Llegó el día D para el futuro de Ribeiro: las propuestas que se consideran
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Tras haber fracasado en dos oportunidades con su proceso de reestructuración, este jueves 23 de noviembre el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°23 a cargo del juez subrogante Fernando I. Saravia, Secretaría Nº 46 a cargo de Gastón De Mario, convocaron a una asamblea extraordinaria de acreedores titulares de las Obligaciones Negociables Clases; "A", "K", "K2", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R" y "S", declarados admisibles y verificados.
Es decir, de la convocatoria deberán participar tenedores de varias clases de Obligaciones Negociables (ON) emitidas por la empresa Ribeiro por alrededor de $2.800 millones y por otros u$s77 millones.
Se trata de un encuentro que ya había fracasado el 5 de octubre y el 18 de mayo pasados, cuando también se había previsto la realización de una asamblea virtual para analizar la propuesta de reestructuración.
En ambos momentos, la empresa no pudo contar con las mayorías necesarias para aprobar su propuesta de reperfilamiento, por lo cual la Justicia decidió posponer las asambleas y el directorio de Ribeiro modificó y mejoró la oferta a los obligacionistas.
La compañía busca comenzar a acercar posiciones con sus acreedores para que le acepten un programa de reperfilamiento durante el encuentro que se realizará en forma virtual a distancia a través de la plataforma ZOOM, desde la sede social de Ribeiro en Av. Corrientes 4678, CABA, a las 17:00 hs. en primera convocatoria, y a las 18.00 hs. del mismo día en segunda convocatoria en el marco del expediente 11480/2021 – "RIBEIRO S.A.C.I.F.A. E I. s/CONCURSO PREVENTIVO".
El segundo punto del orden del día será la consideración y sometimiento a votación de la propuesta de pago a los acreedores de Ribeiro.
Distorsión inflacionaria
Entre los ingredientes de ese escenario que enrarecían la negociación, la empresa hizo referencia al proceso inflacionario y sus proyecciones, por la distorsión que provocan en los cálculos y las previsiones de los acreedores, además de las circunstancias cambiarias, la disparada de las cotizaciones y de la brecha entre el dólar oficial y los restantes ofrecidos.
Otro factor exógeno es la situación política y las elecciones nacionales teniendo en cuenta los cambios económicos que puedan resultar de ese proceso y que influyen en mayor medida en acreedores bancarios (sobre todo en los oficiales) y en algunas empresas multinacionales.
Un caso es el de los bancos, acreedores muy relevantes y con los que, anteriormente, la cadena había negociado una refinanciación a fin de evitar la solución concursal. Fue una instancia en la que se arribó al stand&still y donde las posibilidades de éxito eran muy altas, si no hubieran sucedido los eventos extraordinarios como los que la cadena plantea en su nota.
En el caso de la banca oficial, los factores políticos contribuyen a la estrictez de las respuestas, la excesiva formalización de las tratativas y la rigidez de las decisiones, que involucran muchas instancias, las más altas muy sensibles al factor político por el origen de los cargos, lo cual dilata en grado sumo las definiciones.
Situaciones similares se le presentaron con proveedores multinacionales que han demorado las tratativas y, en algunos casos, han motivado la mejora.
Última esperanza
Ahora, el tribunal judicial estableció la nueva fecha de la asamblea para intentar definir la propuesta de reestructuración en el marco del concurso preventivo que presentó en junio del año pasado luego de haber llegado a facturar u$s370 millones, emplear a 2.000 trabajadores y operar con 90 sucursales.
Un mes después, el Juzgado sorteó las sindicaturas que recayeron en Eduardo Jorge Auzmendi y José Augusto Palma y cerró el plazo de presentación de verificaciones de créditos tras haberse recibido 669 pedidos y 215 impugnaciones de acreedores.
La solicitud concursal fue la última esperanza de los dueños de Ribeiro, tras haber fracasado en su intento por ser auxiliada por el Gobierno para poder mejorar su situación financiera y evitar el default del cual responsabiliza al efecto que en su operatoria generaron las medidas sanitarias para combatir el coronavirus.
Por aquellos días, sus ejecutivos negociaron cerrar un acuerdo para reestructurar su deuda con las autoridades nacionales a partir de un crédito del banco BICE que le permita volcar fondos al reperfilamiento de ese pasivo que en su mayoría está manos de entidades bancarias privadas siendo el Patagonia el principal acreedor.
Sin embargo, esas conversaciones nunca llegaron a buen puerto, por lo cual la empresa no pudo cancelar el pago de otra cuota de una serie de Obligaciones Negociables (ON) por $15 millones que venció el 23 de abril del 2022.
Venta de inmueble
En ese contexto, el Juzgado recibió de parte de la compañía una propuesta de pago que fue aprobada por una Asamblea General de Accionistas celebrada el 27 de diciembre del año pasado y que consiste en el pago total a los acreedores quirografarios del monto de sus créditos verificados y declarados admisibles.
El dinero se hará efectivo mediante el reparto del producido de la venta del inmueble y centro de distribución sito en el Polo Industrial Ezeiza, en la calle Torcuato Di Tella Nro. 1700, localidad de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza, provincia de Buenos Aires.
Además, agrega que, si después de destinarse el 55% del producido de la venta del bien al pago de los créditos concurrentes quedara un saldo en el monto de esos créditos, este se abonará conforme los términos y condiciones de la propuesta subsidiaria.
De acuerdo a lo informado por Ribeiro a la Comisión Nacional de Valores (CNV), "a los efectos de la tasación y del proceso de venta se han seleccionado dos firmas de reconocido prestigio, experiencia y alto porcentaje de efectividad en la concreción final de operaciones".
Esas empresas son L. J. Ramos Brokers Inmobiliarios y Adrián Mercado Gestión Inmobiliaria, a cada una de las cuales se les requirió una tasación al mes de diciembre de 2022, debidamente fundada.
Como resultado de ello, la primera estimó como valor de venta la suma de u$s10.6 millones, mientras que la segunda llegó a los u$s10 millones.
"Con el fin de asegurar la intangibilidad del bien inmueble, como también la transparencia de todo el proceso de venta, se ha previsto transferir su dominio fiduciario, a un fideicomiso cuyo fiduciario será una persona o entidad acreditada y con probada experiencia", aclara el documento de Ribeiro que ya analiza el juez de la causa.
En este sentido, Ribeiro decidió designar a TMF Trust Company (Argentina) como Administrador Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de cumplimiento de la propuesta concursal.
Se trata de una sociedad que forma parte de TMF Group, uno de los mayores administradores independientes de transacciones estructuradas del mundo, con presencia en más de 80 países y que tiene como accionistas a CVC Capital Partners empresa líder en administración de activos, con un total de 133 billones de euros bajo su administración.