La justicia argentina acaba de trabar un embargo por casi $200 millones contra Eli Lily en el marco de una causa que la farmacéutica norteamericana le había iniciado a Laboratorios Richmond por un presunta violación en el uso de un patente medicina relacionada con un procedimiento utilizable en la obtención del gemcitabina.

Se trata de un juicio iniciado en el 2011 y en el que la empresa que dirige Marcelo Figueiras fue desvinculada de la acusación luego de una investigación en la que se comprobó que no tenía sustento.

El caso se vinculaba a una presunta infracción denunciada por Eli Lily por entender que Richmond violó la ley de patentes en un procedimiento utilizable en la obtención de Gemcitabina, usado para la elaboración de un fármaco oncológico.

Sin embargo, en la causa se probó que la patente no tenía relación con el caso. Además, la justicia entendió que la conducta del laboratorio local de comercializar su producto GEZT no importó la infracción a la patente de Eli Lily.

Ahora, los abogados de la causa caratulada como "Laboratorios Richmond SA c/ Eli Lily and Company s/Daños y Perjuicios", informaron que el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N°3, a cargo de Rafael Stinco, Secretaría N° 6, ordenó trabar embargo a favor del laboratorio argentino.

Según la decisión judicial, el monto debe cubrir los $147 millones en concepto de capital e intereses, más otros $44.1 millones que se presupuestaron provisoriamente para responder a intereses y costas.

El juzgado además comunicó que el embargo ha sido notificado a la empresa Eli Lily Interamericana INC. Suc. Argentina, a fin de que se proceda a embargar dichos importes sobre las sumas de dinero que, por cualquier concepto, se deba transferir, pagar o girar al exterior a la casa matriz.

De salida

En julio pasado, el laboratorio norteamericano especializado en diabetes y medicamentos de alta complejidad había informado sobre el cierre de sus operaciones directas en la Argentina.

La empresa, que ya se había ido del país en los '80 y retornó en la década siguiente, cedió sus actividades a un licenciatario local.

El elegido fue Laboratorio Raffo, que será su representante en el país para el 100% de su cartera de productos y marcas como Humalog; Humulin; Basaglar (insulinas); Glucagon (diabetes); Cialis (disfunción eréctil); Prozac (antidepresivos) y Zyprexa (esquizofrenia).

Su repliegue local forma parte de una decisión regional ya que también deja de tener presencia directa en Chile, Perú, Ecuador y América central, donde tomará su marca el grupo Tecnofarma, una estructura regional de la que Raffo forma parte.

En el caso de Richmond, creó un fideicomiso por u$s80 millones para financiar la producción en el país la vacuna rusa contra el Covid-19 a partir de la firma de un memorándum de entendimiento con el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Instituto Gamaleya.

La justicia decretó que Laboratorios Richmond no cometió delito en el uso de patentes para comercializar u producto GETZ

De hecho, ya comenzó con el desarrollo de varios lotes de la Sputnik V y comenzó las obras para la construcción de una planta en en la localidad bonaerense de Pilar en la cual, una vez finalizada, espera producir 100 millones de dosis para abastecer también a otros países.

Dos realidades que contrastan entre los actores de esta vieja causa judicial que los enfrenta desde hace más de una década. Incluso, en el sector aseguran que la salida del país de Eli Lily coincide con su negativa a cumplir con la sentencia judicial ya que, a pesar del embargo en favor de Richmond, sigue sin pagar, "cuando se benefició por mucho tiempo de una posición dominante de mercado".

De acuerdo a las fuentes, los artilugios legales que impuso Lilly le permitieron quedarse con el monopolio del mercado local por lo menos durante una década.

En el fallo, también se informó que el monto final de condena, con más los costos del pleito, será determinado conforme liquidación final que deberá aprobarse por el juzgado interviniente.

Según fuentes judiciales, la medida cautelar se dispuso en el proceso para cubrir los daños y perjuicios que la justicia dictaminó que corresponde resarcir a Richmond como consecuencia de la medida favorable.