El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aplicó una multa de $30 millones a la empresa Edesur por incumplimientos en la atención a clientes detectados hace cuatro años.

La sanción comprende el período julio-diciembre de 2019 y es equivalente a 3.870.000 kilovatios-hora, que representan $30.309.840 millones, según la Resolución 342/2023 publicada en el Boletín Oficial. Ese importe deberá ser depositado por Edesur dentro de un plazo de diez días, a partir de este martes y, a la vez, tendrá que ser acreditado oportunamente a los "usuarios activos".

El ENRE aclaró que la concesionaria deberá entregarle copia de la documentación respaldatoria del depósito dentro de los tres días hábiles administrativos contados a partir de efectuado el pago, bajo apercibimiento de ejecución.

Además, el organismo de control dispuso que Edesur podrá interponer los pertinentes recursos legales luego de hacer efectiva la multa, "por lo que en caso contrario los recursos deducidos se tendrán por no presentados". 

Cómo se llegó a aplicar esta nueva multa

La distribuidora había sido notificada de los cargos en su contra  en enero de 2020 y presentó su descargo un mes después, recordó el Poder Ejecutivo en la Resolución.

En su presentación, Edesur indicó que para el 14 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, las oficinas comerciales se encontrarían cerradas en razón de ser días no laborables.

Otra vez Edesur: ahora la multan en $30 millones por mala atención a los clientes

Ya en agosto de 2020, el ENRE informó a la distribuidora la metodología, criterio de aplicación y graduación de sanciones por incumplimiento a lo establecido en la concesión, en cuanto a la calidad de atención en las oficinas comerciales.

¿Por qué Edesur fue intervenida?

En marzo de este año, el Gobierno dispuso la intervención de Edesur y nombró a Jorge Ferraresi al frente de la actuación. Esa medida se extiende por 180 días.

Durante ese período, el ex ministro de Desarrollo Territorial y  Hábitat deberá fiscalizar los actos administrativos de la empresa, vinculados con la normal prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica. 

También deberá elevar al ENRE informes parciales y un informe final dentro de los diez días contados a partir de que se dicte la finalización de la intervención.

"De esta manera, se busca restablecer los parámetros de calidad media de una prestación que, entre febrero y marzo de 2023, abundó en cortes de suministro prolongados y reiterados, oscilaciones de tensión sistemáticas, desatención de los usuarios afectados", indicó el Gobierno al momento de anunciar la intervención de la distribuidora. 

Y resaltó que también se aspira a "subsanar los déficits observados en términos de recursos, planificación operativa e inversiones".