Camioneros argentinos que operan en Uruguay califican de "sinvergüenzada" a una ley de ese país: los motivos
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En diciembre del año pasado, el Poder Ejecutivo uruguayo promulgó una ley y aprobó un decreto reglamentario que obligó a las empresas argentinas que realizan fletes en ese país, a cobrar sus viajes vía transferencia bancaria y no en efectivo con el objetivo de evitar que se lleven los dólares de ese país y los cambien en el mercado paralelo, al dólar blue con el fin de ofrecer fletes más baratos.
La ley fue criticada por las empresas representantes en Uruguay de las compañías de transporte de carga terrestre argentinas, quienes presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Ahora van también contra el decreto reglamentario porque entienden que "excede muchísimo las potestades" que el Parlamento le entregó al Poder Ejecutivo y que es una "sinvergüenzada" porque pretende que las "exorbitantes multas" por el incumplimiento de la normativa, se incorporen al reglamento de circulación vial que "nada tiene que ver" con el tema en cuestión.
Así lo indicó ante la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado, la abogada Cristina Olaso, defensora de las empresas representantes en Uruguay de las firmas argentinas.
El decreto "traslada la responsabilidad, que ustedes atribuyeron al transportista argentino, al representante, de manera totalmente exorbitante, porque nadie dijo que el representante era la persona que podía ser responsabilizada y sancionada por la actitud de su representado", criticó Olaso quien concurrió a la Comisión junto con integrantes del Círculo del Transporte Internacional.
El decreto reglamentario -elaborado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) uruguayo-, establece la obligatoriedad de que los representantes digan a dicha cartera, bajo un régimen de declaración jurada, cómo se cobró ese flete.
Empresas argentinas cuestionan ley uruguaya
Sin embargo, según explicó Olaso, los representantes no tienen esa información. "Ellos no saben cómo se celebró, dónde se pagó, quién lo pagó porque son negocios que hacen sus representadas con los importadores, con los exportadores o con los forwarders, que pueden estar en cualquier lugar del mundo", criticó la abogada, por lo que calificó a la exigencia del MTOP uruguayo de "loca y exorbitante".
En la comparecencia ante la comisión, la abogada dijo que los senadores "no establecieron la sanción, ni autorización al Poder Ejecutivo a establecerla, ni dijeron cuál era", por lo que solicitó su intervención para revertir la situación y dialogar con el Ejecutivo.
En relación a las multas, la abogada señaló que la sanción establecida por el Ejecutivo supera los u$s4.500. "¿Ustedes saben que cruzan 200 camiones por día? Si el fin recaudatorio de los radares preocupaba, lo que debiera preocupar son 200 camiones por día generando una contingencia de u$s4.500 por camión", advirtió.
Por camión, es la sanción establecida por el Poder Ejecutivo a aquellas empresas que no cumplan con la normativa, según indicó Olaso.
Sobre el hecho de que la multa sea incluida en el reglamento de circulación vial, Olaso dijo que es "una sinvergüenzada" porque el Poder Ejecutivo "pretende de una manera muy transversal y poco transparente" que los representantes, "que son empresas uruguayas", sean quienes "deban afrontar las consecuencias o las contingencias de esas multas que se pretenden aplicar". Según manifestó Olaso, esa acción es "violatoria del principio de la buena fe" porque "el reglamento de circulación vial refiere exclusivamente a las sanciones" que se produzcan por violación a las normas de tránsito y "nada tiene que ver con esto", indicó.
Ante los reclamos de los representantes en Uruguay de empresas argentinas, senadores coincidieron en que ese no fue el objetivo de la comisión cuando aprobaron la normativa y manifestaron "preocupación" por los efectos del decreto. Asimismo, se comprometieron a estudiar el tema con profundidad y dijeron que podría ser necesario "revisar la normativa".
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Pese a que Olaso presentó recursos contras las multas ya efectuadas por el MTOP -por lo que no están firmes aún-, estimó que si la cartera fiscaliza hasta el mes de agosto, "habría una contingencia posible de más de u$s1 millón por día. Una locura", indicó.