Cristóbal López y su socio histórico, Fabián De Sousa, estarían encaminados a recuperar el control del grupo Indalo, que fundaron en 1999 y que perdieron luego de denuncias, procesamientos y varios años de cárcel que debieron enfrentar durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri.

Eduardo Favier Dubois, abogado que los representa en la causa iniciada en el 2016 por la quiebra de Oil Combustibles, presentó un pedido para que se decrete la conclusión del proceso y se les devuelva a los empresarios la titularidad de la compañía y del resto de los activos del grupo.

Lo hizo ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 5, a cargo de María Soledad Casazza, en base a que se concluyó con el procedimiento llamado avenimiento mediante el cual se procedió a cancelar la deuda total de la petrolera.

En el escrito, el abogado anticipa haber logrado la conformidad de 262 acreedores, incluyendo a la AFIP, estar negociando con otros 35 que también brindarán su conformidad a la oferta de pago, llevando el total a 297 consentimientos. Solamente quedarían hasta ahora afuera del proceso 37 tenedores de deuda de Oil Combustibles que no pudieron ser hallados, con lo que se alcanza la cifra de los 334 acreedores verificados y declarados admisibles.

A partir de esta cifra, Favier Dubois asegura que, entre conformidades ya agregadas y nuevas, la petrolera ha presentado acuerdos con el 95,90% del pasivo verificado o declarado admisible en el proceso de quiebra. Y estima también que, con la presentación complementaria, serán presentadas conformidades que elevarán el porcentaje a 99,95 % del total.

En el caso especial de la AFIP, considerado el acreedor de mayor relevancia, el 26 de marzo pasado y luego de rigurosos análisis técnicos sobre la procedencia de la solicitud el organismo otorgó también su consentimiento para la finalización del proceso, condicionado a una sentencia favorable antes del 26 de julio próximo.

Para el representante de López y De Sousa se trata de una fecha posible ya que no tiene intenciones de prorrogar los plazos por entender que se han logrado reunir todos los requisitos para concluir con la quiebra de Oil dentro del tiempo original otorgado.

"Tal como surge de las distintas presentaciones en este incidente, entre los acreedores que prestaron su consentimiento hay proveedores de insumos y servicios, importantes empresas de la industria del petróleo, trabajadores, asociaciones profesionales y organismos públicos y privados de toda índole", sostiene el escrito.

Agrega Favier Dubois, que "la cantidad y diversidad de apoyos demuestran que se ha realizado un esfuerzo genuino, franco y constante destinado a satisfacer el interés de la totalidad de quienes pudieran pretender la liquidación de los bienes de Oil Combustibles para satisfacer sus créditos".

De hecho, entre los que avalan el levantamiento de la quiebra de la petrolera se destacan empresas como Tecpetrol (Techint); Pampa Energía (Mindlin); Chevron; Axion Energy (Bulgheroni); Compañía General de Combustibles (Eurnekian); Vista Oil and Gas (Galuccio), Gregorio Numo y Noel Werthein (Grupo Werthein) y Transportadora Gas del Norte (TGN).

De igual manera lo hicieron Shell, los bancos Nación y Macro, y sindicatos como el SUPEH y el de Trabajadores de Petróleo, Gas y de los Combustibles de Origen Vegetal de Santa Fe, además de proveedores de insumos críticos como Acindar; Albanesi; Antares Naviera; Bio Ledesma; Central Argentina Internacional; Edesur; Litoral Gas y Merck, según detalla el anexo. A esta lista se suman los municipios de San Lorenzo y Comodoro Rivadavia y los fiscos de las provincias de Buenos Aires: Corrientes; Chaco; Río Negro; Santiago del Estero y Salta.

El informe también explica que sobre el 0,05% de los acreedores que todavía no fueron contactados, se les depositarán los $4 millones que conforman ese monto sin identificar como garantía a partir del 12 de julio próximo para asegurar que puedan cobrar los créditos que pudieran tener, con los intereses incluidos.

"Se aprecia entonces, en función de las reseñas legales y doctrinarias efectuadas y de los precedentes judiciales traídos a colación, en su contraste con los antecedentes de la causa, que Oil Combustibles ha acreditado ampliamente el cumplimiento de los presupuestos que habilitan a declarar finalizada la quiebra por avenimiento", señala el escrito recibido por la jueza Casazza.

López y De Sousa, cerca de retomar el control de Oil Combustibles.

Los empresarios entienden que la extinción del proceso de quiebra les permitiría recobrar la explotación del "menoscabado giro empresarial, para sanearlo y relanzarlo, lo que está alineado con sus derechos constitucionales de libertad de empresa y de propiedad, y es también beneficioso para la sociedad en su conjunto".

Recuerdan que la petrolera desarrollaba dos actividades bien diferenciadas. Por un lado, su core business, dado por su unidad de negocios petroleros conformada por la Refinería San Lorenzo y su puerto, con la actividad de refinación y venta combustibles y el abastecimiento a su red de estaciones de servicios.

Por el otro, su rol como sociedad financiera o de inversión mediante la adquisición de paquetes accionarios de diversas compañías con presencia en las distintas fuentes productivas del país.

