Milei posterga para el 2026 la venta de las principales centrales hidroeléctricas del país
El desembarco de nuevos operadores en las principales represas hidroeléctricas de la Argentina deberá seguir esperando, por lo menos hasta el año que viene, de acuerdo a una medida adoptada por el gobierno del presidente Javier Milei que vuelve a retrasar el cambio de operadores en las centrales.
Si bien los contratos se encuentran vencidos, los actuales concesionarios deberán mantener sus actividades, por lo menos hasta el 30 de diciembre de este 2025, ya que se acaba de definir una nueva demora la elaboración de los pliegos que se deben ofrecer para volver a licitar las presas ya que estatizarlas no es una opción para la gestión libertaria.
De hecho, en abril pasado, la administración libertaria ya había definido una prórroga de estos contratos de estas generadoras de energía que vencieron en el 2023 generadoras de energía.
Se trata de las centrales Hidroeléctrica Alicurá; El Chocón Arroyito; Cerros Colorados y Piedra del Águila, que siguen en manos privadas tras sucesivas extensiones de los acuerdos de concesión a pesar de que hace algunas semanas la administración libertaria oficializó un paso indispensable para avanzar en la reprivatización definitiva y planificada de las represas hidroeléctricas del Comahue, ubicadas en Neuquén y Río Negro.
En la actualidad, los contratos todavía siguen en manos de los actuales concesionarios que son Orazul Energy, en Complejo Hidroeléctrico Cerros Colorados; ENEL, en El Chocón -Arroyito; AES en Alicurá y Central Puerto en Piedra del Águila.
Millonarios ingresos
Si bien la idea es cederlas por otros 30 años, el proceso de licitación nacional e internacional todavía no se encuentra definido, aunque las autoridades nacionales estiman que el nuevo procedimiento le generará ingresos cercanos a los u$s500 millones a las arcas del Estado Nacional por la cesión a empresas privadas de estas hidroeléctricas que representan alrededor del 10% de la producción eléctrica, son de producción limpia y su costo operativo es menor que el de las térmicas que usan combustibles fósiles.
A través del decreto 718/2024, firmado por el presidente Milei, se marcó el inicio formal del proceso luego de que en agosto de 2023 vencieran los plazos de concesión de 30 años y los contratos fueran prorrogados siete veces por los gobiernos kirchneristas mientras se negociaba con las provincias la creación de un ente estatal.
Ahora se acaba de publicar en el Boletín Oficial de este martes 19 de agosto el Decreto 590/2025 del Poder Ejecutivo que marca nuevos plazos para la elaboración de los pliegos y obliga a las concesionarios actuales de las cuatro hidroeléctricas a mantener sus operaciones hasta fines de este año.
La norma recuerda que a través del Decreto N° 564/25 se autorizó la transferencia de las acciones de las empresas Alicurá; Chocón; Cerros Colorados y Piedra del Águila a la Secretaría de Energía que depende del Ministerio de Economía, como así también la venta de las acciones integrantes del capital social de dichas sociedades, mediante un concurso público nacional e internacional sin base.
El decreto recuerda que "las Leyes 15.336 y 24.065 y sus normas modificatorias y complementarias establecen el marco regulatorio de la energía eléctrica, cuyo diseño dispuso la división vertical de la industria eléctrica y la declaración de servicio público de la actividad de transporte y distribución de electricidad".
El decreto señala además que, teniendo en cuenta el vencimiento de los plazos contractuales con los actuales concesionarios "es intención del Estado Nacional otorgar dichas concesiones a distintas sociedades anónimas constituidas al efecto, cuyas acciones serán luego vendidas al sector privado bajo un proceso competitivo y expeditivo de alcance nacional e internacional".
Avanzar con un plan estratégico
Para encarar ese procedimiento, Economía creó el Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados (ETAHC), para realizar el relevamiento integral del estado de situación en los aspectos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales de las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción nacional.
Con base en los resultados de los estudios realizados, el nuevo ente elevó a la Secretaría de Energía de la Nación informes sobre el estado de cada una de las centrales, de los cuales surge la necesidad de avanzar hacia un plan estratégico de renovación de activos, cuyo objetivo es garantizar una condición de operación confiable de los aprovechamientos hidroeléctricos a los efectos de proveer a un funcionamiento pleno y sin interrupciones.
En este sentido y con el objetivo de iniciar el proceso licitatorio, la Secretaría de Energía instruyó a la estatal Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) y a Niucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), para que adopten las medidas necesarias que le permitan al Gobierno contar con estructuras societarias para la reversión de cada uno de los complejos hidroeléctricos y para asumir transitoriamente la actividad de generación eléctrica de los complejos.
