La Justicia pidió procesar a dos ex presidentes de Sancor acusados por apropiación indebida de aportes
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El Ministerio Público Fiscal solicitó el procesamiento de dos expresidentes del Consejo de Administración de Sancor Cooperativas Unidas Limitadas por el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, previsto en el artículo 7 del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430).
El pedido alcanza a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, quienes ejercieron la presidencia de la cooperativa en distintos períodos. La solicitud fue elevada al Juzgado Federal de Rafaela en el marco del expediente "Sancor Cooperativas Unidas Limitadas s/ Infracción Ley 27.430".
Según consta en la causa, ambos fueron citados a declaración indagatoria el 12 de noviembre de 2025. En esa instancia, optaron por abstenerse de declarar, sin desconocer los hechos imputados.
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De acuerdo con la acusación fiscal, los imputados, en su carácter de máximas autoridades de la cooperativa y agentes de retención, no ingresaron dentro del plazo legal los aportes al Sistema de Seguridad Social que habían sido retenidos a los trabajadores.
Para la fiscalía, esa conducta configura el delito de apropiación indebida de recursos previsionales, ya que los fondos fueron descontados a los empleados pero no transferidos al Estado dentro de los plazos previstos por la ley.
En el caso de José Pablo Gastaldi, quien presidió el Consejo de Administración entre febrero de 2020 y octubre de 2022, la fiscalía le imputa siete hechos de apropiación indebida de aportes previsionales, correspondientes a febrero, marzo, abril y septiembre de 2020, y a agosto, septiembre y octubre de 2021, por un monto total de $128.741.679, siempre por aportes al Sistema de Seguridad Social que fueron retenidos a los trabajadores pero no ingresados dentro de los plazos legales.
Todos los casos corresponden a aportes previsionales que no fueron ingresados dentro del plazo de 30 días que fija la normativa, superando el monto mínimo establecido por la ley para que exista delito penal.
Por su parte, Alberto Eduardo Sánchez, que ejerció la presidencia con posterioridad, fue imputado por 16 hechos ocurridos entre noviembre de 2022 y enero de 2024, también vinculados al no ingreso de aportes a la seguridad social.
La calificación penal y el pedido de procesamiento de la Justicia
El Ministerio Público Fiscal consideró que en esta etapa del proceso están acreditados tanto los hechos como la participación penal de ambos imputados. Por ese motivo, solicitó que se los procese como autores del delito, en los términos de los artículos 45 y 55 del Código Penal.
El planteo fue realizado conforme al artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, que habilita el dictado del procesamiento cuando existen elementos suficientes de prueba.
En cuanto a las medidas cautelares, la fiscalía no pidió la detención de los imputados. Propuso aplicar solo la obligación de informar cualquier cambio de domicilio, contemplada en el artículo 210, inciso "a" del Código Procesal Penal Federal.
El pedido se basó en que ambos carecen de antecedentes penales, tienen domicilios conocidos, desarrollan actividad laboral declarada y comparecieron voluntariamente a las indagatorias, lo que fue interpretado como señal de sometimiento al proceso.
Un conflicto que estalló en lo penal tras años de crisis
El avance de esta causa penal se produce en medio de una crisis prolongada de Sancor, que lleva más de una década de deterioro financiero, operativo y laboral. En los últimos años, ese proceso incluyó atrasos salariales, deudas previsionales, bloqueos sindicales, reducción de plantas activas y despidos.
En 2022 ya se había intentado un fideicomiso de rescate, que finalmente no prosperó. Durante 2023, el conflicto con el gremio paralizó varias plantas y dejó millones de litros de leche sin procesar. En 2025, la situación se formalizó con la presentación en concurso preventivo de acreedores, aprobada por unanimidad por los socios de la cooperativa.
Lejos de ordenar definitivamente el cuadro, el concurso convivió con nuevos atrasos en sueldos, más despidos y una operatoria sostenida casi exclusivamente a través de acuerdos de producción a terceros, mediante los cuales Sancor procesa leche para otras empresas para sostener una parte mínima de su actividad.
En septiembre de 2025, el gremio Atilra llegó incluso a pedir la quiebra con continuidad de explotación, alegando la persistencia de incumplimientos salariales y previsionales. En paralelo, la empresa anunció distintos acuerdos productivos que le permitieron reactivar parcialmente algunas plantas, aunque sin recuperar el volumen histórico de operación.
Qué se define ahora
Con la solicitud de procesamiento ya presentada, la definición quedó en manos del juez federal de Rafaela, quien deberá resolver si dicta formalmente el procesamiento de los dos expresidentes.
De confirmarse ese paso, la causa avanzará a una etapa superior, con posibilidad de embargos, profundización de la investigación patrimonial y eventuales elevaciones a juicio oral.