Nuevo revés para Vicentin: la Justicia ordenó intervenir la empresa y desplazó al directorio

El juez Fabián Lorenzini, del Juzgado Civil y Comercial N°2 de Reconquista, Santa Fe, dispuso la intervención del directorio de la agroexportadora Vicentin por un período de 120 días, con posibilidad de prórroga. La medida se tomó en un contexto crítico para la empresa, que enfrenta una deuda posconcursal de aproximadamente 30.545 millones de pesos y dificultades para abonar salarios y cargas sociales.

Los directores actuales, Daniel Foschiatti, Carlos Sartor y Estanislao Bougain, fueron desplazados y reemplazados por Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg, quienes ya actuaban como veedores en el proceso concursal.

Entre los motivos de la intervención, el juez señaló el aumento significativo de la deuda de la empresa y la falta de mantenimiento técnico en la planta de San Lorenzo, lo que compromete la operatividad en vísperas de la campaña de soja 2025.

La Justicia intervino Vicentin, envuelta en deudas millonarias y conflictos laborales

Lorenzini apuntó también al estado actual de las instalaciones de las plantas que Vicentin posee. En ellas, los trabajadores están con riesgo muy grande, ya que la empresa no cuenta con dinero para afrontar salarios ni cargas sociales. Tampoco pudo poner en marcha la parada obligatoria de mantenimiento de la planta de San Lorenzo, que ahora no cuenta con el aval técnico básico para la campaña de soja 2025 que comienza a cosecharse por estos días.

"No se realizó en forma oportuna la parada técnica anual para el mantenimiento operativo de la planta de San Lorenzo, siendo imperioso hacerlo cuanto antes dado que estamos en las vísperas de la campaña de soja 2025, siendo imposible su operación plena y segura en las actuales condiciones; dicho mantenimiento compromete tanto la planta puerto como las terminales de embarque y demandaría una cifra estimada de entre 1 y 2 millones de dólares, que no se han previsionado, ni están disponibles en forma inmediata", asegura uno de los considerandos del escrito de Lorenzini.

En este sentido, el aumento sustancial de la deuda posconcursal desde diciembre de 2024, la paralización de operaciones industriales y la falta de mantenimiento de las instalaciones fabriles, sumado a la falta de confianza que da la empresa a los socios que operan allí (Viterra, Bunge, ACA) según el magistrado, pone en riesgo la viabilidad operativa de la empresa.

Estos socios, que habían acordado con Vicentin contratos de fasón (similar a un alquiler) en el marco de una alianza de negocios gestada para sustentar su acuerdo concordatario, "han dejado de ingresar semillas de su propiedad para ser procesadas en las plantas de industrialización de la concursada", dice la resolución de Lorenzini en base a los informes de los veedores.

Lorenzini dictó también una medida anticautelar que prohíbe a empresas de servicios interrumpir el suministro esencial a las plantas y oficinas de Vicentin, con el objetivo de preservar la continuidad operativa.

La empresa, cuenta en su plantilla con más de mil empleados. Los mismos están a la espera de una negociación por el 20% del total de una deuda que la empresa santafesina mantiene con los obreros. Durante la semana pasada, luego de una paralización generalizada de las 3 plantas de Vicentin, se había acordado el pago del 80% de una deuda salarial, y estaba previsto negociar lo restante en horas de este martes.

La intervención busca reorganizar la empresa, que se encuentra en concurso preventivo desde 2020, y preservar sus activos mientras se define su futuro comercial.

Otro revés: la Corte de Santa Fe confirmó la nulidad de acuerdo con acreedores

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe desestimó este martes el recurso extraordinario que había presentado Vicentin en un intento para que su causa llegara a la Corte Suprema de la Nación. Con esta decisión, queda firme el fallo del 18 de febrero pasado, que había anulado la homologación del acuerdo concursal entre la agroexportadora y un grupo de acreedores, y se ratifica la devolución del expediente a un tribunal subrogante para que dicte una nueva sentencia.

En su resolución, los jueces provinciales argumentaron que el recurso federal presentado por Vicentin no cumplía con el requisito de "sentencia definitiva o equiparable", exigido para habilitar la intervención de la Corte nacional. De acuerdo con el fallo, los magistrados consideraron que los agravios planteados por la empresa estaban basados en "meras conjeturas" y "escenarios hipotéticos", como la posible quiebra, la pérdida de contratos o el cierre de plantas. Según explicaron, Vicentin no logró demostrar que los daños invocados fueran de "imposible reparación ulterior".

Asimismo, la Corte santafesina descartó que el caso configurara una situación de "gravedad institucional" que justificara la apertura de la instancia federal. "La mera mención de la cantidad de actores involucrados y la posición en el mercado que posee la empresa no resulta suficiente per se para tener sin más por configurada la causal de excepción", afirmaron los jueces, echando por tierra uno de los principales argumentos de la concursada.

Este nuevo revés judicial implica que la sentencia de febrero -que había hecho lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado por el acreedor Commodities S.A.- quede definitivamente firme. En aquel fallo, la Corte había cuestionado severamente varios aspectos del acuerdo con acreedores, destacando el trato desigual entre los mismos, la falta de adecuada categorización de los créditos, y una presunta arbitrariedad en la valoración de los porcentajes de recupero ofrecidos.

Con este panorama, el expediente vuelve a foja cero. El tribunal subrogante deberá ahora dictar una nueva sentencia respecto de la homologación, en un contexto mucho más delicado para la empresa. La anulación de la homologación y la falta de nuevas propuestas aceptadas abren la puerta de manera concreta a un proceso de cram down, mecanismo previsto en la Ley de Concursos y Quiebras (N° 24.522), que permite que terceros interesados —incluso competidores o fondos de inversión— presenten ofertas para quedarse con la compañía y evitar su liquidación.

Vicentin, una de las principales agroexportadoras de Argentina, entró en crisis a fines de 2019 tras declarar un "estrés financiero" y cesar sus pagos. A partir de allí, enfrentó una sucesión de reclamos judiciales de acreedores locales e internacionales, entre los que se destacan bancos públicos como el Banco Nación, y empresas vinculadas al sector agroindustrial. Además, la compañía estuvo envuelta en investigaciones por presunto fraude y vaciamiento de activos, mientras el Estado nacional impulsaba —sin éxito— un proceso de expropiación en 2020. Hoy, su futuro se juega entre el cram down, una posible quiebra o un acuerdo extraordinario que logre destrabar la crisis.