Tras la denuncia por presunto fraude laboral elevada contra la firma ante el Ministerio de Trabajo por el Sindicato de Comercio, RE/MAX hizo caso omiso a la citación y faltó a la audiencia que se celebró durante el mediodía del martes. Desde el ámbito de los comercializadores indicaron a iProfesional que los representantes de la cadena de franquicias no atendieron el llamado pese a estar debidamente notificados. Y que dicha acción asentó un agravante en el proceso abierto.

Dada la inasistencia de los ejecutivos de RE/MAX, Trabajo volvió a fijar nueva fecha de audiencia: será el martes de la semana próxima, también al mediodía, pero ahora bajo apercibimiento de multa. Según comentaron a este medio sendos actores que participaron de la convocatoria, Trabajo además instó a CUCICBA, el colegio que integra a los corredores porteños, a que convoque a sus similares para reunir más pruebas del accionar de la empresa de franquicias.

"El sindicato tomó el guante y pidió citar como tercero no sólo a CUCICBA: la idea es convocar a todos los colegios del país para que den su testimonio, ya que cada una de estas organizaciones y sus socios padecen la misma problemática", comentaron a iProfesional sendos representantes de las inmobiliarias de la Ciudad.

"RE/MAX directamente no se presentó, tal como había anticipado en algunos medios. Y eso pese a que estaba notificada como corresponde. Si en la próxima no se presenta habrá una multa, así quedó establecido. En tanto la compañía tiene operaciones en todo el país, se convocará a todos los colegios para que presenten pruebas de su accionar", añadieron las fuentes.

Además de representantes del Ministerio de Trabajo, de la audiencia a la que no asistió la red tomaron parte referentes del Sindicato de Comercio, la obra social de la misma fuerza, y directivos de CUCICBA.

Comercio considera que la red propone relaciones laborales sin registro alguno.

El viernes pasado, el sindicato elevó ante la cartera un pedido citación para que la empresa brinde explicaciones sobre el status laboral de los agentes inmobiliarios que responden a la red. La secretaría de Asuntos Gremiales de la organización acercó al Ministerio en cuestión una "denuncia de conflicto colectivo" con pedido de audiencia.

Entre sus argumentos, el sindicato alegó que "REMAX ARGENTINA S.R.L., empleador de más de 5.000 trabajadores dependientes, mantiene las relaciones laborales contraídas al margen de toda registración, en franco fraude a la ley laboral, sindical, de obra social y de la seguridad social, enmascarando las mismas bajo la figura comercial del ‘monotributo’".

Más detalles de la denuncia

"La empresa denunciada, valiéndose de su marca internacional, ha armado una extensa red interempresarial utilizando los contratos de franquicia para desplegar un marco contractual de cobertura, con el único objeto de mantener al margen de toda registración a sus dependientes; en franca violación a la normativa vigente de colegiación de la actividad martillera", detalló Comercio en su denuncia.

Añadió el sindicato: "De esta forma, la empresa, en un ingenio al servicio de la ilicitud laboral, utiliza la pantalla del ‘agente inmobiliario’, como una pseudo categoría en contra de la normativa que rige la colegiación de los martilleros, con el único fin de evitar registrar el vínculo laboral dependiente".

La red local de RE/MAX comprende más de 150 oficinas distribuidas en 40 ciudades de la Argentina.

En otro apartado, Comercio sostuvo que RE/MAX opera bajo un "despiadado sistema (que) fue diseñado exclusivamente para hacerle creer a los trabajadores dependientes, que son ‘emprendedores’, ‘hacedores de su destino’, o bien, ‘profesionales inmobiliarios’, a través de su incorporación dentro de su estructura empresarial".

"Con el único objetivo de beneficiarse por la prestación de sus servicios personales. Generando un daño irreparable para la categoría profesional que representan, de ‘empleados de comercio’. Y consecuentemente afectando, en forma directa, la ‘actividad inmobiliaria’", remarcó.

Concluyó el texto: "Ante la gravedad de lo expuesto, se solicita la intervención de V. Cartera de Estado en lo que es materia de su competencia, a fin de hacer deponer a la empresa mencionada en su conducta ilícita".