Privatización de las represas: salen los pliegos de la licitación y hay danza de empresas interesadas

La reprivatización de las usinas hidroeléctricas del Comahue entró en cuenta regresiva. El Gobierno dará a conocer este miércoles los pliegos para la licitación pública nacional e internacional que culminará con una nueva transferencia de ese complejo energético. Al margen de las exigencias elevadas por las administraciones provinciales de Río Negro y Neuquén, el oficialismo busca avanzar con un plan de contratos por al menos dos décadas y con incidencia en la determinación de un precio para la energía que se genere. En tanto, en la Legislatura de Neuquén ya se acumulan proyectos para rechazar la nueva licitación. Pampa Energía, YPF Luz, MSU Energía y una serie de consorcios chinos competirían por las centrales.

La divulgación de los pliegos de licitación está fijada para este 7 de mayo y las provincias no aflojan en su intención de intervenir en el destino de los complejos hidroeléctricos. Neuquén y Río Negro no han hecho más que mostrar desconfianza antes los planes de La Libertad Avanza (LLA) y siguen reclamando formar parte de las privatizaciones.

Diferencias con las provincias y empresas interesadas

A mediados del mes pasado, senadores rionegrinos y neuquinos elevaron una carta a los gobernadores de dichos distritos y con alcance a la Casa Rosada donde, entre otros aspectos, reclamaron el control provincial en la mitad de las acciones de las instalaciones y una concesión de solo 10 años con retorno al Estado.

El pedido en cuestión llevó las firmas de senadores como Silvia Sapag, Oscar Parrilli, Martín Doñate y Silvina García Larraburu, y refiere al destino de los complejos hidroeléctricos de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. En el texto se puso énfasis en la intervención de Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, gobernadores de Neuquén y Río Negro, respectivamente, y el análisis de los pliegos para promover la privatización de las usinas.

En la misiva se demandó que las provincias mantengan el control del 50% de las acciones de los complejos energéticos. Además, se proponía un plazo máximo de concesión del orden de los 10 años.

Nada de esto viene siendo contemplado por el Gobierno nacional, que propone la cesión total del manejo de las hidroeléctricas a las empresas que resulten ganadoras de la licitación.

Respecto de qué empresas tomarían parte del proceso de licitación que viene, en el oficialismo dan por descontado que Central Puerto, Enel, AES y Aconcagua Energía Generación, los privados con concesiones previas de las usinas, participarán de la compulsa.

En simultáneo, el Gobierno confía en que YPF Luz, Pampa Energía, Genneia y MSU Energía también participarán de la competencia. Con relación a los capitales extranjeros que podrían sumarse, en las oficiales afirman que la francesa Total podría ser de la partida, y también habría interés de capitales chinos.

Si bien los detalles puntuales de los pliegos aún se mantienen bajo un estricto secreto, trascendió que Nación impondría un precio fijo para buena parte de la energía producida. Y que sólo el 5% de lo que se genere se podrá comercializar según lo que estipule el mercado.

Dicho régimen tendría validez casi hasta la mitad de los contratos de concesión, momento en que la cotización de la energía quedaría completamente "liberada" a lo que establezcan los concesionarios.

Las provincias se oponen a las nuevas condiciones de privatización

Este mecanismo tampoco es compartido por Neuquén y Río Negro. En ese sentido, vale recordar que las diferencias entre las provincias y sus legisladores versus el Gobierno nacional respecto del destino de las usinas del Comahue acumulan meses de iniciadas y multiplicadas.

Por mencionar un antecedente, ya en febrero del año pasado Neuquén y Río Negro emitieron cartas documento contra el Gobierno nacional intimándolo a desistir de cualquier intento por asumir el control de las hidroeléctricas, así como también señalando que impedirán todo movimiento unilateral relacionado con la concesión de los complejos.

En sus notificaciones, los mandatarios de ambos distritos anticiparon que desconocerán las decisiones que se tomen en Casa Rosada respecto de las usinas, y remarcaron que la Constitución señala con claridad que las provincias son las dueñas absolutas de sus recursos naturales.

Las gobernaciones de Río Negro y Neuquén exigieron que "el Estado Nacional, y sus dependencias, se abstengan de otorgar cualquier tipo de concesión, prórroga o autorización relacionada con la explotación de dichos complejos hidroeléctricos sin obtener previamente el consentimiento de las provincias".