Usarán contenedores para construir una "mini cárcel" en la Ciudad de Buenos Aires

El Gobierno porteño retomará con modificaciones una obra considerada clave para el sistema de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires que ha tenido giros importantes en su planificación.

Se trata de la construcción de la llamada Alcaidía Central que estará ubicada en la Avenida 27 de Febrero 7151 y su cruce con la Autopista Cámpora, en el barrio de Villa Soldati.

Si bien la iniciativa fue concebida como la pieza fundamental para resolver la crisis de sobrepoblación de detenidos en las comisarías porteñas, a principios de este 2025 se anunció la suspensión de la obra tras alcanzar nuevos acuerdos con el gobierno nacional.

Sin embargo, ahora la administración que dirige Jorge Macri acaba de anunciar que retomará el proyecto en el marco de la Resolución N.º 1586/MSEGC/25, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad este jueves 18 de diciembre.

Plan retomado para la "mini cárcel" de la Ciudad

En la norma se aclara que, "por el Expediente Electrónico N° 51388507-GCABA-DGAYCON/25 tramita la Contratación Directa de Obra Pública N° 10238-0007-CDI25, convocada para la construcción de la infraestructura para alcaidía no penitenciaria, sita en Av. 27 de Febrero N° 7.151t, Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

El sitio elegido para esta "mini cárcel" de tránsito se encuentra en una zona estratégica y aislada del sur de la Ciudad, situada detrás del Parque Roca y del Centro de Logística de Camiones, a pocos metros del Riachuelo.

​La cárcel será construida en un predio de aproximadamente 40.000 metros cuadrados (4 hectáreas), seleccionado porque los vecinos más cercanos del lado porteño se encuentran a unos 600 metros, minimizando el impacto visual y social en áreas residenciales densas.

El diseño original de la Alcaidía Central contemplaba una infraestructura robusta para el alojamiento transitorio, con una capacidad proyectada para 700 a 720 detenidos y un presupuesto estimado en $43.760 millones (valor a octubre de 2024) que ahora se ha reducido drásticamente a solamente $7.800 millones.

También se modificó el formato de contratación ya que de ser un llamado a licitación pasó a una contratación directa a la cual fueron invitadas las empresas San Marino Construcciones; Lihue Ingeniería y Tecma S.A.

Lo que en la norma no se explica son las razones por las cuales se invitó a estas empresas a participar del proceso y no a otras más, teniendo en cuenta la existencia de varias constructoras que también podrían participar del procedimiento.

Contratación directa

Inicialmente, el pliego licitatorio estipulaba 730 días corridos (dos años) de construcción que deberían finalizar en el 2026, teniendo en cuenta que la convocatoria se había hecho en octubre del 2024, pero luego fue anulada.

De todos modos, el destino del predio se mantuvo en una alcaidía y no una cárcel, ya que se supone que en este edificio (al igual que en las comisarías) deberían alojarse presos de manera momentánea, hasta que sean trasladados al penal federal donde sí cumplirían su condena.

Es decir, funcionará como un sitio destinado a personas en espera de juicio o traslado, evitando que permanezcan en comisarías que no tienen condiciones de habitabilidad para plazos largos.

Sin embargo, en febrero pasado el propio gobierno porteño anunció que la obra quedaba suspendida debido a que se había llegado a un acuerdo para reiniciar las obras en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz que iban a garantizar unas 2.200 plazas nuevas para finales de este 2025.

Además, hubo quejas tanto de residentes de Villa Soldati como de Lanús (quienes tenían el predio justo enfrente, cruzando el Riachuelo), por la construcción de este módulo de detención.

Sobrepoblación carcelaria

Si bien la obra quedó suspendida, parte del pliego inicial se mantuvo, en especial en lo referente a sistemas de monitoreo centralizado; áreas de sanidad y asistencia médica interna; sectores para visitas y comunicación con abogados; protocolos de seguridad perimetral para evitar fugas, entre otros.

En la resolución publicada este jueves, la administración porteña recuerda que en marzo de 2020, el gobierno del ex presidente Alberto Fernández, a través del Servicio Penitenciario Federal, adoptó diversas medidas que implicaron una restricción a la admisión de detenidos en los establecimientos penitenciarios nacionales.

Las consecuencias de esta medida fueron inmediatas ya que las personas con prisión preventiva o condena en el ámbito territorial de la Ciudad, no fueron ingresadas al Servicio Penitenciario Federal, sino de forma transitoria al Centro de Alojamiento de Contraventores de la Ciudad y en comisarías y alcaidías a cargo de la Policía porteños, a la espera de ser trasladadas a los establecimientos penales federales.

En un decreto publicado por esos años, se admitió que este tipo de edificios "no han sido edificados para alojar detenidos por largos períodos de tiempo o de modo permanente, por lo que no cuentan con la infraestructura necesaria para garantizar las condiciones de seguridad requeridas para tal fin".

Esto generó un aumento sostenido e invariable de las personas alojadas en forma transitoria en las comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, provocando una situación de sobrepoblación.

