De mal en peor: en lo que va del año Edesur acumula pérdidas mayores a las de la última década
Durante el primer semestre del año, Edesur registra nuevamente pérdidas récords por $12.375 millones que representa un fuerte incremento del 22% con respecto a los $3.879 millones que también había perdido en el mismo semestre pero del 2020.
Lo resultados reflejan la fuerte crisis financiera que atraviesa la distribuidora propiedad del grupo italiano Enel que ofrece sus servicio a cerca de 2,5 millones de clientes de más de dos millones de hogares y abastece a comercios y a grandes empresas en un área de concesión de 3.300 km2 en la zona sur de Capital Federal y 12 partidos de la provincia de Buenos Aires.
De hecho, es la empresa de servicios públicos que mayores pérdidas acumula desde el 2010 teniendo en cuenta que al resultado negativo del primer trimestre de este año se le deben sumar los balances negativos de los últimos 10 años que, en conjunto, acumulan $11.400 millones.
Si se comparan estas cifras y se recuerda el rojo de $12.375 millones entre enero y junio pasados, se puede sostener que en tan sólo seis meses, Edesur perdió más que en la última década. Incluso, a pesar de que el gobierno del presidente Alberto Fernández otorgó una suba de tarifas del 9% que se comenzó a aplicar a partir de mayo.
Las razones que justifican semejante deteríoro de las cuentas de Edesur suelen ser las misma: tarifas congeladas, aumentos insuficientes, gastos creciente, inflación, devaluación y, en el último año, las medidas sanitarias y restricciones impuestas para combatir la pandemia del Covid-19.
En el caso del primer semestre de este año, logró algunas mejoras como un aumento de la demanda acumulada de energía eléctrica del 3,4% con respecto a igual período del 2020, alcanzando 9.954 GWh. Esto, a su vez refleja un incremento del 0,8% de la demanda por tipo de usuario, mientras que los consumos intermedios (sector comercial), registraron una caída del 1,9% y el consumo de las grandes demandas (No Residencial mayor o igual a 300 kW) presentó un notorio incremento del 35%.
También sus ventas de energía, que llegaron a los 7.994 GWh, tuvieron un incremento del 2% con respecto a igual período del año pasado, cuando había alcanzado los 7.843 GWh, debido a que no estuvieron vigentes las mismas restricciones de confinamiento por pandemia, situación que le permitió una lenta recuperación del consumo, principalmente en el sector industrial.
De todos modos, las pérdidas acumuladas de energía de la distribuidora se incrementaron en 9%; sus ingresos registraron una disminución del 24%, a pesar de la entrada en vigencia de la Resolución ENRE N° 106/2021, que aprobó un aumento promedio del 9% en el cuadro tarifario a partir del 1° de mayo pasado, que se tradujo en un incremento del valor agregado de distribución (VAD) del 21,8%.
Dicho incremento no resultó suficiente para revertir la caída de los ingresos ni de su EBITDA que arrojó una pérdida de $833 millones, reflejando el impacto de la caída de ingresos a pesar de la reducción de los costos operativos que también se vieron afectados por la caída registrada en el resto de los indicadores y por mayores costos por depreciaciones producto de las mayores inversiones realizadas.
Ante este escenario, el resultado del período empeoró respecto al del primer semestre del año pasado debido, fundamentalmente, a un mayor cargo por impuesto a las Ganancias como consecuencia de la aplicación del sistema de alícuotas por escalas introducido por la Ley N° 27.630, que ubicó la tasa aplicable a la sociedad en un 35%, en comparación con el 30% aplicado para el ejercicio 2020.
A esto se suman las mayores pérdidas operativas registradas y la suba de los costos financieros netos, parcialmente compensado por una mayor ganancia por ajuste por inflación.
Al respecto, Claudio Cunha, Country Manager de Enel en Argentina, efectuó un crudo escenario sobre la situación actual de la compañía y aclaró que el retoque tarifario no es suficiente para revertir la situación.
"Después de dos años de congelamiento de tarifas, el ajuste del 9% recibido resulta insuficiente para mantener la calidad de servicio que nuestros clientes y que el desarrollo de la economía del país necesitan", advirtió el ejecutivo en un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
De todos modos aclaró que "los accionistas de Edesur seguimos acompañando, pero necesitamos que se avance en una solución definitiva, ya sea vía subsidio o tarifa."
