente escuchar a los usuarios y usuarias para contemplar sus consideraciones en la audiencia de próximo 16 de marzo.

"La participación de los usuarios y usuarias con carácter previo a la determinación de la tarifa constituye un factor de previsibilidad, integrativo del derecho constitucional a una información adecuada y veraz y un elemento de legitimidad para el poder administrador", asegura la resolución conocida en esta fecha.

En ese marco, tres agentes pertenecientes a la estructura orgánica del ENARGAS actuarán "ad hoc" como "Defensores Oficiales de los Usuarios y las Usuarias de Gas", y expondrán como oradores en la audiencia manifestando todas las observaciones que crean convenientes desde el punto de vista de los clientes.

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