Mientras sigue demorado el proceso de licitación del Puerto de Buenos Aires, que se encuentra en un terreno de dudas e incertidumbre, una de las actuales concesionarias podría cambiar de manos.

Se trata del grupo Bactssa, que opera la Terminal 5 y cuyo principal accionista es Hutchison Ports, la división de servicios portuarios de CK Hutchison Holdings Limited, considerado uno de los principales inversores, desarrolladores y operadores portuarios del mundo con una red en 52 puertos de 27 países de Asia, Oriente Medio, África, Europa, América y Australasia.

Las otras dos son Terminales Río de la Plata (TRP), que controla las zonas 1,2 y 3 y tiene como accionistas a Dubai Ports Word (Emiratos Árabes), y al grupo local Román. Y APM, controlada por Maersk, que está a cargo de la Terminal 4 (T4).

A diferencia de estas dos operadoras, el contrato de Bactssa debería finalizar en mayo próximo por razones legales vinculadas a los plazos de las concesiones. Si bien hasta ahora se baraja la posibilidad de que las actividades y los trabajadores de esta terminal se distribuyan entre TRP y APM, apareció una segunda variante vinculada a la posibilidad de un cambio de accionistas en Bactssa.

Ocurre que un grupo empresario local junto con inversores extranjeros plantearon ante el Ministerio de Transporte de la Naciónsu intención de continuar operando la terminal a partir de mayo y por los próximos dos años hasta que se defina el proceso licitatorio del puerto porteño.

Actualmente, este grupo es propietario de la sociedad Terminal 7, dedicada a operar los contenedores que llegan y parten del Puerto de Buenos Aires. A través de una carta enviada a la cartera que conduce Mario Meoni formalizaron el pedido para mantener las operaciones de Bactssa.

"El fundamento es generar certidumbre a los empleados de dicha concesionaria, con una propuesta que garantiza el 100% de los empleos existentes al 15 de mayo de este año", sostiene la nota. Los empresarios agregan que "a partir de la toma de las operaciones de dicha terminal no habrá ningún empleado en empresas tercerizadas de ningún gremio portuario.

En la carta se hace también referencia a la necesidad de "generar transparencia" para llegar a una futura licitación sin costo social alguno. Y agregan que Terminal 7 "mantiene excelentes relaciones con los armadores que operan actualmente en Bactssa".

Mensaje a Alberto Fernández

La sociedad dueña de Terminal 7 también hizo llegar una carta similar al propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, con términos parecidos y solicitando una audiencia para ampliar los términos de la propuesta. "La idea es  colaborar con vuestra administración en un tema tan sensible como lo es la continuidad de los 600 puestos de trabajo del sector portuario con la misma remuneración hasta tanto se pueda realizar la licitación del Puerto de Buenos Aires", dice la carta firmada por Gabriel Ruocco, presidente de Terminal 7 S.A.

De esta forma, el ya conflictivo escenario portuario porteño suma un nuevo condimento a la dura coyuntura económica que atraviesan las actividades de la zona, con una caída de hasta un 30% en los volúmenes y con un futuro incierto en cuanto a las inversiones de la magnitud que necesita la zona.

Puerto: a mediados de 2022 se convocará a una licitación pública internacional.

Problemas legales

En principio, el Gobierno y las autoridades de la Administración General de Puertos (AGP) plantearon un cronograma que finalizaría como mínimo en el 2023 con la firma de los nuevos contratos con las dos operadoras portuarias que se adjudiquen la licitación.

Pero la situación legal de Bactssa está provocando ciertos problemas que podrían demorar esta agenda oficial.

En abril del año pasado y tras haber anulado el proyecto licitatorio del anterior gobierno de Mauricio Macri, el ministro Meoni, prorrogó las operaciones de las tres terminales hasta mayo del 2022. Pero como la tarea demanda tiempo para el análisis, preparación y elaboración de los pliegos, la idea es extender las actuales concesiones hasta principios del 2023.

Mientras tanto, habrá un plazo de transición y una agenda de trabajo sobre los pliegos, que se van a terminar de pulir hacia finales del 2021. Luego se convocará a una licitación pública internacional a mediados del 2022.

Si ese calendario se mantiene, los nuevos contratos de concesión estarían adjudicados a principios del 2023 mientras que el desembarco de los concesionarios dependerá de si se trata de los actuales grupos o de inversores nuevos, en cuyo caso la ventana de intercambio será más larga.

En el caso de Bactssa no corren los mismos plazos ya que, por motivos legales, no estaría en condiciones de seguir operando más allá de mayo próximo, a diferencia de las otras dos concesionarias que se mantendrán hasta mayo del 2022, en una primera instancia.

El volumen operado en la zona portuaria porteña viene cayendo por la recesión local.

El problema pasa por el contrato inicial de este grupo que es más corto que el de los otros dos operadores desde su inicio. Si bien los tres se adjudicaron en 1992, durante el Gobierno del ex presidente Carlos Menem y luego fueron prorrogados en varias ocasiones, en el caso de Bactssa no puede ser ampliado una vez más luego de la última prórroga acordada en mayo pasado.

En cambio, los convenios de las otras dos concesionarias les permiten continuar con nuevas extensiones por otros dos años, es decir hasta el 2024 o 2025, con lo cual cubrirían los tiempos que las autoridades estiman necesarios para adjudicar las terminales debido a una cláusula contractual que permite extender las concesiones por un plazo igual al 20% del tiempo total.

En el caso de Bactssa representarían otros 10 meses más o un año entero a partir de mayo del 2021 que es cuando le vence la última concesión. Es decir, no alcanzaría a cubrir el período de transición hasta las nuevas adjudicaciones.

Hace unos meses, el holding que orienta Huchtinson presentó un pedido para igualar sus tiempos a los dos años de ampliación pero ya recibieron una respuesta negativa de parte de la AGP que dejó firme la finalización del contrato el 15 de mayo del 2021.

Las razones para esta negativa tienen que ver con el "desacople" del contrato de Bactssa con los plazos de adjudicación de las nuevas concesiones. Y también al "error" de haber desacoplado el contrato hace cinco años, durante la anterior gestión macrista de la AGP, cuando se ampliaron los contratos.

Si bien el Gobierno plantea el reparto de las actividades de Bactssa entre las otras dos terminales, ahora habrá que seguir de cerca el resultado de la propuesta de los dueños de Terminal 7 para continuar con esas operaciones durante el plazo que demore el proceso licitatorio y manteniendo el trabajo de entre 800 y 1000 empleados.

El proceso es importante, teniendo en cuenta el incómodo clima sindical que atraviesa la zona por estos días, con distintas situaciones de reclamos gremiales.