El Gobierno destina millonarios fondos de las operadoras privadas para expandir las telecomunicaciones

El 6 de enero pasado, el Gobierno modificó las normas que rigen el llamado Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FSU), en el marco de una política orientada a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la transparencia en su gestión.

Lo hizo a partir de la promulgaci+on de la llamada Ley Bases que marca el punto de partida de la estrategia política y económica del gobierno que encabeza el presidente Javier Milei.

La norma establece nuevas condiciones y marcos en varios sectores productivos y de servicios de la Argentina y declara la emergencia económica, financiera, administrativa por el plazo de un año, delegando en el Poder Ejecutivo las facultades que la misma disposición establece.

En uno de sus apartados, la ley autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos "de conformidad con las normas establecidas en la presente ley y las que surgieran de sus normas de creación, instrumentos constitutivos u otra disposición aplicable".

En ese proceso, hasta ahora el Gobierno ya dispuso el cierre de más de una decena de esos fondos como parte de su política de ajuste fiscal y de investigación de irregularidades en la creación y distribución de dinero en esos instrumentos financieros del Estado.

Para dar por finalizados estos fondos, las autoridades nacionales argumentaron la identificación de irregularidades en la administración, así como en el incumplimiento de los objetivos para los que fueron creados.

Fondo vigente

En el caso del FSU, creado bajo la Ley 27.078, se detectó que varios programas asociados carecían de instrumentos que justificaran su continuidad y no cumplían con los objetivos estipulados.

De todos modos, el acceso al Servicio Universal, permanece vigente, al igual que la obligación de realizar los aportes de inversión prevista.

Pero la decisión oficial de dar de baja ese instrumento trajo confusión al sector, al punto que el grupo español dueño de la marca Movistar hizo una presentación para dejar de aportar ese dinero, entendiendo que la medida de disolver el fondo fiduciario le permitía tomar esa medida.

Sin embargo, una norma también emitida en enero pasado por parte del ENACOM dejó en claro que siguen vigentes las obligaciones de los fiduciarios de los fondos, "con el fin de asegurar la coordinación y producción de información, así como la ejecución de los actos relativos a la administración de la disolución y posterior liquidación…"

Por esos motivos, para el ENACOM no existen dudas con relación a la vigencia de la obligación de aporte de inversión y que las empresas licenciatarias de servicios de TIC deben continuar realizando, "hasta tanto se dicten las normas complementarias y se concluya el proceso de liquidación".

Para responder, el ENACOM realizó una consulta, al área competente del Ministerio de Economía para que emitiera opinión y, abordara el temperamento a seguir.

Aportes privados

En ese sentido, desde el sector de legales de la cartera que orienta el ministro Luis Caputo aclararon que estaba claramente definida "la subsistencia de la obligación de realizar los aportes de inversión previstos por la Ley 27.078 considerada en el Decreto 6/25 y estando a lo establecido por el artículo 7° de la medida citada, por lo cual las obligaciones derivadas del Servicio Universal continúan vigentes; siendo pertinente efectuar el pago de los aportes correspondientes..."

A partir de estas definiciones y hasta tanto se dicten las normas complementarias, el ENACOM salió a aclarar que "los licenciatarios de servicios TIC deberán continuar realizando el aporte según la forma y mecanismo utilizado al presente".

De esta forma, el FSU sigue siendo financiado por las operadoras de telecomunicaciones como Claro; Movistar y Telecom, y se sigue usando para garantizar el acceso a la conectividad en áreas donde las empresas privadas no llegaban, como áreas rurales o de baja densidad poblacional, donde no era económicamente viable para las compañías.

De hecho, el FSU fue considerado por algunos sectores políticos como un programa esencial para la inclusión digital y la promoción del acceso a la conectividad de sectores históricamente postergados y vulnerados.

Desde su creación, aseguran que permitió conectar a miles de barrios populares en todo el territorio nacional mediante proyectos impulsados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Esta herramienta también sostenía a pequeñas y medianas empresas y cooperativas que ejecutaban estas obras, generando empleo local y promoviendo el desarrollo regional.

