El Gobierno acaba de volver a prorrogar los contratos que ya vencieron en el 2023 por otros dos meses sin preparar los pliegos para convocar a nuevas licitaciones a pesar  de que, a principios de año, el Gobierno libertario preparaba un nuevo marco para volver a licitar las centrales hidroeléctricas, teniendo en cuenta la "bandera" ideológica con la que Javier Milei ganó las elecciones presidenciales, que es el de que el Estado se reduzca a su mínima expresión y el sector privado siga manejando aquellas concesiones que ya estaban en el poder de empresas locales o internacionales.

El anterior gobierno de Alberto Fernández había extendido estos contratos hasta el pasado 19 de enero, mientras que la gestión actual se propuso preparar un nuevo marco para volver a licitar las centrales que, ahora, van a seguir en manos privadas pero también al estilo kirchnerista.

Es decir, con un permiso precario y de transición, desde el próximo 19 de marzo y por 60 días corridos, que regirán para las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón y Cerros Colorados.

Así lo dispuso la Resolución 33/2024 de la Secretaría de Energía publicada en el Boletín Oficial de este lunes 18 de marzo teniendo en cuenta que, desde el 10 de julio de 2023, los plazos de los contratos celebrados para la generación de energía eléctrica hidroeléctrica se encuentran vencidos y vienen siendo extendidos.

Centrales hidroelécticas: ENARSA, la veedora

En los considerandos de la norma se recuerda que, "de acuerdo con lo dispuesto en los Contratos de Concesión aludidos, vencido su plazo, el dominio y la posesión de los equipos de la concesionaria se transferirán de pleno derecho al Estado Nacional en su carácter de concedente, de acuerdo con lo prescripto en la Ley N° 15.336".

Sin embargo, ya el 16 de enero pasado, el ente que depende del Ministerio de Economía había dispuesto la prórroga de las concesiones de Alicurá; El Chocón Arroyito y Cerros Colorados por dos meses; y de Piedra Del Águila desde el 28 de febrero también por otros 60 días corridos, en tanto dicha extensión del plazo no supere el plazo máximo de 12 meses que establecen los contratos.

Como Fernández, el presidente MIlei no define qué pasará con las hidroeléctricas

Las prórrogas fueron dispuestas a partir de la información presentada por Energía Argentina S.A (ENARSA) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), con el objetivo de "realizar un traspaso ordenado tanto de los bienes, como de la operación y mantenimiento de las centrales, sin perjuicio de la facultad de esta Secretaría de ampliarlo hasta el plazo máximo fijado en los contratos".

En relación con Piedra del Águila, la extensión del periodo de transición abarcará desde el 28 de abril próximo hasta el 28 de junio.

Es decir, la administración libertaria sigue sin definir si las empresas actualmente a cargo de operar estas concesiones mantendrán los contratos o se volverán a licitar o, en su defecto, pasarán a manos del Estado, opción poco creíble si se tiene en cuenta la orden de Milei de reducir el Estado.

Las represas se encuentran ubicadas en las provincias de Río Negro y Neuquén, y sus gobernadores pidieron tener una participación tripartita en el control de las centrales a lo que desde la Secretaría de Energía se les respondió que los contratos pueden extenderse por 12 meses a criterio unilateral del Gobierno y que se decidirá si las toma Enarsa o se relicitan.

En la actualidad, se encuentran controladas por AES (Alicurá), ENEL Generación (El Chocón Arroyito), Central Puerto (Piedra del Águila) y Orazul Energy (Cerros Colorados), además de otras de menor peso que se distribuyen varias zonas del país

Todas son supervisadas por ENARSA, una sociedad estatal que el DNU del presidente Javier Milei incluyó entre las que serán privatizadas al igual que los activos que controlan las empresas estatales ferroviarias; energéticas y los corredores viales, que serán vueltas a licitar a medida que venzan los plazos.

La creencia de los libertarios es que la mayoría de las concesiones ya vencieron y que las anteriores administraciones públicas no generaron nuevas condicionales para  nuevas inversiones, por lo que todas se encuentran en un estado de precariedad, de prórrogas, que generan incertidumbre entre sus concesionarios.

La gestión actual se propuso preparar un nuevo marco para volver a licitar las centrales que, ahora, van a seguir en manos privadas 

Sin embargo, los prometidos nuevos llamados a licitación que en su momento admitió que haría el ex ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro por ahora quedaron en la nada y se encaminan a mantenerse en el mismo statu quo por lo menos hasta marzo del 2025.

"Todas las concesiones vencidas serán puestas nuevamente en licitación", enfatizó el super ministro antes de ser echado del Gobierno por el propio Presidente.

Además, nada se sabe si el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, se encuentra trabajando en nuevos pliegos licitatorios, teniendo en cuenta la necesidad de ingreso de divisas a las arcas del Estado que evidencian todos los funcionarios de esta administración libertaria.

Historia de plazos vencidos

Las centrales hidroeléctricas fueron privatizadas en los años 90, durante la presidencia de Carlos Menem por un plazo de 30 años, que se encuentra totalmente vencido y que tuvo más de una prórroga, siendo la última la otorgada por el ex presidente Alberto Fernández hasta mitad de enero pero con el objetivo de que cuando finalizaran los plazos pasaran a manos del Estado nacional.

Con el desembarco de La Libertad Avanza en la Casa Rosada y su plan de achique del sector público, se suponía que serían vueltas a privatizar en el corto plazo, mientras que lo que verdaderamente sucedió fue que se siguen prorrogando los actuales contratos.

Algunas versiones sostienen que los actuales concesionarios se mantendrán hasta agosto próximo teniendo en cuenta los plazos que el Gobierno necesita para poner en marcha el proceso relicitatorio y que las autoridades de Energía puedan resolver otros temas de mayor preocupación en el corto plazo como la revisión del Gasoducto Norte; las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos y las tarifas de los servicios públicos.