Rechazo a proyecto kirchnerista para financiar el deporte con dinero de las operadoras telcos

Hace un par de semanas, la Comisiones de Deportes, de Presupuesto y Hacienda y de Comunicación e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación lograron el dictamen de mayoría del proyecto que plantea la recuperación de la autonomía del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).

Se trata de un proyecto de ley que establece las modificaciones sobre el financiamiento y la administración del organismo con el válido objetivo de "recuperar la autonomía del ente y lograr que vuelva a tener un presupuesto genuino e importante", tal como se describe en la iniciativa que es impulsada, entre otras, por la diputada kirchnerista Victoria Tolosa Paz.

El objetivo es establecer una nueva fuente de financiamiento para el ENARD y logró un amplio consenso (66 firmas) entre algo más de 70 legisladores de distintos bloques, pero con el rechazo unánime de los representantes de La Libertad Avanza.

En los considerandos del proyecto se asegura que se busca "consolidar una planificación deportiva sostenida en el tiempo, sin comprometer el equilibrio fiscal para profesionalizar y potenciar el alto rendimiento, asegurando que el deporte argentino cuente con los recursos necesarios para competir al más alto nivel".

Sin embargo, la iniciativa es cuestionada por los principales referentes del sector de las telecomunicaciones y de las operadoras de esta industria ya que propone restituir y ampliar el cargo del 1% sobre la facturación de las empresas que estuvo vigente hasta el gobierno de Mauricio Macri, quien desarmó este esquema de financiamiento.

Subsidiar un plan de desarrollo deportivo

Ahora, los diputados kirchneristas pretenden restablecer el mecanismo para que los deportistas de alto rendimiento sean financiados con el aporte de las empresas de telefonía móvil y fija, servicios de internet y televisión por cable, lo que permitiría recaudar alrededor de u$s70 millones anuales, teniendo en cuenta que los legisladores opositores suponen que la industria factura u$s70.000 millones cada 365 días.

En cuanto a la distribución de los fondos, el proyecto establece que el 40% de lo recaudado se asignará a las provincias, siguiendo el esquema de coparticipación, pero con la condición de que estos recursos no sustituyan el presupuesto provincial ya existente para el deporte.

El texto también contempla la creación de un Consejo Federal de alto rendimiento, integrado por representantes de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires que tendrá la responsabilidad de armar el Plan Nacional de Desarrollo Deportivo, así como de coordinar la transición de los atletas hacia el alto rendimiento.

De esta estrategia también participará el ENARD, organismo creado por la Ley 26.573, sancionada el 2 de diciembre de 2009, que comenzó a funcionar como organismo autárquico sin fines de lucro y de gestión público-privada y que se financiaba con ese cargo que se aplicaba al abono a los usuarios de la telefonía móvil.

Pero en el 2017, el gobierno de Cambiemos envió un proyecto de reforma tributaria al Congreso que, entre otras cosas, derogó el artículo que aportaba ese porcentaje y el ente empezó a financiarse a través de los recursos asignados en el presupuesto nacional.

Estrategia clave

Ahora, la propuesta kirchnerista pretende reestablecer un esquema similar que, además del apoyo de diferentes sectores políticos, logró la adhesión de las autoridades del Comité Olímpico Argentino (COA) y del Comité Paralímpico Argentino (COPAR), así como de muchos atletas olímpicos y de la Confederación Argentina de Deportes.

En este sentido, el diputado kirchnerista y coautor del proyecto, Rogelio Iparraguirre, entiende que la recuperación de la autarquía del ENARD "es un elemento de carácter estratégico para la planificación del deporte en nuestro país a partir de un dato clave que es la previsibilidad, como la que logramos en en el año 2009, en lo que fue el último salto cualitativo y cuantitativo del deporte nacional, con la creación del ENARD y su sistema de autarquía financiera, para no depender de un gobierno de turno".

En igual sentido, Victoria Tolosa Paz destacó la "mirada común de casi todos los bloques para lograr la autonomía y el financiamiento para el ENARD para poder hacer de ese semillero algo permanente, que viene para quedarse".

La diputada asegura "querer un país serio donde el deporte tenga el financiamiento garantizado a partir de la legislación, como estamos sancionando en este momento" .

En tanto el mendocino Martín Aveiro dejó en claro "que esta ley no produce déficit al Estado Nacional sino que va a generar oportunidades, no va a depender que un deportista nazca en un barrio de clase alta, de clase media o de la clase más humilde".

Además, sostuvo que si se logra plasmar el proyecto en ley "va a significar que vamos a tener el 10% del presupuesto que hoy tiene Brasil para el alto rendimiento".

El fantasma del Fondo Fiduciario de Servicio Universal

Sin embargo, en la industria de las telecomunicaciones la mirada es diferente y crítica sobre la iniciativa, teniendo en cuenta también que ninguna cámara del sector o representante de las operadoras grandes o pymes fueron invitadas a debatir sobre los postulados del proyecto.

Al respecto, el analista Enrique Carrier compara el nuevo aporte del 1% al llamado Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FSU), que obliga a las empresas a realizar un aporte obligatorio del mismo porcentaje para reducir la brecha digital en el país.

En enero pasado, el presidente Javier Milei modificó algunos aspectos de este sistema como parte de su política de ajuste fiscal y de investigación de irregularidades en la creación y distribución de dinero en esos instrumentos financieros del Estado.

