Histórico: AySA ganó dinero tras 20 años y espera por su privatización

Mientras el gobierno nacional se dispone a dar a conocer los detalles del modelo de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) durante los próximos días, la empresa acaba de marcar un punto de inflexión histórico en su operación.

Se trata de la operadora estatal cuya área de concesión abarca la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y 26 partidos del conurbano bonaerense (zona norte, oeste y sur).

Cubre una superficie aproximada de 3.363 kilómetros cuadrados, atendiendo a más de 11 millones de personas con servicios de agua potable y saneamiento.

Su balance correspondiente al 2025 muestra un quiebre en su situación financiera, con millonarias ganancias impulsadas por una reestructuración tarifaria agresiva y el avance de su proceso de traspaso al capital privado.

​En el mercado aseguran que el 2025 será recordado en la historia de AySA como el año en que la mayor empresa de saneamiento del país logró romper con casi dos décadas de dependencia absoluta de los subsidios del Tesoro Nacional.

AySA logra superávit histórico

Bajo la gestión del Ministerio de Economía, la compañía alcanzó la convergencia operativa, cubriendo sus gastos corrientes con ingresos propios.

Es que la empresa alcanzó un superávit económico neto de $237.000 millones; redujo su deuda en un 85% y puso en marcha el Sistema Riachuelo, una de las obras de saneamiento más importantes de los últimos 75 años, beneficiando a más de 4,5 millones de personas.

Las cifras muestran que ese período estuvo marcado por un proceso de reordenamiento de gastos e inversiones, la mejora y el mantenimiento de la infraestructura existente, y avances significativos en la modernización del servicio para las 15 millones de personas que habitan el área de concesión.

Este conjunto de medidas permitió revertir la tendencia deficitaria y lograr un superávit operativo sostenido por primera vez desde 2007 que permitió prescindir de aportes del Tesoro Nacional para la operación de los servicios.

Mediante una comunicación oficial, el directorio de AySA entiende que esa cifra "evidencia una mayor autonomía financiera y una administración más eficiente, en contraste con el déficit operativo de $104.800 millones registrado en 2023, a valores constantes".

A partir de este contexto, las transferencias del Estado Nacional pasaron de $131.000 millones en 2023 a apenas $37.000 millones en todo el 2025, destinados exclusivamente para gastos de capital.

"Este resultado confirma la eficiencia de la empresa al cubrir no solo sus gastos operativos sino también gran parte de sus inversiones, generando un ahorro para el Tesoro Nacional de $127.300 millones durante 2025", agrega el comunicado.

Menor deuda pendiente para la firma proveedora de agua

En paralelo, se sostiene que AySA concretó uno de los hitos más relevantes de su historia reciente con la puesta en marcha del Sistema Riachuelo.

Esta obra de saneamiento es la más importante de los últimos 75 años y beneficia a 4,5 millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires, ampliando la capacidad de transporte y tratamiento de efluentes mejorando significativamente el funcionamiento del sistema cloacal.

Además, se destaca que la empresa cumplió los vencimientos de Obligaciones Negociables (ON), a pesar de ser compromisos asumidos en la gestión anterior y que se gestionaron con fondos propios.

Del monto de capital inicial reestructurado en diciembre de 2023 por u$s298,2 millones, la deuda pendiente se redujo drásticamente en un 85%, quedando pendiente un único pago de u$s46,5 millones, con vencimiento en mayo próximo.

En este contexto, AySA volvió al mercado de capitales con el lanzamiento de su primer fideicomiso financiero, una operación que permitió fortalecer el capital de trabajo y anticipar ingresos futuros por $30.000 millones, contribuyendo a consolidar la sostenibilidad operativa de la empresa.

"De esta manera, AySA cerró el 2025 consolidando una gestión basada en la eficiencia operativa y la calidad de sus servicios, mediante la incorporación de tecnología para la medición del consumo, la detección de fugas y el permanente control en cada una de las etapas de sus procesos, lo que garantiza una prestación eficiente de los servicios de agua y saneamiento", se detalla en la nota.

