Supermercado mayorista entró en concurso de acreedores, tras cierres de sucursales y más de 100 despidos
El supermercado mayorista de productos de limpieza y perfumería Caromar, controlada por la familia Manassero y dueña de marcas como El Coloso, se presentó en concurso preventivo de acreedores y atribuyó su crisis a la caída del consumo, la presión de proveedores, la conflictividad sindical y juicios laborales millonarios. La apertura fue dispuesta por el Juzgado Comercial N°1, que encuadró el proceso como "gran concurso".
En su presentación, la compañía afirmó encontrarse en "estado de cesación de pagos" y detalló que el deterioro se aceleró en los últimos meses por una combinación de factores que afectaron su operatoria: menor nivel de ventas, pérdida de capital de trabajo, dificultades para abastecerse y conflictos gremiales que impactaron en la actividad.
Lo cierto es que el ingreso a concurso formaliza un proceso previo de ajuste. A fines del año pasado, la empresa cerró cuatro sucursales, ubicadas en Mar del Plata, Burzaco, La Tablada y San Justo, y avanzó con más de 100 despidos. Actualmente mantiene cinco locales operativos en Laferrere, Moreno y José C. Paz (provincia de Buenos Aires), además de Rosario y Neuquén.
Supermercado mayorista en crisis: caída de ventas, competencia en precios y cierre de la fábrica
Caromar es una compañía que combina el negocio mayorista, abastece a comercios de cercanía con productos de limpieza, perfumería, pañales y cosmética, con el desarrollo de marcas propias, entre ellas El Coloso, GoodMax, Queen y Simpli. Su modelo depende de volumen y rotación, dos variables que, según la empresa, se deterioraron de forma sostenida.
En el expediente, la firma expone con precisión el impacto de la caída del consumo. Señala que las ventas de mercaderías se redujeron cerca de un 42% interanual entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, y que esa baja se dio tanto en términos nominales como reales. A la vez, describe un cambio en el comportamiento del mercado: menor demanda y una competencia cada vez más agresiva en precios.
En ese escenario, la empresa sostiene que los competidores comenzaron a vender incluso por debajo de sus costos para sostener participación, lo que terminó de erosionar los márgenes del sector. Esa dinámica afectó especialmente a su unidad industrial.
En tanto, Caromar detalla que había invertido durante años en el desarrollo de su planta de jabón en polvo, con producción destinada tanto a marcas propias como a terceros. Sin embargo, en 2024 decidió cerrarla. Según explicó, no pudo sostener la operación frente a precios que en el mercado se ubicaban por debajo de sus costos de fabricación, en particular frente a grandes fabricantes. La salida de esa unidad implicó no sólo la pérdida de una línea de negocio, sino también un golpe a su integración productiva.
"En el primer semestre de 2024 se cerraron la fábrica de jabón en polvo y la sucursal San Justo. Fue realmente una decisión dolorosa porque se habían empleado cinco años en armar la fábrica de jabón en polvo. Pero no se pudo afrontar el dumping de Unilever, quien vendía a un precio inferior al costo de fabricación. Ello a pesar de que se proveía de jabón en polvo a clientes de primera línea Carrefour y a Supermercados Día. Pero la cantidad de camiones mensuales despachados disminuyó de diecisiete a dos. Finalmente se cerró la fábrica", cuenta la empresa en su escrito.
Ajuste de estructura, conflicto sindical y juicios laborales
En ese contexto, la caída de la actividad se tradujo en un ajuste directo sobre la estructura de la empresa. Según surge de la presentación, Caromar llegó a contar con hasta 500 empleados en su pico de operación, un nivel que dejó de ser sostenible con el nuevo volumen de ventas.
Así, la firma avanzó con un recorte que incluyó unos 120 despidos y el cierre de sucursales. De acuerdo con su planteo, había intentado implementar una reducción gradual del personal, pero aseguró que no pudo llevarla adelante. En ese punto, la compañía vincula esa dificultad con el frente sindical: en el expediente habla de una "alta conflictividad del Sindicato de Empleados de Comercio", con asambleas y medidas que, según su versión, afectaron la operatoria diaria y profundizaron la caída de ingresos.
A ese escenario se suman dos juicios laborales por montos cercanos a $1.000 millones, que la empresa considera relevantes en su cuadro financiero. En uno de esos casos, además, indicó que se trabaron embargos sobre cuentas bancarias, lo que impactó en el funcionamiento habitual.
Tras ese proceso, la dotación quedó reducida a poco más de 200 empleados activos, entre las sucursales que siguen en operación y la estructura central.
Falta de mercadería, cheques rechazados y salto al concurso
Finalmente, el cuadro se volvió más complejo hacia el último trimestre del año pasado. La empresa explica que a partir de octubre comenzó a agotarse el capital de trabajo, lo que modificó la relación con proveedores.
Según detalla, los proveedores pasaron a exigir pagos anticipados, lo que derivó en faltantes de mercadería en las sucursales y una nueva caída en las ventas. Ese quiebre generó un circuito difícil de revertir: menor stock, menor facturación y mayores dificultades para cumplir con compromisos.
En paralelo, la compañía acumula cheques rechazados por más de $1.000 millones, lo que refleja el nivel de tensión en su cadena de pagos. En contraste, su deuda bancaria, unos $55 millones, se mantiene sin atrasos, lo que indica que el problema se concentra en proveedores y pasivos comerciales.
En ese contexto, la empresa reconoció que no pudo sostener el pago de salarios y obligaciones corrientes, y que el concurso era la herramienta necesaria para ordenar su pasivo y evitar una quiebra.
El proceso fija como fecha límite el 28 de mayo próximo para la verificación de créditos, mientras que la etapa de negociación con acreedores se extenderá hasta abril de 2027. En paralelo, el juzgado dispuso la inhibición general de bienes y otras medidas de control sobre la administración.
De cara a lo que viene, Caromar plantea operar con una estructura más acotada, tras el cierre de sucursales, la reducción de personal y la salida de su unidad industrial. El objetivo será sostener la actividad con menor escala y alcanzar un acuerdo con acreedores en un escenario donde la evolución del consumo sigue siendo el principal condicionante del negocio.