Finalmente, Carlos Rosales, aún dueño de la cadena, dio el paso y metió a Garbarino en concurso preventivo. El movimiento, por demás de polémico, se veía venir. Desaparecido en acción, el empresario dedicó los últimos meses a terminar de desactivar los pocos locales de la compañía que quedaban en pie y, en simultáneo, a cesantear a la mayoría de los empleados de uno de los retails más importantes de la Argentina.

Fue efectivo en su plan: en poco más de una semana, la empresa despidió a 3.400 de sus 4.000 trabajadores. El 85 por ciento de su plantel.

Rosales desoyó por completo la conciliación obligatoria dictaminada por el Ministerio de Trabajo y también fue en contra del DNU que impide las cesantías por el contexto de pandemia. Desde el jueves a esta parte, la batería de telegramas no ha dejado de intensificarse.

Desde el ámbito de los empleados de la firma, sendos representantes señalaron a iProfesional que entre las notificaciones remitidas la semana pasada y las distribuidas a lo largo de esta jornada apenas si restan 600 trabajadores de Garbarino por despedir.

"Los despidos se están llevando a cabo aunque rige el DNU que los impide y está la conciliación obligatoria. Y toda la maniobra se viene desarrollando con respaldo del sindicato de Comercio que encabeza (Armando) Cavalieri", explicó uno de los empleados alcanzados por los telegramas de las últimas horas.

"Van por la totalidad de la dotación. No va a quedar nadie", comentó a este medio otro de los despedidos.

Las familias ligadas a la compañía suman más de un semestre de sueldos impagos de forma completa y entre los empleados predomina la idea de que el destino de la cadena no se resolverá en el corto plazo.

Este ingreso en la convocatoria implica, también, la quita de las posibilidades de indemnización planteadas a algunos de los empleados de la empresa. Erradica, además, la opción de que algunas familias cuenten con la cobertura de algún plan REPRO.

La causa por concurso preventivo que acaba de impulsar Carlos Rosales y su equipo se encuentra asentada en el Juzgado 14 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. La firma reconoce deudas por al menos 10.000 millones de pesos.

Según pudo constatar iProfesional en la central de deudores del Banco Central (BCRA), la cadena mantiene compromisos incumplidos con el Banco de Córdoba, el COMAFI, el VOII y el HSBC, entre otras instituciones. Buena parte de su deuda está catalogada como con "alto riesgo de insolvencia".

La cadena adeuda miles de millones a una batería de bancos y meses de salarios completos.

La cadena acumula 3.780 cheques rechazados por un monto total de 5.762 millones de pesos. La cúpula de Garbarino, siempre según la base de datos del BCRA, no ha dejado de librar cheques sin fondos desde el 24 de enero de 2020 a este mes del corriente año.

Como expuso este medio recientemente, el retail ya cesó sus operaciones de comercialización en todo el país. Y apenas sobrevive un puñado mínimo de sucursales que atienden algunas consultas en el interior de la Argentina.

"No quedan locales haciendo ventas, la cadena no opera más de esa forma. Hay sucursales que levantan la persiana en San Juan, Chaco, Salta y Paraná, pero nada más. No están comercializando productos", dijo a este medio un representante de los empleados de la firma.

Rosales no aparece

El viernes pasado trascendieron una serie de audios presuntamente de Carlos Rosales, todavía propietario de la cadena –aunque "borrado" por completo de las instancias de conciliación con los trabajadores–, donde el empresario hizo referencia a la situación que atraviesa la firma.

En el hilo de mensajes, que sendos trabajadores del retail reenviaron a iProfesional durante la tarde del miércoles, la supuesta voz del CEO de la compañía dio cuenta de un "plan para reflotar todo esto" y de la receta "talento, corazón y garra" para recuperar la operatividad de Garbarino.

En otro de los mensajes, el también tesorero del club San Lorenzo de Almagro reconoció que aún "no hay nada de AGIP (Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)" en referencia a los fondos retenidos por el ente recaudador. Y anticipa que apelará a la Justicia para destrabar ese tema.

La empresa cerró más de 50 locales en todo el país.

"De AGIP no hay nada, todavía no hay nada. Ya metimos el recurso y vamos a ver si lo judicializamos. Pero todavía no hay absolutamente nada. Igual, tenemos que salir de vuelta a refundarnos", se afirma en uno de sus mensajes.

Respecto, justamente, de la "refundación", amplía en el mismo audio: "Tenemos que salir de vuelta a refundarnos. Desde el online y, también, con algunos locales que se van a utilizar para ‘pick-up’ y venta. Vamos a achicarnos para poder agrandarnos. Tenemos que pagar la fiesta de otros, porque estos se llevaron 150 millones de dólares", añade, en referencia a los antiguos dueños de la cadena.