Por esos motivos, en el artículo 2° del Decreto N° 200/24 se facultó a los Ministerios de Justicia y de Seguridad a adoptar medidas que resulten necesarias para afrontar la emergencia declarada a partir de la planificación, construcción, remodelación y refacción de inmuebles y dispositivos que permitan alojar de manera temporal y transitoria a personas privadas de su libertad en el territorio de la Ciudad.

También se aprobaron medidas para fortalecer el sistema de comisarías e instituciones penales dependientes de la Policía de la Ciudad para afianzar su capacidad operativa.

Por Marcos Paz

Se recuerda que, a pesar de este escenario crítico, por Resolución N° 343 del 1° de abril pasado, "se dejó sin efecto la Licitación de Obra Pública de Etapa Única Nacional N° 10238-0039, convocada para la contratación de la Obra Pública denominada: "Construcción de la Alcaidía Central 27 de febrero, sita en Av. 27 de febrero N° 7.151t, Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Se señala que la decisión se sustentó en que se retomaban las obras en Marcos Paz que iba a permitir dar respuesta a la problemática de sobrepoblación y a la situación de emergencia edilicia vigente.

Sin embargo, la resolución asegura que, a la fecha, "dicha obra permanece inconclusa y no existe proyección cierta de su finalización en el corto plazo, lo que priva a la Ciudad de la solución que oportunamente se había contemplado".

De hecho un informe interno de la administración pública porteña da cuenta de que "aún no se ha formalizado la suscripción del convenio con el Servicio Penitenciario Federal, circunstancia que imposibilita la derivación de personas privadas de la libertad a establecimientos dependientes de dicho sistema".

Está situación obliga a mantener a los detenidos en dependencias pertenecientes a la Ciudad, diseñadas exclusivamente para alojamiento transitorio y carentes de la infraestructura necesaria para estadías prolongadas, generando condiciones inadecuadas y riesgos tanto, para los internos como para el personal policial.

Se cuestiona además que "las acciones implementadas hasta el momento no han resultado suficientes para revertir el cuadro crítico, el cual se ve agravado por el incremento sostenido de la población de detenidos durante el presente año 2025".

Detalles de la obra

A partir de este contexto y considerando que el proyecto de la Alcaidía Central 27 de Febrero fue dado de baja, el gobierno porteño estima conveniente impulsar el diseño de un nuevo proyecto en dicho predio "que dé respuesta de manera inmediata a las necesidades actuales y orientado a brindar una solución a la emergencia edilicia y de alojamiento vigente".

Las autoridades entienden que una obra en este predio permitiría contar con instalaciones, seguras y adaptadas, centralizar funciones de seguridad, administrativas y de jefatura en un mismo complejo, optimizando la gestión de recursos y decisiones.

También sostienen que contribuiría a descomprimir de manera significativa las comisarías y alcaidías existentes, permitiendo que retomen su función original sin la presión del alojamiento prolongado.

El Ministerio de Seguridad porteño ratificó los argumentos y solicitó a la Secretaría de Coordinación que "se impulsen las actuaciones y gestiones necesarias para el diseño, puesta en marcha y funcionamiento de una nueva infraestructura en el predio, destinada al alojamiento de personas privadas de libertad, con la urgencia que la emergencia impone".

También intervinieron la Subsecretaría de Gestión Administrativa (SSGA), y la Dirección General Infraestructura (DGINFRA), que llevaron a cabo un relevamiento del predio para determinar la magnitud y envergadura de los trabajos necesarios para mitigar las consecuencias de la situación de emergencia.

Ambos organismos también aconsejaron llevar a cabo una contratación directa, al amparo de lo establecido en el artículo 26, inciso a) de la Ley N° 6.246, decisión que fue ratificada por las más altas autoridades de la Ciudad.

En este sentido, se emitió el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PET), y demás documentación que respalda la convocatoria, así como el presupuesto oficial estimado que asciende a $7.800 millones y se extenderá por un plazo total de 240 días corridos, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

En este sentido, el Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad intervino en el marco de sus competencias avalando el presupuesto definido.

En los detalles del pliego se establece que el alcance de la obra será por ajuste alzado, debiendo la empresa contratista realizar todos los trabajos complementarios para la materialización de las tareas descriptas.

"La empresa contratista deberá entregar la obra completa, con todos sus accesorios instalados y en buenas condiciones de uso, por lo que no se aceptarán adicionales por tareas que, a juicio exclusivo de la Inspección de obra, sean tareas complementarias y/o necesarias para la realización de trabajos expresamente solicitados por Pliegos, Planos y/o Planillas de esta licitación", se detalla en la nota.

Del mismo modo, se especifica que el objetivo de esta contratación es "la construcción de la infraestructura necesaria para el soporte y emplazamiento de estructuras modulares destinadas a funcionar como espacio de alcaidía no penitenciaria".

La obra comprenderá la ejecución de todos los sistemas estructurales y de instalaciones requeridos, de modo que los módulos habitacionales puedan ser puestos en funcionamiento en condiciones óptimas.

Además, el contratista tendrá la obligación de proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, herramientas y materiales necesarios para la construcción de cubiertas metálicas, estructuras de hormigón e instalaciones sanitarias y eléctricas, garantizando la adecuada operatividad de las estructuras modulares una vez emplazadas.