Se mantiene la emergencia energética: cómo impacta la medida en las tarifas

El gobierno nacional considera que el funcionamiento eficiente y confiable del sistema de transporte de gas natural es un objetivo prioritario de la política energética.

La razón se debe al impacto directo que esta decisión tiene en la seguridad de abastecimiento de la demanda ininterrumpible, en la viabilidad y el desarrollo de las exportaciones de gas natural y en la disminución de las importaciones de combustibles.

A partir de estos preceptos, el Decreto N° 55/23 del 2023 declaró la emergencia del sector energético nacional que luego fue prorrogada por el Decreto N° 1023/24 del año pasado y finalmente por el Decreto N° 370/25 hasta el 9 de julio de 2026.

Pero más allá de la medida, las autoridades nacionales entienden que las medidas que podrían permitir sumar capacidad de transporte de gas suficiente para abastecer la demanda interna y las exportaciones siguen en proceso de implementación.

Esto se debe a que las obras correspondientes recién entrarían en operación en el período invernal del año 2027, por lo cual se mantienen las causas que motivaron la emergencia en el sector, y en especial en el transporte de gas natural licuado.

Por lo tanto, la importación de GNL sigue siendo necesaria para asegurar el abastecimiento de la demanda ininterrumpible en los picos de consumo; sustituir combustibles líquidos en la generación térmica; atender eventuales restricciones por causas operativas en el suministro de gas en cualquier momento del año y crear y fortalecer un mercado de gas de invierno.

Fecha clave

En ese contexto, el gobierno libertario acaba de tomar la decisión de prorrogar la emergencia por otros dos años a través del Decreto 49/2026, publicado este martes 27 de enero en el Boletín Oficial de la Nación.

La fecha elegida en el DNU que firman varios ministros y funcionarios del gobierno del presidente Javier Milei no es antojadiza.

Para las autoridades, desde esa fecha se espera contar con la incorporación de nueva capacidad de transporte de gas natural y la disponibilidad de las capacidades de transporte necesarias para el abastecimiento de la demanda ininterrumpible de las distribuidoras.

Pero hasta que llegue ese momento, en los meses de invierno el abastecimiento de gas natural continúa dependiendo de la inyección de GNL para cubrir el incremento de la demanda de Buenos Aires y del litoral del país.

En los considerandos del decreto se asegura que "sin ese volumen de gas natural importado, la demanda necesaria para abastecer a los usuarios residenciales y para garantizar el funcionamiento de las centrales térmicas para la producción de electricidad quedaría insatisfecha en los días más fríos".

También se asegura que la falta de capacidad suficiente de transporte para llegar desde la Cuenca Neuquina a las zonas de consumo aludidas hace imprescindible el abastecimiento con GNL.

"Esto evidencia que el aseguramiento de los volúmenes de gas implicados forma parte de las medidas que se requieren para atravesar la emergencia energética que continúa transitando nuestro país como consecuencia de muchos años de falta de inversión provocada, principalmente, por una política tarifaria que no daba las señales necesarias para generar interés en encarar las expansiones del sistema tanto del transporte de gas como de electricidad, cuya solución requiere de obras que demandarán todavía algún tiempo más en completarse", se señala en el decreto.

Infraestructura insuficiente

Además, se recuerda que la empresa estatal Energía Argentina S.A es la única que importa GNL y se admite que la intervención estatal, que ha asumido actividades propias del sector privado, no ha dado los resultados esperados, ha sido incapaz de dar una solución eficiente y ha implicado al Estado Nacional erogaciones de mucha envergadura que no se han materializado en ninguna mejora para el sistema de transporte.

Al mismo tiempo, la ley Bases modificó varias normas para reducir al mínimo la intervención del Estado, previendo un marco jurídico para recuperar el dinamismo de las inversiones para el desarrollo de infraestructura y para brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones que se requieren para el logro del abastecimiento de hidrocarburos en el corto, mediano y largo plazo.

Eso permitió que se autoricen las importaciones de gas natural sin necesidad de aprobación previa, pero no está contemplado expresamente el caso del GNL que requiere acceso a la infraestructura de regasificación que permita la posterior inyección y comercialización en el mercado interno del gas natural resultante.

Si bien se construyeron dos terminales de regasificación, una en Bahía Blanca, en el 2008, y otra en Escobar, en el 2011, actualmente solo está operativa esta última.

