Con un escenario incierto para el futuro de las telecomunicaciones causado por medidas como la declaración de servicio universal del sector y el congelamiento de las tarifas, el Gobierno intenta encontrar una salida consensuada a la crisis que lo enfrenta con las principales operadoras.

Por lo menos así surge de las palabras de uno de los principales voceros del Poder Ejecutivo en una industria que representa alrededor del 3% del PBI de la Argentina.

Es decir, con Claudio Ambrosini, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el organismo técnico de control creado durante la anterior gestión del ex presidente Mauricio Macri para impulsar el proceso de convergencia tecnológica y regular las condiciones de mercado que, según su acta constitutiva, "garanticen el acceso de todos los argentinos a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión".

Durante su discurso pronunciado en el marco del acto inaugural de las Jornadas Internacionales organizadas por ATVC y CAPPSA en modalidad virtual, el funcionario pidió a la industria "trabajar en conjunto, porque sabemos que ese es el camino para encontrar soluciones de consenso".

De hecho, se trata de un reclamo que las empresas de telecomunicaciones vienen haciendo desde que se enteraron por los medios de una decisión del presidente Alberto Fernández que modificó profundamente las reglas de juego y tuvo consecuencias negativas para el desarrollo del sector como fue el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690.

La medida, dada a conocer a fines del 2020, suspendió, en el marco de la emergencia sanitaria del Covid-19, aumentos o cambios en los precios establecidos por licenciatarios TIC de radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico o radioeléctrico y los correspondientes al servicio de telefonía fija o móvil, en cualquiera de sus modalidades, a los de Internet y a los servicios de televisión satelital por suscripción.

Además, calificó a estos servicios como públicos, al estilo de lo que ya sucede con la electricidad, el gas o el agua potable.

En su exposición, Ambrosini, hizo referencia indirecta a esta situación, al sostener que el Estado "nunca perdió la capacidad de dialogar con todos los actores a pesar de las diferencias de los últimos tiempos".

Recordó que durante la pandemia, el Gobierno se enfocó en garantizar la conectividad para todos los argentinos, creando programas destinados a los sectores vulnerables y generando un esquema de créditos a tasas subsidiadas para las empresas.

Ahora, el titular del Enacom entiende que llegó el momento de "sentarnos para analizar las complicaciones que se han generado y encontrar una solución a las diferencias porque la única salida es entre todos".

De hecho, aprovechó las Jornadas de Cable para instar a la creación de una mesa de diálogo, para plantear los problemas entre el Estado y el sector privado con el objetivo puesto en "llegar a una instancia de éxito".

Sus palabras fueron bien recibidas por parte de los representantes de este evento que ya lleva 31 años siendo organizado por las dos mayores cámaras empresarias del sector.

Por caso, Walter Burzaco, presidente de ATVC, quien si bien cuestionó duramente los cambios regulatorios a los cuales calificó de "inexplicables" por haber sido encarado en medio de una instancia de diálogo y trabajo conjunto con el Gobierno, reclamó como "imperativo" salir de esta situación a partir de un acuerdo entre del Gobierno y del sector para "dejar la confrontación para potenciar el desarrollo del país, creando nuevas oportunidades y construyendo un futuro mejor".

Más allá de sus palabras de acercamiento, Burzaco fue duro con respecto a las consecuencias negativas que generó el decreto presidencial.

"Se dispuso un congelamiento ajeno a la realidad de nuestros costos, inadecuado por la necesidad de continuas inversiones para expandir y mantener las redes ante el aumento de la demanda, y a contramano de la situación económica en general", aseguró el empresario.

Para graficar su cuestionamiento, hizo referencia a los últimos datos de inflación difundidos por el Indec que, en su comparación interanual al mes de agosto ubica la suba de precios en un 51,4% mientras que el rubro comunicación apenas llegó al 26,4%.

Burzaco también estimó que las inversiones se redujeron un 50% en moneda constante, entre el 2018 y el 2020 y advirtió que el DNU presidencial dispuso un cambio de reglas que consideró "inédito" al calificar de servicio público a un sector que nació y se desarrolló en competencia.