Es decir, como un holding conformado por un grupo de empresas de Inversión; prestadoras de servicios de operación management; de exploración y producción de hidrocarburos; obra civil e ingeniería y de administración ambiental, producción radial y televisiva, entre otras. Como ejemplos, se nombran a OIL M&S; Petrolera Cerro Negro; Compañía Aseguradora Providencia; Alcalis de la Patagonia; las constructoras CPC y Esuvial; Ideas del Sur y Telepiu.

Un holding que llegó a facturar en los últimos 12 meses alrededor de $17.500 millones, poseer activos por más de $30 mil millones, emplear de manera directa a más de 3.000 personas y generar empleo indirecto que alcanza a más de 10.000 familias. "Todas las empresas resultan líderes en su rubro, resultando cada una de ellas un agente económico esencial en el mercado en el que participan activamente", sostiene el abogado de López y De Sousa.

En el mismo sentido, Favier Dubois recuerda que muchas de esas empresas han atravesado su concurso preventivo de acreedores que fueron homologados mientras que otras aún están atravesando su proceso concursal pero encaminadas hacia la consecución de las mayorías necesarias para autorizar también sus propuestas para reestructurar sus pasivos.

En el caso de Oil Combustibles, el informe sostiene que la actividad propia del negocio petrolero cesó cuando la tenencia de los activos fue entregada a YPF, tras la licitación en la quiebra el 22 de octubre de 2018.

"No hay entonces motivos que justifiquen mantenerla en estado de liquidación de activos, ya que a esta altura la totalidad de sus acreedores han sido satisfechos, o podrán serlo con absoluta seguridad", añade el abogado en el documento.

Causa penal

De manera paralela, ambos empresarios mantienen las denuncias penales contra el ex presidente Macri y otros miembros de su gobierno a quienes consideran responsables de la quiebra del holding.

La petrolera fue denunciada durante la gestión de Cambiemos de un supuesto desvío de $8.000 millones del impuesto a la transferencia de combustibles para financiar la compra de otras empresas.

Luego de varias investigaciones y de otras causas penales vinculadas con los accionistas del grupo, se decretó la quiebra de Oil Combustibles y ambos empresarios fueron enviados a prisión durante casi un año y medio.

Sin embargo, fueron excarcelados a la espera de retomar las actuaciones del juicio en el cual ambos buscan probar de que fueron acusados ilegalmente a partir de una maniobra orquestada por el anterior gobierno y funcionarios como el ex titular de la AFIP, Alberto Abad.

De hecho, existe una causa paralela que Fabián De Sousa le inició al propio Mauricio Macri en donde lo acusa de haber sido el jefe de una asociación ilícita que intentó manipular la justicia y que tuvo como objetivo hacer desaparecer las empresas del Grupo Indalo.

En la denuncia, se recuerda que Oil Combustibles fue declarada en quiebra en mayo del 2018, mientras ambos empresarios pasaban sus días en las cárceles bonaerenses de Ezeiza y Marcos Paz, en el marco del proceso judicial abierto para investigar una supuesta defraudación al Estado y desviación de fondos cercanos a los $8000 millones que había presentado la AFIP.

De hecho, una vez que logren el objetivo de recuperar Indalo pretenden determinar los responsables de que la misma haya llegado a dicha situación, entendiendo que los fallos en los cuales se asegura que hubo un procedimiento "fraudulento y ruinoso" de parte de los accionistas de OCSA formaron parte de la avanzada legal macrista.

Fabián De Sousa le inició a Mauricio Macri una causa penal en donde lo acusa de haber sido el jefe de una asociación ilícita 

Para los abogados de López y De Sousa, esa conclusión se basa en un fallo de primera instancia firmado por Javier Cosentino el último día que estuvo en el Juzgado Comercial 5, ya que siempre fue subrogante, y que establece la fecha de cesación de pagos junto con el inicio de operaciones de la empresa que respaldó de pleno derecho, o sea sin prueba alguna.

Tanto los empresarios como los síndicos de la quiebra habían pedido la apertura a prueba (informes económicos financieros), para determinar la época exacta de la cesación de pagos, cosa que Cosentino no autorizó.

Las fuentes entienden que es la primera vez en la historia comercial que la época de cesación de pagos se establece de pleno derecho y sin apertura de prueba y por eso explican que el fallo fue recurrido ante la Cámara de Apelaciones en donde la fiscal estableció que se trataba de una arbitrariedad, por lo que pidió la revocación del fallo y la apertura a pruebas.

En ese sentido, la Sala D del fuero comercial ratificó el fallo considerado ilegal y arbitrario de Cosentino por lo que las fuentes legales cercanas a ambos empresarios aseguran que todos os actos que ha tomado esa sala comercial, ratificando los fallos del juez puesto a dedo, han sido contrarias a la ley, entre ellos los de validar el proceso de crowm down ilegal que determinó Cosentino.

También que los liquidadores (abogados) podían y tenían aptitudes para valuar los bienes a vender, y por ello la valuaron al 10% de la oferta que la compañía tenía a principios de 2017. Los abogados entienden que la ley establece un proceso de profesionales habilitados para este trabajo, contadores y bancos de inversión.