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Rechazo empresario al proyecto K para limitar la independencia de la Justicia

Para los hombres de negocios, el Gobierno sólo busca acumular poder político a partir del proyecto de ley que reforma el Ministerio Público Fiscal
19/05/2021 - 16:38hs
Rechazo empresario al proyecto K para limitar la independencia de la Justicia

Mientras el Gobierno avanza con el objetivo de reformar el Ministerio Público Fiscal (MPF) a partir de haber obtenido dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados y media sanción del Senado, empresarios de todos los sectores salieron al cruce de la iniciativa con fuertes críticas a una reforma que se podría tratar en el Congreso en los próximos días y que plantea cambios que afectarían la independencia del jefe de los fiscales.

Los hombres de negocios cuestionan tanto el momento elegido por el Frente de Todos para encarar este proceso como los contenidos de la iniciativa que nació de las usinas del kirchnerismo.

En especial, la modificación de la mayoría requerida para designación el Procurador a partir de la cual el Gobierno puede imponer al postulante que decida sin necesidad de consensuarlo con las demás fuerzas políticas.

Pero también se manifiestan desconcertados por la agenda de gobierno que impulsa el mismo presidente, Alberto Fernández, mientras no se toman medidas para disminuir la pobreza, reducir la inflación, generar empleo y evitar un abismo sanitario, social y económico como el que está a punto de caer el país a partir del fracaso de las acciones oficiales para combatir la pandemia del Covid-19.

En ese sentido, creen que no es hora de modificar la Justicia para acumular poder político y que, por el contrario, el Gobierno debe concentrar las energías en generar trabajo, gestionar de forma eficiente la emergencia sanitaria y controlar la inflación mediante medidas concretas, como las que ya funcionan en el resto del mundo.

Al respecto, la Cámara de los Estados Unidos en la República Argentina (AmCham) calificó a la iniciativa como de "extrema preocupación" al proyecto por entender que "pretender modificar las mayorías requeridas para la designación del Procurador General de la Nación y los cambios en los tribunales de enjuiciamiento de fiscales federales representan un grave retroceso institucional".

Según la organización que representa los intereses económicos de Estados Unidos en el país, los cambios afectan seriamente la independencia y la autonomía del Ministerio Público establecida por la Constitución Nacional en su reforma de 1994.

A través de lo expresado mediante un comunicado, entienden que mantener la actual mayoría extraordinaria, garantiza la búsqueda de acuerdos y el consenso entre las miembros del congreso, eslabón fundacional de un republicanismo sólido y soberano.

En esta línea, desde la AmCham advierten que el proyecto debe ser rechazado en su totalidad. "Velar por el ejercicio pleno de la división de poderes, siendo éste un principio fundamental de la democracia, es una responsabilidad de todos los actores, entre ellos del sector empresario", destacan en el documento, a través del cual hacen un llamado a una reflexión profunda de los integrantes de la Cámara de Diputados.

"Les pedimos que actúen en base a la defensa de la Constitución y del bien común", sostienen los empresarios por entender que no se trata de una prioridad el tratamiento de proyectos de ley que, no sólo están alejados de las necesidades de la sociedad, sino que atentan contra las reglas democráticas básicas y la seguridad jurídica.

Desde la AmCham plantean la necesidad de contar con instituciones republicanas sólidas, que brinden la previsibilidad y confianza imprescindibles para que aumente la inversión y se generen oportunidades de trabajo y desarrollo.

En este sentido, advierten que la reactivación económica del país dependerá en gran medida de la solidez e independencia de dichas instituciones, particularmente, del Poder Judicial.

Y van más allá al señalar que la vigencia del Estado de derecho constituye un factor crítico para el clima de negocios: la iniciativa privada precisa de un ambiente abierto, transparente y democrático para su desenvolvimiento.

Previsibilidad y confianza

En la misma sintonía se manifestaron los miembros del Foro de Convergencia Empresarial desde donde también se analiza con extrema preocupación el proyecto.

Y como sus pares de la cámara empresaria norteamericana, destacan que la prioridad debe ser la reducción de la pobreza, "que requiere de instituciones republicanas sólidas, que brinden la previsibilidad y confianza imprescindibles para que aumente la inversión y se generen oportunidades de trabajo y desarrollo".

Sus miembros entienden que las modificaciones propuestas en el proyecto de ley debilitan la independencia del Ministerio Público y, por ende, su aprobación tendría un impacto muy desfavorable en cualquier plan que se proponga impulsar para reducir los niveles de pobreza.

"Como ya mencionamos en la carta enviada a los diputados el 30 de abril de 2021, son tantas y tan severas las deficiencias del proyecto CD-180/20,-entre las que cabe señalar la modificación de las mayorías para la designación del Procurador General, las modificaciones en la composición del jurado de enjuiciamiento y las facultades otorgadas a la Comisión Bicameral de Seguimiento, que consideramos que el mismo debe ser rechazado en su totalidad, no pudiendo subsanarse sus defectos mediante modificaciones al texto aprobado en el Senado", enumeran en el comunicado los integrantes del Foro de Convergencia Empresaria.

Desde la cámara que agrupa a los empresarios cristianos se muestran preocupados por la iniciativa kirchnerista
Desde la cámara que agrupa a empresarios cristianos rechazan la iniciativa kirchnerista

También consideran inoportuno promover una reforma que genera crispación y divisiones en momentos en que se debe fomentar la unidad de la sociedad para superar el flagelo de la pandemia. "Una reforma de la naturaleza e implicancias institucionales como la que se impulsa debe ser necesariamente fruto de un amplio consenso, de manera tal que le permita perdurar en el tiempo", aconsejan.

A la postura de este grupo empresario y la de AmCham se suman los integrantes de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, ACDE, quienes expresaron la misma preocupación por el avance en el Congreso de la reforma oficial para modificar las mayorías requeridas para designar al Procurador General de la Nación y los cambios en los tribunales de enjuiciamiento de fiscales federales.

En su comunicado reconocen que la iniciativa "significa un grave retroceso institucional porque cesa la independencia del Ministerio Público establecida por la Constitución Nacional en su reforma de 1994, dejando a los ciudadanos a merced del arbitrio de mayorías circunstanciales en el poder político".

Los empresarios cristianos consideran que una justicia independiente es la columna vertebral de un país democrático y republicano, deseoso de atraer inversiones que generen puestos de trabajo y prosperidad para las familias.

"En tal sentido, muestran su asombro que las negociaciones entre bloques parlamentarios se hagan "a espaldas de la sociedad para determinar la suerte de un proyecto de ley, que pone en entredicho la vigencia de las garantías de debido proceso y libertades fundantes de nuestra República".

Agregan que la Justicia debe controlar a los gobernantes de turno, no supeditarse a ellos, y también contar con fiscales independientes que puedan avanzar con causas extremadamente complejas como narcotráfico, corrupción.

Advierten además que de ser aprobada por los diputados, la ley debilitará la justicia y llevará al país un escalón más abajo en la difícil tarea de volver a crecer vía la inversión productiva directa. "Sin las garantías institucionales necesarias, no hay incentivo posible para la inversión, herramienta fundamental para la construcción de un futuro de desarrollo e inclusión", aseguran.

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