"Vamos a hacer de Internet un servicio público, para que no nos sigan robando con las tarifas. Y que se enojen los que se tengan que enojar". Alberto Fernández volvió a poner a las telecomunicaciones, y en particular a las grandes empresas que proveen servicios, en el centro de la escena a semanas de las elecciones legislativas.

La última vez que el Presidente había colocado este tema como eje central de su agenda fue en octubre de 2020 cuando, por medio de un DNU, declaró servicio público en competencia a los servicios de telefonía móvil e internet al hogar. Fernández sopló la brasa y el fuego se encendió.

El contexto político es algo diferente al de 2020. Con la pandemia difuminada en la agenda de debate social y política, la crisis económica y las elecciones aparecen en primer plano. Y para sumar leña al fuego, el DNU 690 que declaró servicio público a internet y telefonía móvil fue judicializado por Telecom, Telefónica y otras empresas. Como resultado de esas acciones, la aplicación del decreto está frenada en los hechos para las grandes empresas por decisiones judiciales.

El Gobierno perdió el poder de regular precios de abonos a pocos meses de habérselo otorgado. La última palabra la tendrá la Corte Suprema, instancia a la que decidieron acudir los directores oficialistas del ENACOM e integrantes del propio Poder Ejecutivo. Sin embargo, los tiempos de la Corte suelen ser diferentes a los de la agenda política y mientras la cautelar que suspende la aplicación del 690 vence en octubre, es probable que los plazos se extiendan con una renovación de la misma.

En este marco, el Presidente no solo realiza una confirmación de la decisión política materializada en un DNU y transformada en ley por el Congreso sino que avanza sobre las empresas al acusarlas de "robar" a sus clientes.

Según el CEO de Telecom, el Gobierno pone en juego dos puntos y medio del PBI nacional

Casi como respuesta a la voz oficial, el mismo lunes se conocieron los resultados económicos de Telecom (principal actor del mercado y único con presencia significativa en todos los servicios de comunicaciones) y su CEO, Roberto Nobile, fue entrevistado por Bloomberg. Los resultados publicados muestran que las ventas de la corporación cayeron, en todos sus servicios, unos u$s140 millones en el primer semestre de 2021 contra el mismo período del año pasado.

Para Nobile, la medida es de tinte político-económico y pierde de vista lo estratégico del mercado telco. "Es una medida que toca intereses de gente que está ayudando muchísimo al Gobierno. Los acuerdos de vacunas se generaron con algunos accionistas de compañías que están siendo afectadas por este decreto. La verdad que es inexplicable. Muchas de las cosas se manejan en función de encuestas, y eso hace que a veces se tomen medidas coyunturales que luego se transforman en medidas definitivas. Pero aunque crean que ganan votos, en realidad lo que están haciendo es perdiendo votos futuros, porque si la industria se transforma en lo que hoy son las eléctricas, terminaría siendo un servicio muy débil que no va a poder evolucionar como el país necesita".

Según el CEO de Telecom, el Gobierno pone en juego dos puntos y medio del PBI nacional.

La otra cara de la moneda es la de las inversiones que las empresas de telecomunicaciones para actualizar, mantener y mejorar el funcionamiento de sus servicios (que encabezan el ranking de quejas en las oficinas de defensa del consumidor). En ese rubro, se destaca que cuando el macrismo le abrió de par en par las puertas al sector para que obtuvieran más espectro, mejores condiciones de precio en los abonos y condiciones favorables para girar dividendos a casas matrices en el exterior, las inversiones estuvieron lejos de ser las prometidas.

Como complemento de la arremetida de Fernández, el Presidente de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado anunció el envío de un proyecto de ley que replica casi con exactitud la letra del DNU 690 e intenta establecer una vía alternativa para regular precios en la industria. Alfredo Luenzo, el senador en cuestión y que termina su mandato en diciembre de este año, manifestó que se trata de un proyecto que busca acompañar la voluntad presidencial.

En este marco, las telecomunicaciones vuelven a aparecer en el centro de debate político aunque pareciera ser objeto de peleas más económicas (como las que el gobierno establece con los prestadores de luz, gas o agua) que de política de comunicación.