Tal como ocurrió con los servicios públicos de electricidad y gas, el Gobierno acaba de autorizar subas en los peajes de las principales autopistas nacionales.

El incremento, que fue autorizado a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), llega al 9,9% y deberá ser aplicado en las tarifas de las rutas que operan las empresas Autopistas del Sol (Ausol); Grupo Concesionario del Oeste (GCO); Caminos del Río Uruguay y Corredores Viales S.A.

Se trata de un porcentaje similar al aplicado en las tarifas de la electricidad y el gas que el Gobierno definió a fines de abril y que fueron del orden del 9% y el 7% respectivamente. Pero mucho menor al definido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para las tarifas de las autopistas porteñas que se incrementaron 55% en enero y otro 25% en abril pasado.

Como ocurrió en esos casos donde las empresas a cargo de ambos servicios reclamaron retoques mayores, en la contemplada por el ente que depende del Ministerio de Obras Públicas a cargo de Gabriel Katopodis tampoco se tienen en cuenta los reclamos que vienen haciendo los concesionarios, en especial Ausol y GCO, que pretenden cambios mayores supuestamente para acompañar los movimientos de precios de los costos que deben enfrentar para llevar a cabo sus operaciones.

De todos modos, la decisión termina con un período de congelamiento de peajes que se inició en marzo del 2019, cuando el entonces gobierno de Cambiemos decidió establecer un cepo a los cuadros tarifarios en el marco de un escenario macro económico inestable y como forma de garantizar un auxilio a los bolsillos de los usuarios de las rutas nacionales concesionadas.

El congelamiento fue extendido por el presidente Alberto Fernández luego de que, en diciembre del 2019, el Frente de Todos desembarcó en la Casa Rosada ya que se mantenían en el país las mismas condiciones macro que había planteado su antecesor, Mauricio Macri.

Pero el gobierno actual avanzó un poco más y prohibió el cobro de peajes entre el 20 de marzo y el 18 de mayo del 2020, período en el que se mantuvo el servicio de emergencia en la red vial concesionada con el objetivo de garantizar el servicio público de tránsito y la seguridad de los usuarios durante la pandemia del Covid-19.

Además, cuando asumió, el presidente Alberto Fernández instruyó al ministro Katopodis a que se abra una investigación sobre el proceso de renegociación de los contratos de Ausol y GCO a de los accesos Norte y Oeste que Cambiemos había firmado en el 2018 por entender que son perjudiciales para el Estado y favorecen a las empresas a cargo de las operaciones.

Mientras ese proceso continúa y de manera paralela se lleva a cabo un juicio penal contra los principales ejecutivos de Ausol y GCO, las empresas podrán modificar sus peajes a partir de una decisión oficial que va en línea con los preceptos que, en materia de política tarifaria para los diversos servicios públicos, estableció el Ministerio de Economía para el Presupuesto 2021.

En ese marco, Vialidad Nacional llevó a cabo el análisis correspondiente para llegar al porcentaje de suba en toda la llamada Red Vial Concesionada que, como se sostuvo más arriba, será no mayor al 9,9% y será el único del año.

El Gobierno habilita subas en los peajes de las autopistas

La decisión quedó plasmada en la Resolución 676 de Vialidad Nacional publicada en el Boletín Oficial de este jueves 20 de mayo.

Sin embargo, del texto de la medida no queda clara la fecha a partir de la cual los concesionarios podrán empezar a cobrar las nuevas tarifas ya que la norma explica que recién podrán impactar "una vez finalizados los informes y espacios participativos correspondientes".

Esto se debe a que el organismo abrió un procedimiento previsto en el "Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas" que obliga a someter los aumentos a la opinión de sectores de la ciudadanía en general que quieran dejar sus comentarios y observaciones al respecto.

Ese proceso comenzará este viernes 21 de mayo y se extenderá hasta el 14 de junio por lo que es posible inferir que los nuevos valores de los peajes se comenzará a aplicar a partir de la última quincena de ese mes o desde julio próximo.

De todos modos, se trata de un mecanismo formal que no variará en nada el porcentaje de incremento ya definido por las autoridades.

De hecho, la resolución publicada en el Boletín Oficial establece que las nuevas tarifas "tendrán vigencia a partir de darse a conocer a los usuarios a través de su publicación durante dos días corridos, en por lo menos dos de los principales medios periodísticos de la zona de influencia, de manera previa a su aplicación".

Rechazo empresario

Está claro que el incremento será rechazado por las concesionarias, en especial si se tiene en cuenta que vienen reclamando desde hace varios años retoques que contemplen la evolución de la inflación y de los movimientos del tipo de cambio ya que los contratos se encuentran atados en parte a la cotización del dólar.

También teniendo en cuenta que la ecuación de negocios de Ausol y GCO se encuentra comprometida por esta falta de actualización de los peajes y por una significativa caída en el tránsito circulante por sus rutas que, por ejemplo, en diciembre del 2020 cayó un 13% al registrado en el mismo mes del ejercicio 2019. Asimismo, entre enero y febrero pasados se registró un tránsito un 10% menor al del año anterior, mientras que en abril, luego de la implementación de las nuevas restricciones de circulación, la baja llegó al 11% si se lo compara con el mismo mes del ejercicio del 2019, tal como figura en el informe de resultados publicado por Ausol en la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El presidente Alberto Fernández mantuvo el congelamiento de peajes cuando asumió en diciembre del 2019

En el documento, la empresa explica que viene aplicando una serie de medidas para preservar la salud de su personal y enfrentar los gastos y la caja, reduciendo los gastos pero manteniendo los estándares de calidad y seguridad necesarios, además de negociar con los proveedores para obtener una reducción de los pagos tendiente a mitigar el impacto de las medidas dispuestas por el Estado Nacional contra el Covid-19 y los incumplimientos del régimen tarifario del acuerdo integral.

"La dirección de la sociedad continúa monitoreando permanentemente la evolución de las situaciones mencionadas precedentemente para tomar aquellas medidas necesarias para preservar la vida humana y determinar las posibles acciones a adoptar e identificar los eventuales impactos sobre su situación patrimonial y financiera. El alcance final de los efectos derivados de las medidas dispuestas por la pandemia es aún desconocido e imposible de predecir con seguridad a estas alturas", argumenta la compañía propiedad del holding español Abertis.