El "club de la obra pública" se quiere quedar con la concesión de la ruta del Mercosur

El histórico "club de la obra pública", compuesto por tradicionales y polémicas empresas constructoras nacionales que participaron siempre de licitaciones organizadas por los diversos gobiernos de turno, dijo presente en la convocatoria realizada por la administración libertaria para desarrollar la nueva "Red Federal de Concesiones" que promueve el Ministerio de Economía.

En esta primera etapa, se abrieron los sobres correspondientes a 741 kilómetros correspondientes a los tramos oriental y conexión, que integran la Etapa I del nuevo entramado de autopistas que el gobierno del presidente Javier Milei quiere entregar en concesión.

Las ofertas se presentaron en dos sobres, con el primero conteniendo los aspectos y documentos relativos a la calidad de los oferentes, y el segundo con información relativa a la oferta económica, que será la tarifa de peaje que cada empresa que participa del proceso propone cobrar si se le adjudican las obras.

De acuerdo a la información suministrada por Vialidad Nacional, se presentaron seis propuestas para operar las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 atravesando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes, y para el Tramo Conexión, compuesto por el Puente Rosario-Victoria (RN 174), que conecta Entre Ríos y Santa Fe.

El trazado corresponde a la principal autopista del Mercosur que hasta principios de abril pasado, era operada por Caminos del Río Uruguay (CRUSA), pero cuya concesión había vencido y las autoridades nacionales decidieron no renovar y sumar todo este trayecto a la Red Federal.

El trazado se inicia en el puente Zárate Brazo largo y comunica el litoral argentino con una autovía que llega al límite con Brasil y con Uruguay y que es conocida como la "columna vertebral de la circulación en el Mercosur", además de tener a su cargo el puente que une Rosario con Victoria.

Contrato judicializado

Al inicio del contrato CRUSA operaba una ruta que tenía una extensión de 617 kilómetros, de los cuales 30 eran de pista doble, pero luego sumó otros 60 kilómetros de la ruta 174 del Corredor Rosario Victoria, para llegar actualmente a una extensión de 668 kilómetros, de los cuales están a cargo de la sociedad 135 kilómetros de autovía y otros 532 kilómetros de una sola mano.

Todo ese trazado fue incluido en la nueva "Red Federal de Concesiones" ya que se trata de una ruta que que facilita el comercio y la integración regional con Brasil y Uruguay, conecta con cuatro pasos fronterizos estratégicos e incluye el Puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná, en cercanía con acceso a puertos y centros productivos del Gran Rosario, lo que, según Vialidad Nacional, potenciará las exportaciones y desarrollo logístico.

Posteriormente, se agregarán los tramos a concesionar en las subsiguientes etapas hasta conformar la entrega de más de 9.000 kilómetros para integrar la totalidad de la red a empresas interesadas a cambio del cobro de peajes.

Al ser el organismo encargado de elaborar los pliegos, Vialidad Nacional, también es responsable de controlar por resultados el correcto cumplimiento de los contratos que se celebren "para garantizar las condiciones de circulación y detectar posibles incumplimientos con el fin de brindar un servicio de calidad para que todos los usuarios transiten de forma segura".

Viejos conocidos

En el gobierno nacional aseguran que el nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios. En este marco, las empresas seleccionadas por las autoridades del organismo que depende de ministerio que comanda Luis Caputo fueron las empresas Autovía Construcciones y Servicios; Coyserv; Rovial-EDECA-Pitón-Pietroboni; Obring; Benito Roggio e Hijos; Panedile Argentina y Rovella Carranza.

La primera empresa es propiedad del Grupo Cartellone, mientras que la segunda se describe como una empresa familiar perteneciente al grupo ECOGAS. En el caso del consorcio de cuatro empresas que figura en el cuarto lugar, se trata de empresas constructoras medianas que tienen antecedentes en operaciones en el interior.

Por su parte, Obring es propiedad de los hermanos Franco y Pablo Gagliardo y la empresa se dedica al desarrollo de proyectos urbanísticos e inmobiliarios y a la construcción de obras públicas y privadas, tanto propias como de terceros. En tanto, los dueños actuales de Benito Roggio e Hijos son los hijos de Aldo y Graciela Roggio, quienes recibieron la totalidad de las acciones de sus padres en un proceso de transferencia que culminó en 2020.

Panedile Argentina es contrlada por Hugo Dragonetti, quien es el presidente, y otros miembros de su familia como María Dragonetti (vicepresidenta) y Lucía Dragonetti (directora). Hugo Dragonetti es el propietario y figura clave en la empresa, que fue fundada por capitales italianos pero se "argentinizó" a partir de la década de 1990, con esta familia ingresando a principios del 2000. Y en el caso de Rovella Carranza, es operada por Mario Rovella y tiene antecedentes que la conectan con varios gobiernos provinciales y causas judiciales, además de haber desarrollado una gran cantidad de obras en el interior.

Contradicción oficial

Si bien la información de Vialidad Nacional sostiene que las obras se sostendrán con el pago de los peajes por parte de los automovilistas que circulen por estas rutas, lo cierto es que el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), otorgará una financiación de hasta $56.000 millones para cubrir el 70% de las inversiones exigidas en la licitación.

Es decir, el discurso libertario de no usar fondos del Estado para obra pública quedó en la nada ya que el BICE es un banco estatal que entregará los fondos públicos a empresas privadas volcadas a la infraestructura.