De ese modo, se crearon cuatro sociedades anónimas como son Alicurá Hidroeléctrica Argentina; Chocón Hidroeléctrica Argentina; Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina, cuyos paquetes accionarios corresponden el 98% a ENARSA y el 2% a NASA.
En base a la experiencia técnica acumulada en la prestación de dicha actividad por los actuales concesionarios, y por razones de seguridad, celeridad, eficiencia, economía y transparencia se los mantendrá como operadores de las centrales, como fecha máxima hasta el último día de este 2025 inclusive o hasta el perfeccionamiento del concurso público nacional e internacional a través del cual se venderán las acciones de las nuevas sociedades, lo que ocurra primero.
Convocatoria en marcha
Si las empresas actuales deciden rechazar la medida, el Gobierno estableció un plazo de 90 días hábiles administrativos con el fin de adoptar "los recaudos necesarios para asegurar el normal desarrollo de la actividad en cuestión y así garantizar la continuidad operativa del sistema y la confiabilidad del suministro eléctrico".
Se estableció además que los operadores actuales de los complejos hidroeléctricos continuarán manejando el servicio por el plazo de un año, salvo que, antes de su vencimiento, se adjudiquen las centrales a nuevos inversores, en cuyo caso el plazo precitado se podría reducir a 90 días.
Adicionalmente, se dispuso que dentro de los próximos 180 días, la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Agencia de Transformación de Empresas Públicas" debe realizar el llamado a licitación para proceder a la venta del paquete accionario de cada una de las nuevas sociedades constituidas para la generación de energía eléctrica en cada uno de los complejos hidroeléctricos que se pretenden concesionar.
"Este hecho requiere, entre otras cuestiones, la elaboración de los pliegos de bases y condiciones correspondientes, la definición de las normas de manejo de aguas aplicables, la identificación de las inversiones obligatorias que deberán realizar los nuevos concesionarios con el objetivo de extender la vida útil de los activos de los complejos hidroeléctricos, el replanteo del perímetro de concesión de cada uno de los complejos hidroeléctricos y la elaboración de los manuales de protección del ambiente y seguridad de presas", se asegura en el decreto dado a conocer este martes 19 de agosto.
En ese contexto, ya se elevó un informe con la propuesta acerca de la modalidad y el procedimiento más adecuados para la venta del paquete accionario mayoritario de las nueva sociedades que controla Alicurá; Chonchón; Cerros Colorados y Piedra del Águila y se les avisó a los gobiernos de Neuquén y Río Negro que se aplicaba una prórroga, como habían solicitado, para la venta de las centrales que ya venció.
Sin embargo, en el decreto se considera necesario "establecer un nuevo plazo para concluir el Concurso Público Nacional e Internacional sin base, a los fines de finalizar con la implementación de las medidas necesarias para llevar a cabo un procedimiento de tal envergadura, atendiendo a los tiempos que demanda un proceso de estas características y los intereses concurrentes tanto del Estado Nacional como de las provincias involucradas".
Mantener las obligaciones
De todos modos, la norma autoriza el inicio del proceso de transferencia de las acciones de las sociedades estatales creadas para controlar las cuatro centrales, pero disponiendo que los actuales operadores deben permanecer con sus actividades, salvo que en el plazo de cinco días envíen una nota rechazando la determinación.
Si prefieren firmar la carta de intención para mantener sus operaciones, seguirán en las represas como fecha máxima hasta el 31 de diciembre próximo o bien, hasta el perfeccionamiento del Concurso Público Nacional e Internacional.
Mientras tanto, los concesionarios se veran obligados a mantener vigente la garantía de cumplimiento del contrato, la que no podrá ser inferior a u$s4.5 millones y que podrá cancelarse a través de una fianza o de un seguro de caución.
También deberán abonar a Río Negro y Neuquén las regalías que estas provincias acuerden con la Secretaría de Energía, siempre respetando la proporcionalidad de los ingresos reconocidos.
El decreto que lleva las firmas del Presidente Milei; del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Economía, Luis Caputo, también establece que en los próximos 60 días corridos, el Ministerio de Economía llamará al concurso público nacional e internacional, sin base para proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de las cuatro sociedades estatales que tienen bajo su control a las centrales hidroeléctricas.
Entre las pautas que se deberán incluir en los pliegos se destacan las de la remuneración de los concesionarios durante el período de concesión; perímetro y descripción; inventario; seguridad de presas, embalses y obras auxiliares; normas de manejo de aguas; guardias permanentes; protección del ambiente; seguros; obras y trabajos obligatorios.