En el marco de la audiencia pública que se desarrolla este jueves 17 de febrero para analizar un aumento de la tarifa de la luz, los dueños de Edesur aseguran que la distribuidora tiene los precios más bajos de la Argentina y de Latinoamérica.

La afirmación forma parte de un documento que el grupo italiano Enel presentó durante el encuentro virtual organizado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y forma parte de la estrategia de la compañía para demostrar la necesidad de recibir más fondos que le permitan sostener la calidad de su servicio.

Según consta en el informe, la factura que paga la mayoría de los clientes de Edesur es de u$s64 mensuales, mientras que el promedio del país llega a los u$s84.

El reporte indica que un usuario de Córdoba abona el precio más caro a nivel nacional con u$s107 por mes. En segundo lugar se encuentra Tucumán (u$s99) y en tercero Entre Ríos (u$s81), mientras que en la provincia de Buenos Aires se pagan u$s80 cada 30 días y en Santa Fe, u$s72, con un promedio a nivel país que llega a los u$s82 mensuales.

Para el ejemplo regional, la infografía elaborada por la empresa muestra que el país con la tarifa más cara es Guatemala (u$s245); seguido por El Salvador (u$s211) y Perú (u$s199).

En cuarto lugar se ubica Panamá (u$s147) mientras que el quinto puesto lo comparten Costa Rica y Colombia, con u$146 por mes. Luego se ubican Bolivia (u$s130); Brasil (u$s119) y Ecuador (u$s93).

Es más, el documento señala que la población de Argentina con el PBI per cápita más alto paga las tarifas más bajas, a la vez que el 54% de sus clientes residenciales abona menos de $1.000 por mes, con una tarifa que pagan las empresas que representa entre el 0,2% y 4,4% del costo total.

A esto le agrega que entre el 46% y 50% del total de la factura que paga el usuario corresponde a impuestos directos e indirectos.

A partir de los datos comparativos y a modo de ejemplo ya que faltan algunos países como Chile; Paraguay y Uruguay, el documento de Edesur señala que a nivel regional la tarifa de la distribuidora es 45% del promedio de la tarifa de Latinoamérica.

Razones del ajuste pedido por Edesur para las tarifas eléctricas

Los números fueron mostrados en la audiencia pública como parte de las razones por las cuales Edesur le reclama al Gobierno un ajuste en los fondos que recibe para mantener la calidad de sus servicios de $43.236 millones.

"Será decisión de las autoridades si dicho monto provendrá de un aumento de tarifas, de subsidios o una combinación de ambos", agrega el paper.

Del mismo modo, advierte que los ajustes de tarifas otorgados, "son insuficientes a la luz del proceso inflacionario del país lo que se ha reflejado en pérdidas de balance de $9.082 millones y $17.864 millones en 2020 y 2021 respectivamente, afectando el patrimonio de la empresa".

Por eso, la empresa reclama "aplicar todas las herramientas que otorga la Ley de Presupuesto y otras regulaciones para resolver los efectos del congelamiento tarifario".

De todos modos, aclara que en la audiencia pública no trata la tarifa, un rebalanceo tarifario o resultado de una RTI, sino simplemente del impacto de la inflación sobre las operaciones de la compañía.

Para Edesur, "los ingresos deben ser suficientes y oportunos para cubrir los costos operativos, de capital e impuestos ya sea provenientes de tarifas y/o subsidios".

Más que nada, entendiendo que en los últimos dos años distribuyó inversiones por más de $33.000 millones en mejoras y proyectos específicos "con amplios beneficios para la sociedad como los medidores inteligentes que requerirán del desarrollo de mecanismos que permitan su implementación".

Para la compañía, el desarrollo de la Alta Tensión exige de una planificación plurianual y requiere analizar la creación instrumentos regulatorios con fines específicos de financiar estas obras.

"Los costos se incrementan con la inflación y necesitan ser cubiertos para garantizar el servicio", agrega el documento en el cual también se explica que el congelamiento tarifario que genera déficit fiscal, provoca desequilibrios macroeconómicos estructurales; afectando al sector, y causando mayor inflación.