Una nota publicada este miércoles 8 de octubre por el diario La Nación explica que en unos días, se sabrá quién se queda con el corredor y anticipa que todos los competidores podrían haber requerido el peaje más alto (alrededor de u$s3 por cada 100 kilómetros para la categoría autos y 7 veces más para los camiones más grandes) y entonces, los plazos de las obras habrán sido determinantes para la elección.

Lo cierto es también que se trata de un ruta que se encuentra inmersa en una importante causa judicial iniciada por CRUSA contra el Estado Nacional.

Causa pendiente

La empresa considera que fue perjudicada por la autoridades nacionales y que el contrato que le fue anulado tenía vigencia ya que se encontraría pendiente la renegociación a la que el Estado se comprometió llevar a cabo en el año 2009, pero que a la fecha no fue realizada. De hecho, existe una causa judicial iniciada por la empresa bajo los autos caratulados "CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. DE CONSTRUCCIONES Y CONCESIONES VIALES S/CONCURSO PREVENTIVO" (Expediente Judicial N° 1520/2023), en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 9, Secretaría N° 17.

En este sentido, el 19 de octubre de 2023 se hizo lugar a la medida cautelar de no innovar, entablada por la concesionaria, para prorrogar la concesión por seis meses, a partir del 31 de octubre de 2023, lo cual fue apelado por Vialidad Nacional, y provocó que la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resuelva admitir parcialmente el recurso deducido por el organismo.

Esa cámara dispuso que la medida cautelar cesaría a los 30 días contados desde su notificación, plazo en que las partes involucradas debían realizar todos los trámites necesarios para finalizar el contrato de concesión el 9 de abril de 2024. Pero la Resolución N° 144/24 de Vialidad Nacional estableció la prórroga de la concesión por otros 12 meses contados a partir de la fecha de culminación de la concesión, lo cual debe culminar el próximo 18 de abril.

Es más, los ejecutivos de CRUSA acusaron al gobierno de Javier Milei de haber llevado a cabo un proceso "deliberado" de ahogo financiero en contra de la sociedad ya que, según entienden, deriva de los incumplimientos reiterados del Estado Nacional que le han provocado un mantenimiento deficiente y a todas luces inadecuado de los trazados viales, a pesar de los esfuerzos operativos realizados. La situación derivó en la presentación de la empresa en concurso preventivo y en la homologación por parte de la justicia de su propuesta de Acuerdo Preventivo con la conformidad de la gran mayoría de sus acreedores para poder hacer frente al pago de una millonaria deuda.

Millonaria demanda

De manera paralela, CRUSA reclamó ante los tribunales contra el Estado en el 2022 por incumplimiento de contrato, reclamando una indemnización por u$s300 millones, tal como se observa en la presentación que se tramita bajo el expediente CAF 69706/2022 del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11. Es más, en Vialidad Nacional se acumulan 46 pedidos que CRUSA hizo desde el 2006 a la fecha para que se inicie el proceso de aumentos tarifarios que nunca se inició. A esto se suma que, en agosto pasado un consorcio privado se mostró interesado en desplazar a CRUSA de la concesión y quedarse con el trazado.

La propuesta partió de un grupo conformado por Luis Losi S.A.; Rovella Carranza S.A. y JCR S.A. que, en conjunto, presentaron ante el Ministerio de Economía una iniciativa privada para la concesión de la ruta del Mercosur. Lejos de desentenderse de la precaria situación de la ruta, en mayo de 2021, la concesionaria presentó una nota a Vialidad Nacional informando sobre "la grave situación del corredor vial" y reclamando "medidas urgentes" para mantener la seguridad de la ruta.

Desde entonces, otra serie de notas se presentaron para intentar poner en marcha la inversión estatal en el camino que, según las estimaciones del concesionario, debería llegar a alrededor de $68.000 millones.

De hecho, el juez Carlos Ercolini desestimó una denuncia que había cuestionado la última prórroga de la concesión que hasta los primeros meses del año sigue en manos de CRUSA.

Segunda etapa 

En cuanto a la continuidad de las licitaciones, la idea del Gobierno es ceder un total de 9.145 kilómetros distribuidos en 13 tramos que representan el 20% de la red vial nacional, pero concentran el 80% del tránsito. Todo este entramado se encuentra bajo control de la sociedad estatal Corredores Viales, creada por el ex presidente Mauricio Macri y que la gestión de Javier MIlei puso en la lista de "privatizables".

El proceso licitatorio se llevará a cabo dentro del plazo de 12 meses, con la modalidad que se estime más conveniente y con el fin de otorgar la concesión por peaje para la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios y para la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales.

Luego de esta primera etapa, se contempla dar en concesión 5.513 kilómetros de rutas actualmente gestionadas por Corredores Viales S.A., sumando otras rutas que hasta ahora no estaban concesionadas, como la RN 33 en Santa Fe; la RN 18 en Entre Ríos, y la variante de la RN 19 en Córdoba, en el marco de una etapa que estará dividida en diez tramos.

En total, se licitarán 8.648 kilómetros distribuidos en 12 tramos que representan el 20% de la red vial nacional, pero concentran el 80% del tránsito.

La convocatoria para esta segunda etapa se realizará en febrero próximo, con adjudicación prevista para julio del mismo año.