Decisiones claves

El paso del déficit crónico al superávit se fundamentó en tres decisiones de gestión:

1. ​Actualización Tarifaria: Se implementó un esquema de indexación mensual que permitió que la tarifa cubra el 100% de los costos de operación y mantenimiento.
2. Eficiencia en la Cobrabilidad: En julio de 2025, se otorgó a la empresa la facultad legal de interrumpir el suministro por falta de pago, lo que aceleró la regularización de deudas por parte de los usuarios.
3. Reducción de Estructura: Se llevó adelante un plan de retiros voluntarios y reconversión laboral que estabilizó la planta permanente en torno a los 6.090 empleados hacia finales de año.

Además y a pesar del recorte en subsidios corrientes, el Estado Nacional mantuvo un flujo de capital para obras críticas como los $141.000 millones destinados exclusivamente a la finalización del Sistema Riachuelo (Planta Dock Sud) y el Río Subterráneo Sur.

Los buenos resultados financieros no fueron un fin en sí mismo, sino la preparación para la privatización total de la empresa.

Balance limpio

El decreto firmado en julio de 2025 autorizó la venta del 90% del paquete accionario, buscando atraer a un operador estratégico internacional que asuma el 51% del control.

​En este sentido, la empresa inicia el 2026 con un balance "limpio" y con capacidad de autofinanciamiento operativo, lo que aumenta su atractivo para potenciales compradores en el proceso de licitación pública que se espera para el segundo semestre de este año.

​Por eso en el mercado se asegura que el futuro de la concesión de AySA ha entrado en una fase crítica, tras un 2025 marcado por el saneamiento de sus cuentas.

A diferencia de los años 90, donde se otorgaba una concesión (uso del activo por tiempo limitado), el esquema actual bajo el Decreto 494/2025 apunta a una privatización total mediante la venta de acciones del Estado Nacional.

El 10% restante permanecerá en manos de los trabajadores, mientras que el Ministerio de Economía, a través de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, avanzará en el lanzamiento de los pliegos.

Privatización inminente: crece el interés local y extranjero

Varios gigantes del sector han mostrado interés, atraídos por la normalización tarifaria lograda en 2025.

Se destacan algunos consorcios brasileños como SABESP, que pasó por un proceso similar en Brasil.

Se trata de la empresa de agua de San Pablo que opera bajo la razón social de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo y que es considerada como la candidata con mayor peso.

Tras su propia privatización parcial en Brasil, cuenta con el "know-how" técnico y financiero para gestionar sistemas metropolitanos de gran escala.

También se menciona a la firma ​Río+Saneamento, otra operadora brasileña que ha ganado terreno tras las recientes concesiones de servicios de agua en Río de Janeiro.

Pero hay además, presencia europea como algunos grupos franceses que como Veolia o Suez, que han sido los referentes mundiales del sector.

Se sabe que ha habido consultas de consorcios con participación francesa, aunque actúan con cautela debido a la historia previa de las concesiones en Argentina.

​Entre los jugadores locales hay varios nombres ya mencionados, más que nada porque para operar AySA, cualquier empresa internacional necesitará un socio local con despliegue territorial.

Uno es el ​Grupo Roggio, gracias a su experiencia previa en el sector (fueron parte de Aguas Argentinas en los 90), y a que se asegura que está buscando alianzas con fondos de inversión extranjeros para presentarse a la licitación.

Pero no son los únicos de capitales nacionales mencionados como interesados, ya que también se habla de otros actores locales como Mauricio Filiberti (Transclor) y el grupo Edenor, que controlan el mismo empresario en sociedad con Daniel Vila y José Luis Manzano.

Cambios de reglas

​Para que la venta sea atractiva, el Gobierno ha modificado las "reglas del juego", entre otras cosas, habilitando legalmente la posibilidad de interrumpir el servicio ante la falta de pago persistente, algo que estaba restringido para usuarios residenciales.

También se estableció un procedimiento de ​indexación tarifaria para que el nuevo dueño tenga garantizado un esquema de actualización mensual para evitar que la inflación licúe sus ingresos y afecte las inversiones.

De todos modos, el servicio seguirá siendo regulado por el ERAS (Ente Regulador de Agua y Saneamiento), que supervisará la calidad y el cumplimiento de los planes de inversión.

El mayor desafío para el 2026 es el valor de venta a pesar de que la empresa ya no es deficitaria operativamente, pero requiere inversiones en infraestructura por miles de millones de dólares para revertir la obsolescencia de las redes (se estima que se pierde casi el 40% del agua producida por caños rotos).