Una de las pocas buenas noticias que logró Edesur en el primer semestre de este año fue la reducción de su deuda neta en un 50% respecto de diciembre del año pasado, principalmente debido a los menores saldos de deuda financiera. También se incrementaron las inversiones en un 24% en comparación con el primer semestre del año pasado.
Sin embargo, el panorama de la compañía es incierto, teniendo en cuenta el deteríoro financiero y comercial que ha venido sufriendo en la última década y que es mayormente producto del congelamiento de los precios de la tarifa impuesto por los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.
De hecho, el año pasado también vio retroceder sus ingresos en un 25%, producto del congelamiento tarifario vigente y de varias medidas impuestas por Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y otras relacionadas, durante la pandemia.
Cepo y política
La compañía y sus autoridades se encuentran acostumbrados a operar en un escenario de cepo de precios, con incrementos de costos y balances que, año tras año, describen la complicada situación financiera que le toca atravesar.
Estados contables que, desde el 2010, reflejan nada más que tres períodos positivos y otros siete negativos. Con una importante salvedad vinculada al balance del 2019, cuando informó ganancias por $12.600 millones. Si bien la cifra parece contundente y debería servir para dar por tierra con los argumentos de la compañía en contra del congelamiento, lo cierto es que refleja un asiento contable vinculado al intercambio de deudas cruzadas con el Estado nacional que le permitió evidenciar en ese balance un elevado nivel de rentabilidad.
En concreto, el número visualiza los ajustes contables no recurrentes derivados del acuerdo firmado con las autoridades nacionales para la resolución de los asuntos regulatorios pendientes relacionados con el período 2006-2017.
Es por eso que semejante nivel de rentabilidad no le permitió tampoco recomponer su flujo de caja, ni siquiera gracias al impacto de ese fuerte incremento de tarifas logrado durante el anterior gobierno de Macri.
La distribuidora también sintió los efectos de la recesión y la crisis económica, ya que sus ingresos siguieron cayendo debido a una menor demanda de energía como resultado del contexto macroeconómico adverso.
De hecho, solamente en el 2018 y el 2015 repitió balances positivos, con ganancias por $3087 millones y $1330 millones, respectivamente. El resto de los estados financieros de los años que componen la última década fueron escritos en rojo.
En el 2010 perdió $52,7 millones; en el 2011 otros $461 millones, mientras que en el 2012 su rojo fue de $1066 millones. Un año después, pasó a pérdidas por $1160 millones; en el 2014 a $1358 millones.
Luego del resultado positivo del 2015, en el 2016 volvió a la senda negativa con una pérdida por $276 millones. El 2017 lo cerró también en rojo, con $1046 millones, para lograr nuevamente un resultado positivo en el 2018, al igual que el balance del 2019 con el ajuste contable explicado más arriba de esta nota.
El cierre de la década, lo da el estado de resultados del 2020, cuando retomó el sendero de complicaciones y cerró el año otra vez en rojo.
Como en los últimos 10 años, siguió sin distribuir dividendos y reinvirtiendo la totalidad de los recursos disponibles al punto que el año pasado usó $9.487 millones para ese objetivo y que, sumados a los más de u$s700 millones invertidos en los últimos cuatro años (2016-2019), le han permitido una mejora en la reducción de la duración promedio de los cortes en un 29%.
Más allá de los datos económicos, la relación de los ejecutivo de Edesur y del propio grupo Enel con el Gobierno no es buena teniendo en cuenta que las autoridades nacionales optaron por mantener el congelamiento; frenaron el acuerdo de tarifas que el sector había alcanzado con el anterior gobierno y avanzan en dos investigaciones contra la empresa vinculadas a una denuncia hecha por un grupo de intendentes bonaerenses y a un incendio que generó un masivo corte de electricidad en enero pasado.
De hecho, sectores del oficialismo que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner impulsan la recisión del contrato de concesión y la estatización del servicio que en la actualidad opera en la zona sur porteña y 12 municipios bonaerenses (Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes y San Vicente).