Milei contrata un banco internacional para preparar la privatización de AySA

El Gobierno del presidente Javier Milei acaba de contratar los servicios de la Corporación Financiera Internacional (CFI) para iniciar el proceso de privatización de una de las principales proveedoras de servicios públicos que se encuentra bajo manos del Estado Nacional.

Se trata de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), que atiende a una población de aproximadamente 11,3 millones de habitantes en el área de la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del Gran Buenos Aires.

El servicio de agua potable de esa zona, que funcionaba bajo la denominación de Aguas Argentinas, había sido privatizado en la década de los 90, durante la presidencia de Carlos Menem y concesionado al grupo francés Suez, pero en el 2006 el gobierno de Néstor Kirchner rescindió ese contrato y creó la empresa AySA, bajo control estatal.

Ahora, el objetivo de la gestión libertaria es entregar a un operador privado el control de la sociedad tras haber sido declarada sujeta a privatización tras la sanción de la Ley Bases en el 2024.

En la actualidad, AySA tiene 6.222 empleados, un 20% menos que al final de la gestión del Frente de Todos y el año pasado registró un resultado operativo superavitario, pero recibió aportes del Tesoro por lo cual las autoridades nacionales decidieron acelerar su traspaso a una empresa privada para reducir el déficit del sector público.

Acuerdo en marcha entre el Gobierno y un banco internacional

De esta manera, se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones en manos del Estado a través de un esquema mixto que combina licitación pública nacional e internacional y teniendo en cuenta que el 10% restante seguirá en manos de sus empleados a través del Programa de Participación Accionaria.

Para lograr que el proceso licitatorio se cumpla en los plazos ya establecidos y que en el 2026 AySA ya deje de pertenecer al Estado Nacional, el gobierno libertario acaba de sellar un acuerdo con la CFI, considerado el brazo financiero del Banco Mundial.

La entidad internacional tiene como función principal promover el desarrollo económico de los países en desarrollo a través del sector privado mediante la inversión en proyectos, la movilización de capital privado y la prestación de servicios de asesoramiento

En este contexto, su tarea en el proceso de licitación de AySA consiste en asistir a las autoridades de la compañía en la gestión de las diversas líneas de trabajo necesarias para prepararla para su venta.

"AySA opera bajo un marco de concesión en un área que abarca la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios aledaños, con una población total de 15 millones de habitantes", detalla el acuerdo firmado entre el board de la CFI y el gobierno argentino.

Facilitar la privatización de AySA

El trabajo admite también que la iniciativa "es una prioridad absoluta para el Gobierno de Argentina, ya que busca mejorar la eficiencia operativa y apoyar la expansión gradual de los servicios de agua y saneamiento a zonas desatendidas, esperando que el proyecto mejore la calidad del servicio para la población".

Con el convenio se busca facilitar la participación del sector privado en AySA mediante la desinversión de la mayoría o la totalidad de la participación del Estado Nacional en la empresa "con el objetivo de que se mejore la calidad de los servicios prestados a la población y apoye la expansión gradual de los servicios de agua y alcantarillado".

La iniciativa se suma a varios proyectos que la CFI apoyó en la Argentina, tanto para la expansión de empresas privadas como para estrategias de los gobiernos nacional y también provinciales y municipales.

El último acuerdo data de abril pasado, cuando el organismo financiero internacional acordó un préstamo senior a siete años por hasta u$s150 millones para Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (PCR) para sostener un plan de inversión de capital (CapEx) destinado a la construcción de un parque eólico y la modernización de la infraestructura de transmisión eléctrica.

Un candidato "cantado"

En el caso de AySA, si bien la lista de posibles candidatos a quedarse con la empresa es restringida, se conoce del interés del empresario Mauricio Filiberti, conocido como el "señor del cloro" y socio en partes iguales de Edenor con José Luis Manzano y Daniel Vila.

Es también el dueño del grupo Transclor, petroquímica que abastece de productos como el policloruro de aluminio para la purificación del agua, que posee su principal planta en la localidad bonaerense de Pilar y que está abocada a la producción de Cloro-Soda.

Según una nota del diario La Nación, publicada el pasado 29 de junio, es un importante proveedor de AySA de un insumo considerado clave para potabilizar el agua conocido como PAC.

De hecho, la nota revela que Transclor había ganado ya una licitación para proveer este producto en el 2023, cuando AySA era presidida por Malena Galmarini que luego terminó siendo anulada en medio de un escándalo por un contrato que en ese momento se acercaba a los u$s128 millones.

Ahora, la misma empresa habría ofertado u$s108 millones por igual servicio, marcando una rebaja en dólares del 14,8%, siempre según la nota de La Nación.

Desde Transclor explicaron que ambas ofertas no se pueden comparar debido a las diferencias entre la economía durante la gestión de Sergio Massa y la actual, como el esquema cambiario, el acceso a dólares para financiar importaciones, la expectativa inflacionaria y el impuesto PAIS.

El plan "tres pasos" que lanzó el presidente Javier Milei

Pero más allá de este proceso que todavía no se encuentra finalizado, la administración del presidente Javier Milei lanzó el mes pasado el llamado plan "tres pasos" privatizar AySA en el 2026.

Se trata de una estrategia acción que contiene tres etapas para sanear las finanzas de la empresa y venderla a un privado el año próximo.