Por eso, en el decreto se considera necesario que la Secretaría de Energía permita a los importadores de GNL privados el acceso a la infraestructura de regasificación existente en el país, pero se advierte que la terminal requiere de una operación coordinada con la unidad flotante de regasificación y almacenaje (FSRU, por sus siglas en inglés) y con la que pueden llegar los barcos que transportan el GNL a regasificar.

En el decreto se explica que "el acceso unificado y coordinado a las instalaciones de la Terminal permitirá evitar conflictos en la programación logística y asignación de ventanas de arribo ("slots") para los buques metaneros; dificultades en la gestión coordinada del inventario de GNL en los tanques de la FSRU; complejidades en la coordinación de las maniobras de amarre, conexión y desconexión de los brazos de transferencia criogénicos y operaciones de trasvase de GNL de buque a buque, disminuyendo el riesgo de incidentes y demoras en la respuesta ante emergencias que puedan comprometer la integridad de las personas, los activos y el medioambiente.

Es decir, se ordena que todo el sistema quede concentrado en un único operador que reemplace la comercialización estatal por una privada pero con un precio máximo establecido por el Estado durante los dos próximos períodos invernales para evitar las consecuencias negativas que podrían derivar de una situación monopólica.

Presencia privada

En este sentido, el decreto hace mención a la necesidad de seleccionar una empresa comercializadora e importadora de GNL regasificado en el mercado "a fin de contar en el próximo invierno con un funcionamiento optimizado del sistema que contribuya a la eficiencia y a la disminución de los costos".

En este sentido, el artículo 2° establece que el precio de venta doméstico del GNL "será el resultante de la regasificación del producto que se importe y no podrá ser superior al marcador internacional que la Secretaría de Energía considere, más un valor expresado en dólares por millón de BTU (British Thermal Unit) necesario para cubrir todos los costos de flete marítimo, regasificación, almacenaje, comercialización y transporte por ducto hasta el punto de entrega ubicado en la localidad de Los Cardales, Provincia de Buenos Aires".

En caso de fracasar el procedimiento, Energía Argentina S.A se hará cargo directamente de la importación del GNL, su regasificación y posterior venta en el mercado interno.

Pero, además de intentar seguir abasteciendo al sistema, la extensión de la emergencia también otorga al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Energía facultades extraordinarias para continuar con los aumentos de tarifas programados y la quita gradual de subsidios para los sectores de ingresos medios y altos (N2 y N3 según la categorización del RASE)

La prórroga permite además profundizar la depuración del padrón para que solo los hogares vulnerables reciban asistencia.

Es decir, en términos sencillos, esta medida le otorga al Gobierno "superpoderes" para seguir modificando el esquema de subsidios sin pasar por los tiempos habituales del Congreso o los marcos regulatorios ordinarios.

Reducir subsidios

De hecho la prórroga mantiene vigente el período de transición hacia subsidios focalizados, lo que significa que el esquema anterior (el de los niveles N1, N2 y N3) sigue desapareciendo gradualmente para dar paso a un sistema donde solo se subsidia un bloque básico de consumo para los hogares más vulnerables.

El objetivo es que, para finales de 2026, la mayoría de los usuarios pague una tarifa que cubra casi la totalidad del costo de generación y transporte.

Es más, bajo el paraguas de la emergencia, se han intensificado las auditorías sobre el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

El Gobierno está cruzando datos de forma más agresiva para eliminar beneficiarios que posean prepagas no vinculadas a su empleo; hayan viajado al exterior (países no limítrofes) en los últimos cinco años; comprado moneda extranjera recientemente.

Del mismo modo, la emergencia facilita que el Ministerio de Economía aplique incrementos mensuales o bimestrales basados en la inflación y la variación del tipo de cambio.

Al considerar el sistema en "crisis", se prioriza que las empresas (distribuidoras y transportistas) no pierdan rentabilidad frente a la inflación, lo que suele trasladarse rápidamente a la factura final.

También se pone el foco en el gas para los Inviernos 2026-2027, teniendo en cuenta la falta de infraestructura (gasoductos) para traer el gas de Vaca Muerta.

Como todavía el país depende de importar gas caro (GNL), la emergencia le permite al Gobierno establecer "precios máximos" y decidir discrecionalmente cuánto de ese costo extra se traslada a los usuarios y cuánto absorbe el Estado.