"Junto a la decisión hubo definiciones y descripciones injustas sobre el desempeño de una industria que tiene más de 1.200 operadores independientes", sostuvo.

Si bien las empresas presentaron sendos recursos de amparo contra el congelamiento, y lograron aval de la justicia para modificar los precios de sus servicios, en la industria saben que la discusión sobre el DNU excede el marco de las consideraciones legales.

Se asegura que el impacto es fáctico y que sus resultados lo tornan regresivo para el desarrollo de un país que precisa la inclusión digital y el ingreso a la sociedad del conocimiento, al no solo afectar a un sector, sino porque también niega oportunidades a la totalidad del cuerpo social.

Por eso, no creen que la intención declamada por la norma presidencial de zanjar la brecha digital o hacer universal el acceso, se alcance por medio de la declaración del sector como "servicio público", teniendo en cuenta que, según los propios datos del Indec, el 90% de los hogares del país cuentan con al menos una conexión a Internet, sea fija o móvil.

"En esta calificación, junto al congelamiento de precios impuesto, radica la génesis de nuevas desigualdades que aventajan a los sectores más pudientes por encima de los necesitados", advirtió Burzaco desde su discurso inaugural de las Jornadas de Cable.

En este sentido, argumentó que al congelar todos los servicios, el DNU presidencial impide a las operadoras competir en los segmento de gama media y alta orientados a los sectores con mayor capacidad adquisitiva.

Compleja regulación

Para Burzaco, es aún más complejo "interpretar la regulación y el yugo sobre un sector que invierte en dólares y cobra en pesos, que genera empleos calificados en todo el territorio, que es uno de los principales contribuyentes y que reinvierte en infraestructura de redes para beneficio del país, frente a la libertad otorgada a quienes prácticamente no generan empleos, casi no tributan en el país, cobran en dólares y no aportan inversiones. Una extraña suma cero que pasa desapercibida".

Con sus palabras, hizo alusión a la plataformas de contenidos y a las redes sociales por entender que utilizan la infraestructura del sector gratuitamente, tensionan la capacidad de oferta, provocan ingentes aumentos en la demanda del ancho de banda y obligan a invertir constantemente para que los abonados reciban calidad, "mientras que la crítica, las diatribas y la eventual queja de un usuario caen en los que tenemos congelados los precios y los costos en aumento".

El jefe de gobierno porteño acompañó el reclamo de las operadoras de telecom8nicaciones contra el congelamiento de tarifas

De igual modo, Sergio Veiga, Presidente de CAPPSA, pidió evitar regulaciones como el DNU 690 "que afecta a un sector en competencia y fundamental para el desarrollo del país; que afronta desafíos por las nuevas condiciones internacionales y que debe realizar inmensas inversiones para estar a la altura".

Los empresarios tuvieron un aliado en Horacio Rodríguez Larreta, quien también estuvo presente durante la jornada inaugural del tradicional evento y que fue tajante a la hora de sostener que el Estado no debe intervenir en los precios.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires calificó como "el desafío más grande que tenemos en el Cono Sur" a la tarea de llevar conectividad de calidad a más personas y potenciar el crecimiento de todo el sector de las telecomunicaciones.

"Hoy, en Argentina, la cobertura total de los servicios es cercana al 95%. Las telecomunicaciones son una industria fundamental para el desarrollo de nuestro país. La pandemia demostró la importancia de la conectividad y de contar con telecomunicaciones y contenido de calidad, sobre todo para la información, en la transmisión de certidumbre en un contexto tan duro", señaló el funcionario de Cambiemos quien también destacó que actualmente ya son más de 80.000 las personas cuyos ingresos dependen directamente de las telecomunicaciones, y 320.000 los que dependen indirectamente del sector.

"Al talento con el que contamos, debemos sumarle un Estado que entienda el mundo del S XXI, que trabaje con el sector privado para invertir de manera inteligente, que no cambie arbitrariamente las reglas del juego y garantice la estabilidad a largo plazo, que no ponga parches ni límites irracionales en los precios sino que tome medidas que fomenten la inversión y mejoren las oportunidades de los usuarios, que entienda el valor que tiene la conectividad para la información, el entretenimiento y para la libertad", agregó Rodríguez Larreta.