Antes, la gestión libertaria quiere readecuar la estructura comercial y financiera de la sociedad para poder obtener fondos acordes a los que en el mileismo entienden adecuados para desprenderse de AySA.

En ese camino, se dio inicio al proceso de adecuación tarifaria aprobado mediante la Resolución Nº 9 del 4 de abril de 2024 que busca lograr una estrategia de convergencia hacia el equilibrio económico financiero entre los costos operativos y de inversiones de mejora y mantenimiento y los ingresos por tarifa; lo que ha implicado una revisión de gastos operativos, de la inversión en mejora y mantenimiento y de la inversión en infraestructura de expansión del servicio.

En el mismo contexto, las autoridades de AySA admitieron que la empresa no está en condiciones de encarar el proceso de inversión en sus servicios como parte de los compromisos previstos en la planificación operativa.

Por lo tanto, solicitaron la elaboración en forma conjunta, con la Agencia de Planificación (APLA) y con el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), de un "Plan de Acción de Transición" que establezca compromisos de prestación del servicio asequibles en función de los recursos disponibles, para lo que restaba del 2024 y para los ejercicios 2025 en curso y 2026.

Dicha estrategia fue plasmada en la Resolución 221/2025 del Ministerio de Economía que fue publicada en el Boletín Oficial del pasado lunes 14 de julio y que lleva la firma del secretario de Obras Públicas, Luis Giovine.

En la norma se detallan los fundamentos del plan para el período 2024 - 2026 y contiene un anexo de alrededor de 36 páginas en las que se describen todos los pasos que el gobierno nacional adoptará para poner en valor la concesión de AySa con el objetivo de mejorar sus servicios y poder privatizarla, se supone dentro de dos años.

La resolución hace mención a un plan de obras e inversiones que arrancaron el año pasado y que finalizarán en el 2025 por alrededor de $753.000 millones, siempre como parte del bautizado "plan de tres pasos" pero oficialmente conocido como "Plan de Acción de Transición" elaborado por orden del presidente Javier Milei para reestructurar AySA.

Tarifas justas

Como resúmen ejecutivo, el anexo explica que la empresa ha emprendido un sendero de convergencia entre ingresos por tarifa y gastos operativos y de inversiones de mejora y mantenimiento, como parte de lo dispuesto por la Resolución. N° 9/24 de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

Destaca además la premisa oficial de que las tarifas a ser pagadas por los usuarios "deben reflejar los costos de una operación eficiente, austera y enfocada en el mantenimiento del servicio, a partir de lo cual desde principios de 2024 se han llevado a cabo acciones de racionalización de gastos operativos, por ejemplo mediante la reducción de la flota de vehículos; la disminución de alquileres de edificios; del parque de telefonía celular, de contratación de servicios tercerizados y la aplicación de un proceso de retiros voluntarios".

Como contrapartida, las autoridades de la compañía resolvieron la aplicación de la adecuación tarifaria para sostener una gestión que se sustente en los ingresos derivados de lo que pagan los usuarios, y que dicho dinero sea el reflejo de costos eficientes, de manera que no sean necesarios recursos aportados por el Estado Nacional para sostener la prestación.

El marco también obligó a las autoridades de AySA a enfocarse en la operación y el mantenimiento de los servicios dentro de las áreas actualmente servidas de agua potable y desagües cloacales a partir de dos grandes líneas de acción.

Por un lado, el proceso de revisión, análisis y priorización de proyectos de inversión de mejora y mantenimiento del servicio a partir de ciertas premisas ordenadoras que establecen criterios para establecer las prioridades.

Por otro lado, llevar a cabo un proceso de revisión de las obras de expansión del servicio que se encontraban con contrato vigente al inicio de la gestión y mantener gran parte de esas iniciativas por medio de su financiación y ejecución a cargo de otros actores gubernamentales.

En el resto de los casos se han iniciado tratativas con los contratistas a efectos de lograr acuerdos de rescisión contractual.

Financiar menos obras

El objetivo final de este plan es el de "concretar un exitoso proceso de privatización o concesión del servicio, estableciendo condiciones operativas adecuadas sobre las cuales favorecer la futura planificación de mediano y largo plazo para asegurar la sustentabilidad del servicio".

La estrategia recuerda que de las 299 obras que se encontraban en gestión a finales de 2023, se dispuso impulsar la continuidad de sólo 36 por contrato, con una inversión estimada en 2025 del orden de los $50.500 millones y de otros $36.700 millones para el 2026.

En el Artículo 7 del anexo se presenta el detalle de las obras que tendrán continuidad en el marco del plan y se admiten que desde principios del 2024 se rescindieron, finalizaron y/o cerraron 47 obras; que se está trabajando en la rescisión de otras 56 y que se encuentran en ejecución solamente tres.

Una de las que se destaca es la finalización y puesta en servicio del Sistema Riachuelo, dado el alto grado de avance del proyecto en su conjunto, la importante inversión realizada con el aporte del financiamiento del Banco Mundial, y fundamentalmente por el beneficio operativo y de seguridad en la prestación del servicio que este nuevo sistema cloacal representa para las instalaciones centenarias sobre las que se basa la red troncal de efluentes.

La norma aclara que para poder viabilizar la concreción de estas acciones se están realizando gestiones para contar con aportes de capital del Estado Nacional.