Crisis e incertidumbre por el futuro de una empresa de Cristóbal López, tras la apertura de importaciones

Una de las principales empresas que es propiedad del Grupo Indalo, controlado por Cristóbal López y Fabián De Sousa se encuentra atravesando por una profunda crisis operativa que la ha puesto al borde de un posible cierre.

Se trata de Alcalis de la Patagonia (Alpat), la única empresa de Sudamérica productora de carbonato de sodio, con  capacidad para 25.000 toneladas anuales en su planta de la localidad de Punta Delgado, en la provincia de Río Negro, donde emplea a 450 personas.

La compañía, controlada desde el 2006 por el Grupo Indalo, es proveedora de materia prima clave para la fabricación de una amplia gama de artí­culos usados en la vida diaria, desde vidrio (vasos, botellas, ventanas), hasta la potabilización del agua, pasando por jabón en polvo y papel. Incluso llegó a exportar sus productos a Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. 

Problemas "políticos"

Ya en el 2018 estuvo al borde de discontinuar sus operaciones, en aquel momento por los problemas políticos y judiciales que atravesaron sus dueños y que derivó incluso en el encarcelamiento de ambos empresarios y en la posibilidad de una quiebra del mismo Grupo Indalo y de varias de sus subsidiarias como Oil Combustibles.

Por aquellos años sufrió por los problemas judiciales de Indalo y de Cristóbal López, ya que las causas le hicieron perder estabilidad en el circuito empresarial y financiero, y la empresa debió fondearse por fuera de los circuitos legales para cumplir con sus compromisos y percibir ingresos por la venta de la producción.

Ahora, el escenario de crisis se origina en una fuerte caída de su producción que ha generado un complejo escenario con suspensión de personal, atraso en el pago de los salarios y un pedido de ayuda a las autoridades provinciales.

La situación de Alpat viene preocupando al gobierno de Río Negro, donde concentra sus operaciones, al punto que se abrieron canales de diálogo que derivaron en el pedido de la empresa de la apertura de un procedimiento preventivo de crisis autorizado por las autoridades de la Secretaría de Trabajo.

Se trata de un recurso legal que permite a las empresas afrontar dificultades económicas sin afectar drásticamente el empleo y que, en el caso de Alpat, se enmarca en la caída de ventas y la apertura de importaciones que han afectado su competitividad. 

Sin poder competir 

Ocurre que el producto que comercializa la empresa de Indalo se vende a u$s350 la tonelada, mientras que en el mercado internacional oscila entre los u$s200 y u$s250.

La solicitud se basa en la imposibilidad de la compañía de hacer frente al pago total de los sueldos a sus empleados debido a que la apertura de las importaciones pegó fuerte en sus negocios como consecuencia de que muchos de sus clientes comenzaron a optar por proveerse de insumos llegados del exterior a precios más bajos que los que venía ofreciendo la compañía de Cristóbal López.

La diferencia de precios la dejó casi fuera de competencia con el producto importado que mayormente arriba de China o Turquía, en especial los fabricantes de vidrio que venían usando el carbonato de sodio fabricado por Alpat.

A partir de este escenario, en Indalo trabajan en un plan para llegar como proveedores de la industria de litio ya que el carbonato de sodio también se utiliza como insumo principal para elaborar carbonato de litio.

Se trata de un proceso de mediano y largo plazo para poder posicionar a Alpat en este nuevo negocio, pero que no logra por ahora frenar la conflictiva coyuntura que atraviesa la compañía que, con ese cambio de rumbo busca dejar de depender solamente de los vaivenes de la producción de vidrio, sector casi monopolizado por una sola fabricante. 

Críticas gremiales 

En Alpat habla de "competencia desleal de productos importados más baratos" para definir la situación actual que llevó al directorio de la sociedad a pedir auxilio a las autoridades oficiales para evitar que la crisis se profundice y que escale de manera negativa en la relación con el Sindicato de Personal de Industria Química y Petroquímica.

Desde este gremio acusan a los ejecutivos de Alpat de no haber acatado la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo provincial y que la obligaría a normalizar las actividades y retrotraer todo a la situación anterior a la medida de fuerza tomada por su personal para protestar por la situación.

El conflicto se profundizó en los últimos días cuando los trabajadores afiliados al sindicato llevaron a cabo un paro por atraso en el pago de salarios y falta de actualización de sus haberes.

En respuesta, la Secretaría de Trabajo de Río Negro dictó la conciliación obligatoria, lo que permitió que el personal retomara sus tareas.

Sin embargo, poco después, la empresa anunció la suspensión de su personal hasta nuevo aviso.

Al respecto, Ariel Castillo, secretario general del SPIQyP en San Antonio Oeste, afirmó en una asamblea sindical que los trabajadores están en alerta por la situación y buscan sostener la actividad productiva.

"Hemos estado en situaciones peores y hemos salido adelante. La unidad y el apoyo de la comunidad son fundamentales para enfrentar esta crisis", expresó el dirigente ante varios medios provinciales. 

Principio de acuerdo

En este sentido, el gobierno provincial expresó preocupación por la situación al punto que las autoridades de la cartera laboral aseguran que la prioridad es garantizar el pago de los salarios y que se mantengan los puestos de trabajo a partir de la apertura de un canal de diálogo entre la empresa y con los trabajadores.

Sin embargo, el escenario no parece tener una resolución inmediata y el conflicto ya derivó en la salida de producción de uno de los dos hornos de la planta industrial que ya presenta un deterioro significativo.

Los argumentos empresarios hacen referencia a la imposibilidad de competir con los precios del insumo que ingresa de otros países "a precios subsidiados", y recordaron que el costo de producción local es mayor y que la apertura del mercado impactó en la viabilidad del negocio.

Hace unos días se llevó a cabo una audiencia en la Secretaría de Trabajo provincial entre todas las partes y en la cual se alcanzó un principio de acuerdo para descomprimir la crisis.

Se estableció un período de paz social durante el cual la empresa se compromete a sostener la operatividad de la planta y los puestos de trabajo, mientras que ambas partes continuarán el diálogo en busca de soluciones sostenibles para el futuro de la actividad a la vez que se seguirán buscando alternativas para fortalecer la producción y preservar los puestos de trabajo de la compañía.

Durante los próximos dos meses, la Secretaría continuará monitoreando la situación y promoviendo consensos, reafirmando su compromiso con el empleo, la producción y la estabilidad laboral en la provincia.

Mientras tanto, la empresa mantiene frenada la inversión de u$s250 millones que anunció en el 2023 para ampliar su planta y aumentar la producción debido a la expansión de la industria del litio.

La idea de ese plan es la de dejar de depender de la producción de vidrio para expandirse a uno de los sectores con mayor proyección de crecimiento en la Argentina.

Es más, Alpata ya concretó en el 2023 su primera operación comercial en la industria del litio con la venta de 100 toneladas de carbonato de sodio, insumo que también es conocido bajo el nombre de soda ash o soda Solvay y que se utiliza para que reaccione con la salmuera y obtener carbonato de litio grado industrial que se utiliza para vidrios o cerámicas.

El proyecto que se encuentra en stand by se basa en tres etapas con el objetivo de elevar la producción y alcanzar las 210.000 toneladas de manera inicial.

En la segunda etapa se proyecta alcanzar una producción anual de 330.000 toneladas y en la tercera la meta es hacer una segunda ampliación de la planta y así llevar la producción anual a 550.000 toneladas.