Por qué las distribuidoras de gas reclaman un nuevo acuerdo transitorio de tarifas
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Más allá de los aumentos que pretenden discutir con el Gobierno para poder implementar en el 2023, las principales distribuidoras de gas del país reclaman un nuevo marco regulatorio de transición que les permita establecer las reglas de juego con las que se deberá mover el mercado durante el año próximo.
Ocurre que el llamado Acuerdo Transitorio de Renegociación definido en el 2020 por las autoridades nacionales para marcar el sendero de dos años acaba de quedar sin efecto sin que durante ese período haya sido posible culminar con la renegociación final de la revisión tarifaria integral.
Es decir, no se pudo suscribir el acuerdo definitivo de renegociación entre la Secretaría de Energía de la Nación, a través del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), y las distribuidoras, tal como era el objetivo inicial de la medida.
En este marco, y en virtud de la prórroga por un año del plazo de esta renegociación dispuesta por el presidente Alberto Fernández mediante el Decreto Nº 815/22, las empresas entienden que el acuerdo transitorio ha perdido vigencia, quedando sin efecto desde la expiración de su plazo original.
Por lo tanto, también advierten que han quedado sin efecto las restricciones que se habían establecido en el 2021 a las empresas del sector.
Impacto ponderado
Por ese motivo, y antes del inicio de la próxima audiencia pública convocada por el Enargas para el 4 de enero próximo para fijar tarifas para 2023, las compañías salieron a reclamar la firma de un nuevo acuerdo transitorio.
Así lo evidencia un informe enviado por Distribuidora de Gas de Cuyo a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para informar sobre este reclamo al Estado nacional.
"A los efectos de la adecuación tarifaria de transición, atento a lo dispuesto en el Decreto Nº 815/22 y a la convocatoria a Audiencia Pública para el tratamiento de dicha adecuación tarifaria dispuesta por la Resolución ENARGAS N° 523/22, resultará necesario la suscripción de un nuevo Acuerdo Transitorio de Renegociación, de acuerdo con la propuesta realizada por esta distribuidora en el marco de la referida audiencia pública", asegura la nota.
En su momento, y como el resto de las distribuidoras, la compañía había suscripto un convenio con el Gobierno que le permitiría incrementos en su margen de distribución, diferenciados por categoría tarifaria.
El impacto promedio ponderado en los ingresos rondaría el 30% de ese margen de distribución desde mayo del 2021.
Adicionalmente, el acuerdo preveía que la sociedad no podrá en ningún caso distribuir dividendos durante la vigencia del convenio; ni cancelar anticipadamente, directa o indirectamente, deudas financieras y comerciales contraídas con accionistas.
Tampoco la autorizaba a adquirir otras empresas ni otorgar créditos, salvo que beneficien a los usuarios o se otorguen a contratistas.
Además, las empresas se veían obligadas a presentar los instrumentos que acrediten que ha suspendido las acciones, reclamos o demandas en curso en contra del congelamiento tarifario y la llamada Renegociación de la Revisión Integral, o una declaración jurada en la cual se exprese que no se han iniciado o iniciarán acciones, reclamos o demandas en dichas causas.