Del BICE al ENACOM

Por lo tanto, las operadoras de telecomunicaciones continuaron abonando el porcentaje que alimentaba al FSU, que actualmente acumula fondos por $200.000 millones, por lo menos hasta que el Ministerio de Economía y el ENACOM establezcan cuál será el nuevo procedimiento.

Es más, en el decreto que elimina este fondo se asegura que se mantendrá "la política pública" para garantizar el servicio universal en los términos del artículo 18 de la ley Argentina Digital.

En realidad, la norma no disolvió por ahora el fondo sino que cambió la forma de administrarlo que pasó del BICE al ENACOM ya que las empresas no dejaron de aportar al instrumento financiero.

Ahora y siguiendo esa premisa, el ente que dirige Juan María Ozores acaba de publicar la Resolución 735/2025 en el Boletín Oficial de este martes 20 de mayo para ampliar en algo más de $22.000 millones los fondos que, a través del FSU, se destinan a sostener programas de telecomunicaciones en zonas donde las operadoras privadas no tienen intenciones de invertir.

En sus considerandos, la norma recuerda que "el Artículo 18 de la Ley Argentina Digital establece que el Estado Nacional garantiza el Servicio Universal entendido como el conjunto de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que debe prestarse a todos los habitantes de la Nación, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica, ingreso o capacidades".

Proyectos en ejecución

Además, sostiene que Poder Ejecutivo Nacional define la política pública a implementar para alcanzar el objetivo del Servicio Universal, "diseñando los distintos programas para el cumplimiento de las obligaciones y el acceso a los derechos previstos en el mismo, pudiendo establecer categorías a tal efecto", además de universalizar la inclusión digital, para que los beneficios de las tecnologías de la información estén disponibles para todos los argentinos, potenciando las economías regionales.

Del mismo modo, hace mención al Decreto N° 6/25 por el cual se dispuso la disolución del FSU y el pedido del ENACOM para que la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo elabore un informe sobre el estado de situación de los distintos programas, convocatorias y proyectos financiados por el fondo,

El informe debía detallar la cantidad de proyectos aprobados, como así también, los trámites pendientes de resolución, presentados y los montos adjudicados en concepto de Aportes No Reembolsables (ANR), y además de los fondos a ser destinados al cumplimiento de las obligaciones pendientes a cargo del ENACOM.

De esa forma, se llevaron a cabo auditorías para estimar el monto necesario de ampliación de fondos para afrontar los compromisos pendientes, en relación a los proyectos aprobados para ser financiados por el FSU, teniendo en cuenta el llamado Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM), para calcular los fondos mínimos y máximos previstos para continuar con los proyectos.

Mantener los programas

Siguiendo esta premisa, se actualizaron los montos tomando como parámetro el IPIM correspondiente a marzo pasado y se calcularon los montos mínimos y máximos de los proyectos en forma exacta y con redondeo, acompañando dichas estimaciones.

El objetivo era el de equilibrar los presupuestos iniciales al incremento de los costos de los bienes y servicios necesarios para la ejecución de esas iniciativas, sumado a las variaciones del tipo de cambio ya que muchos insumos utilizados para la realización de las obras son adquiridos en dólares.

"Resulta oportuno adecuar los montos de los programas a efectos de afrontar las variaciones y adecuaciones de los proyectos en ejecución en el marco de los diferentes programas" detalla la resolución del ENACOM.

En su artículo 1°, la norma amplía los montos de los programas del FSU (en liquidación) para el financiamiento de los proyectos en ejecución, así como los valores mínimos y máximos de varias iniciativas que se detallan en dos anexos que contiene la resolución oficial.

Por caso, se amplía el dinero que reciben todos estos programas llega, a partir de estas modificaciones, a superar los $22.000 millones para financiar por ejemplo, el plan Conectividad; el desarrollo de infraestructura para internet destinado a villas y asentamientos; el Programa para el Desarrollo de Infraestructura de Internet a través de Redes Comunitarias "Roberto Arias", entre otros.

También se modifican los montos en los pliegos de bases y condiciones correspondientes al Programa Conectividad (Pequeños Licenciatarios), y los del Programa para el Desarrollo de Infraestructura para Internet destinado a villas y asentamientos.