El Gobierno nacional denunció irregularidades e intervino el puerto de Ushuaia por doce meses

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) dispuso la intervención del puerto de Ushuaia por un plazo de doce meses, al denunciar una serie de irregularidades financieras, administrativas y operativas. La decisión generó una fuerte reacción del Gobierno de Tierra del Fuego, que anticipó que recurrirá a la Justicia.

Según informó el organismo nacional, la medida responde a la detección de desvíos de fondos, falencias en la infraestructura y riesgos para la seguridad operativa. Desde la provincia, el gobernador Gustavo Melella rechazó tanto la intervención como sus fundamentos.

Los argumentos del Gobierno nacional

Desde la ANPYN explicaron que la intervención se adoptó tras la falta de respuestas concretas a las inspecciones realizadas, denuncias de vaciamiento formuladas por trabajadores del puerto y la preocupación manifestada por empresas navieras que operan en Ushuaia.

En ese marco, el organismo detalló múltiples deficiencias en la infraestructura portuaria, entre ellas el faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle, defensas deterioradas, problemas en el tablestacado y deficiencias en la carpeta asfáltica. También señalaron compromisos graves en la gestión administrativa, financiera y en las condiciones básicas de seguridad.

Cuestionamientos a la administración de fondos

Otro de los puntos centrales de la intervención fue la falta de registros claros sobre ingresos, egresos y compras. Según la ANPYN, la administración provincial habría tercerizado estas tareas en una empresa cuya habilitación principal sería para la venta de paraguas, termos y pelucas.

Además, el organismo denunció que el 33% del presupuesto portuario fue destinado a subsidios, mientras que solo el 1,3% se asignó a obras y servicios para mejorar la calidad operativa. Desde Nación remarcaron que esta práctica contradice la normativa vigente, que establece que los fondos del puerto deben destinarse exclusivamente a inversiones en el propio enclave.

Durante el período de intervención, la Agencia contará con la asistencia de la Prefectura Naval Argentina para reforzar las tareas de seguridad y operación, aunque aclararon que las principales gerencias seguirán en manos de personal fueguino con experiencia técnica.

Rechazo de la provincia y anuncio de acciones judiciales

Aunque la posibilidad de una intervención era considerada en la Isla, su concreción tomó por sorpresa a la administración provincial. En el entorno del gobernador Melella deslizaron que la medida podría ser el paso previo a una eventual privatización del puerto.

El mandatario fueguino afirmó que "no comparte ni la medida ni sus fundamentos" y sostuvo que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud. También indicó que mantiene diálogo con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de encontrar una salida que garantice el funcionamiento normal del puerto y previsibilidad para los distintos sectores.

Defensa del funcionamiento del puerto

Melella aseguró que el puerto de Ushuaia opera con normalidad y atraviesa una temporada récord en la llegada de buques y cruceros. Señaló además que tanto los habitantes de la provincia como los turistas son testigos de la actividad constante en la terminal portuaria.

En esa línea, remarcó que las principales compañías navieras del mundo eligen Ushuaia por cumplir con estándares de excelencia en seguridad, calidad y servicios, lo que se refleja en el volumen de recaladas y en su rol estratégico para la provincia y el país.

La intervención se produce en un momento delicado para las finanzas provinciales. A comienzos del año, el entonces ministro de Economía, Francisco Devita, renunció junto a parte de su equipo, una salida consensuada que dejó en evidencia las dificultades fiscales de Tierra del Fuego.

A este escenario se sumó recientemente la decisión de avanzar con una reducción de aranceles a los teléfonos celulares importados, una medida que encendió alertas en la provincia, donde gran parte de la actividad industrial está vinculada al régimen de promoción de la industria tecnológica.