La factura que paga la mayoría de los clientes de Edesur es de u$s64 mensuales

Constante deterioro del servicio de electricidad por la falta de actualización de tarifas

Edesur ofrece sus servicio a cerca de 2,5 millones de clientes de más de dos millones de hogares y abastece a comercios y a grandes empresas en un área de concesión de 3.300 km2 en la zona sur de Capital Federal y 12 partidos de la provincia de Buenos Aires.

Pero además de ser la mayor distribuidora de electricidad del país ostenta el triste récord de ser la empresa de servicios públicos que mayores pérdidas acumula desde el 2010, con balances negativos que, en conjunto, acumulan $11.400 millones.

Incluso, lo es a pesar de que el gobierno del presidente Alberto Fernández otorgó una suba de tarifas del 9% que se comenzó a aplicar a partir de mayo.

Las razones que justifican semejante rojo de las cuentas de Edesur suelen ser las misma: tarifas congeladas, aumentos insuficientes, gastos creciente, inflación, devaluación y, en el último año, las medidas sanitarias y restricciones impuestas para combatir la pandemia del Covid-19.

Un combo de problemas que hacen que desde el 2010 la empresa refleje nada más que tres períodos positivos y otros siete negativos. Con una importante salvedad vinculada al balance del 2019, cuando informó ganancias por $12.600 millones.

Si bien la cifra parece contundente y debería servir para dar por tierra con los argumentos de la compañía en contra del congelamiento, lo cierto es que refleja un asiento contable vinculado al intercambio de deudas cruzadas con el Estado nacional que le permitió evidenciar en ese balance un elevado nivel de rentabilidad.

En concreto, el número visualiza los ajustes contables no recurrentes derivados del acuerdo firmado con las autoridades nacionales para la resolución de los asuntos regulatorios pendientes relacionados con el período 2006-2017.

Es por eso que semejante nivel de rentabilidad no le permitió tampoco recomponer su flujo de caja, ni siquiera gracias al impacto de ese fuerte incremento de tarifas logrado durante el anterior gobierno de Macri.

La distribuidora también sintió los efectos de la recesión y la crisis económica, ya que sus ingresos siguieron cayendo debido a una menor demanda de energía como resultado del contexto macroeconómico adverso.

De hecho, solamente en el 2018 y el 2015 repitió balances positivos, con ganancias por $3087 millones y $1330 millones, respectivamente. El resto de los estados financieros de los años que componen la última década fueron escritos en rojo.

En el 2010 perdió $52,7 millones; en el 2011 otros $461 millones, mientras que en el 2012 su rojo fue de $1066 millones. Un año después, pasó a pérdidas por $1160 millones; en el 2014 a $1358 millones.

Luego del resultado positivo del 2015, en el 2016 volvió a la senda negativa con una pérdida por $276 millones. El 2017 lo cerró también en rojo, con $1046 millones, para lograr nuevamente un resultado positivo en el 2018, al igual que el balance del 2019 con el ajuste contable explicado más arriba de esta nota.

El cierre de la década, lo da el estado de resultados del 2020, cuando retomó el sendero de complicaciones y cerró el año otra vez en rojo.

Como en los últimos 10 años, siguió sin distribuir dividendos y reinvirtiendo la totalidad de los recursos disponibles al punto que el año pasado usó $9.487 millones para ese objetivo y que, sumados a los más de u$s700 millones invertidos en los últimos cuatro años (2016-2019), le han permitido una mejora en la reducción de la duración promedio de los cortes en un 29%.

Mala relación con el Gobierno

Más allá de los datos económicos, la relación de los ejecutivo de Edesur y del propio grupo Enel con el Gobierno no es buena teniendo en cuenta que las autoridades nacionales optaron por mantener el congelamiento; frenaron el acuerdo de tarifas que el sector había alcanzado con el anterior gobierno y avanzan en dos investigaciones contra la empresa vinculadas a una denuncia hecha por un grupo de intendentes bonaerenses y a un incendio que generó un masivo corte de electricidad en enero pasado.

De hecho, sectores del oficialismo que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner impulsan la recisión del contrato de concesión y la estatización del servicio que en la actualidad opera en la zona sur porteña y 12 municipios bonaerenses (Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes y San Vicente).