En el caso del FSU, creado bajo la Ley 27.078, se detectó que varios programas asociados carecían de instrumentos que justificaran su continuidad y no cumplían con los objetivos estipulados.

Pero la decisión oficial de dar de baja ese instrumento trajo confusión al sector, al punto que el grupo español dueño de la marca Movistar hizo una presentación para dejar de aportar ese dinero, entendiendo que la medida de disolver el fondo fiduciario le permitía tomar esa medida.

Sin embargo, una norma también emitida en enero pasado por parte del ENACOM dejó en claro que siguen vigentes las obligaciones de los fiduciarios de los fondos, "con el fin de asegurar la coordinación y producción de información, así como la ejecución de los actos relativos a la administración de la disolución y posterior liquidación…"

Por esos motivos, para el ENACOM no existen dudas con relación a la vigencia de la obligación de aporte de inversión y que las empresas licenciatarias de servicios de TIC deben continuar realizando, "hasta tanto se dicten las normas complementarias y se concluya el proceso de liquidación".

Relativo costo fiscal cero

En este sentido, Carrier advierte que "bajo la inocente descripción de proyecto que modifica la administración de los recursos del ENARD, distintas Comisiones de la Cámara de Diputados lograron un dictamen favorable para obligar al sector a aportar otro cargo del 1% para los usuarios de servicios TIC, aplicado sobre la facturación neta del IVA, destinado a financiar el deporte de alto rendimiento".

El experto advierte que "se trata de un intento de hacerse con fondos provenientes de las empresas prestadoras de servicios TIC, con el agravante de que su destino nada tiene que ver con la conectividad".

También asegura que "eso del costo fiscal cero es relativo ya que si bien es cierto que el proyecto pretende que los fondos no provengan del presupuesto nacional, se trata de una nueva obligación tributaria, aun cuando tenga un destino específico".

Por lo tanto, entiende que no habrá un costo directo para el fisco, pero sí para los alcanzados por el tributo y que, al convertirse en un nuevo costo para los prestadores, será trasladado al cliente final.

Para dimensionar el impacto de la propuesta, Carrier recuerda que el 1% de la facturación por los servicios TIC equivale al aporte que ya se realiza al FSU y, por lo tanto, desde la perspectiva de las empresas TIC, "ambos mecanismos son similares en su carga, aunque difieren en el destino de los fondos".

De convertirse en ley este proyecto, el experto anticipa que las operadoras del sector deberán aportar el 2% de su facturación (1% al FSU y otro 1% al ENARD), lo cual duplicaría la carga específica del sector con la diferencia de que en el primero de los casos, los fondos regresan al propio ecosistema a través de programas y proyectos, mientras que en el del ENARD, se trata de una tasa con un destino completamente ajeno.

"En los hechos, equivaldría a una doble imposición sectorial encubierta", agrega Carrier para quien la propuesta abre dos debates.

Uno se vincula a si el ENARD debe financiarse con impuestos generales o específicos y el otro es si los ingresos alcanzados no deberían ser los vinculados al deporte como entradas, transferencias de jugadores, patrocinios, derechos televisivos.

Fuerte presión 

"En otras palabras, que al deporte lo financie el deporte", enfatiza Carrier, al tener en cuenta que los servicios TIC ya son víctimas de la voracidad fiscal en todos los niveles.

En el caso nacional, con IVA, Ganancias, Impuesto al Débito y Crédito, aranceles; en el provincial por Ingresos Brutos, y en el municipal con tasas y permisos de todo tipo.

De hecho, de acuerdo con un estudio publicado por CABASE, el sector de servicios de acceso a internet está sujeto a más de 20 tributos y tasas de diferente índole, lo cual implica una carga tributaria que se ubica, en promedio, en 41,5%, por lo que agregar una nueva contribución para un destino ajeno a la actividad no hace más que confirmar que la voracidad fiscal sigue vivita y coleando.

Además, Carrier advierte que la iniciativa "demuestra que en la mente de la clase política todavía persiste una imagen del sector TIC propia de hace una década, cuando crecía a tasas chinas y todo era una fiesta, pero deberían ver los números con más detalle para darse cuenta de que aquellos tiempos quedaron definitivamente atrás".

Entender la problemática TIC

Por su parte, Marcelo Tulissi, presidente de la Camara Argentina de Cableoperadores Pyme, también manifestó su profundo rechazo a la iniciativa del kirchnerismo.

"Nos oponemos a la creación de un nuevo impuesto al sector, teniendo en cuenta que la carga tributaria ya es enorme y en que estamos en un momento económico y financiero complejo donde es difícil modificar abonos y sabemos que todo nuevo tributo lo termina pagando el consumidor final".

Para el empresario, "los legisladores además deberían hablar con el sector TIC para entender un poco la problemática que nos ocupa a nuestra industria".

Otro representante del sector que se manifestó preocupado por la iniciativa es Antonio Roncoroni, presidente de la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur (Fecosur) e integrante fundador de la Mesa de la Industria TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) de Argentina.

"Mi posición es totalmente negativa sobre esta tasa que va a encarecer los servicios y no se va a usar para lo que es la conectividad", destaca el empresario.

Si bien está de acuerdo en apoyar a los deportistas de alto rendimiento, advierte que no se debe hacer con fondos del sector de las telecomunicaciones "que ya sufre una carga fiscal muy alta y atraviesa problemas derivados de una economía que está planchada".

Roncoroni también anticipa que si el proyecto se transforma en ley, la carga adicional "será trasladada a los usuarios de esta industria".