El Gobierno frena la privatización de los medios públicos de la Ciudad

​A través de una resolución publicada recientemente, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), blindó la estructura de los medios porteños frente a posibles intentos de transferencia al sector privado.

Se trata de un movimiento tomado por el ente nacional regulador de este sector que promete recalentar el debate sobre el rol del Estado en la comunicación y abir un disputa entre el gobierno nacional del presidente Javier Milei y el de la Ciudad de Buenos Aires que comanda Jorge Macri.

La resolución prohíbe explícitamente la privatización o transferencia de los medios periodísticos pertenecientes a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que la gestión que orienta Jorge Macri puso en venta a principios de marzo pasado y cuyo proceso se encuentra en marcha.

Se trata del Canal de la Ciudad y de las radios La Once Diez y La 2X4, que pretenden ser cedidos a un operador privado por un plazo de cinco años, buscando dejar de financiarlos con impuestos que pagan todos los porteños.

Si bien en un principio, la apertura de ofertas técnicas y económicas fue programada para el pasado 20 de abril, la administración porteña decidió postergar este procedimiento.

La nueva fecha establecida es la del próximo 12 de mayo, como parte de un modelo de gestión elegido por las autoridades porteñas que pretende otorgar una concesión por cinco años a privados, que deberán manejar la programación y comercialización publicitaria.

Privatización de medios porteños: polémica en puerta

Mientras tanto, el Estado porteño conserva la titularidad de las frecuencias y se reserva hasta el 30% de la programación semanal para contenidos institucionales.

Sin embargo, la medida tomada por el organismo que dirige Martín Ozores, que ya genera repercusiones en el ámbito legislativo y empresarial, busca evitar este proceso y garantizar el carácter público de señales clave y proteger el patrimonio cultural e informativo de la Capital Federal.

La resolución establece un marco de protección para los activos comunicacionales del distrito y entre los puntos principales, se destaca la prohibición de venta de activos al advertir que no se podrán transferir licencias ni infraestructura física a grupos privados.

​Hace mención también a la salvaguarda de la pluralidad como argumento central y definiendo que la gestión pública asegura una agenda no condicionada por intereses comerciales inmediatos.

Del mismo modo, se refuerza la figura de estos medios como "servicios de interés público no sujetos a privatización".

​Esta decisión afecta directamente a señales de radio y televisión que dependen del presupuesto de la Ciudad, cerrando la puerta a cualquier proyecto de "eficientización" mediante capitales externos.

Jorge Macri se blinda para evitar privatizaciones: el camino judicial

Fuentes cercanas al organismo nacional explicaron a iProfesional que la intención es evitar el "desguace" de la estructura comunicativa estatal.

Sin embargo, analistas del sector ven en esta jugada un componente político estratégico vinculado al control de la pauta.

Entienden que, al mantener estos medios en la órbita pública, el Gobierno de la Ciudad retiene una plataforma de difusión propia de alto alcance.

​Ahora, se espera que sectores privados cuestionen la resolución ante la Justicia, argumentando que el ENACOM excede sus funciones al limitar la libre disponibilidad de activos de una jurisdicción autónoma.

​"Es un mensaje claro contra la tendencia de privatización de empresas públicas que se impulsa a nivel nacional. La Ciudad marca una frontera en el sector medios", señalaron consultores legales del área de telecomunicaciones.

​El gran interrogante que queda planteado es cómo se financiarán estos medios en un contexto de fuerte ajuste fiscal. Al quedar prohibida la entrada de capitales privados, la dependencia del Tesoro porteño será total.

Soberanía informativa

​Para el mercado publicitario, esta resolución también es una señal.

Las empresas que buscaban alianzas estratégicas o esquemas de gestión mixta para modernizar las señales porteñas deberán, por ahora, guardar sus planes en el cajón.

​A modo de escenario futuro se anticipa una batalla judicial ya que, mientras el ENACOM defiende la "soberanía informativa", los defensores del libre mercado preparan presentaciones para declarar la inconstitucionalidad de una norma que, aseguran, traba la modernización de la industria mediática argentina.

Es decir, el futuro de esta operación se encuentra en un punto crítico de colisión legal y política.

Lo que comenzó como un plan de concesión privada ha chocado de frente con la intervención del ENACOM y una fuerte resistencia gremial y judicial.

El principal obstáculo inmediato no es solo la resolución del organismo nacional, sino la Acción de Amparo presentada recientemente ante la Justicia por organizaciones civiles y gremiales (como SiPreBA), que han solicitado medidas cautelares para suspender este acto.

Se alega que el proceso viola el Artículo 47 de la Constitución de la Ciudad, que garantiza la existencia de medios públicos estatales, y que no se realizaron las audiencias públicas obligatorias.

Además, la intervención del ENACOM ha emitido normativas (como la Resolución 280/2026) que limitan el margen de maniobra sobre el espectro radioeléctrico.

Concesión y no privatización

Por eso, ​se prevé una disputa de jurisdicción bajo la pregunta de si puede un ente nacional impedir que la Ciudad concesione la gestión de sus propias señales.

Si la administración porteña decide avanzar con la licitación para el Canal de la Ciudad, Radio Ciudad (AM 1110) y La 2x4 (FM 92.7), es casi seguro que el conflicto termine en la Corte Suprema de Justicia.

En este sentido, algunas fuentes sostienen que no es una privatización de los activos, sino una concesión por 60 meses (5 años) de la explotación técnica y comercial.

Sin embargo, el futuro operativo es incierto, teniendo en cuenta que hay más de 400 trabajadores en alerta y que cualquier traspaso a manos privadas bajo los pliegos actuales será impugnado por "fraude laboral" o "privatización encubierta".

Ante la inseguridad jurídica que plantea la resolución del ENACOM y los amparos judiciales, es probable que los grupos de medios interesados duden en presentarse a la licitación el 12 de mayo por temor a heredar un conflicto legal eterno.

Sin interesados

En el mercado se advierte sobre la posibilidad de que este proceso fracase, debido a la falta de interesados en operar los medios de comunicación de la Ciudad.

De hecho, varios empresarios del sector consultados por iProfesional descartaron participar de la licitación y aseguraron que se trata de un grupo de medios poco atractivos.

Esta postura va en contra de la mirada inicial de algunos funcionarios del gobierno porteño que estiman que los principales interesados serían grandes grupos de medios y productoras de contenidos con experiencia previa en la tercerización de señales de cable y radio.

A pesar de este optimismo oficial, hay varios factores que frenan el interés por la licitación de estos medios, además de la medida del ENACOM.

Uno se vincula a la falta de "novios" con infraestructura, teniendo en cuenta que el pliego exige que el adjudicatario aporte sus propios estudios, antenas y equipos técnicos, lo que representa una barrera de entrada muy alta para la mayoría de los jugadores del sector.

También se recuerdan los amparos judiciales vigentes y cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la medida (basados en el Artículo 47 de la Constitución Porteña), lo que desalienta a las empresas a firmar contratos de largo plazo que podrían ser anulados.

Además existen dudas sobre la rentabilidad, ya que el canon mensual base de aproximadamente $11 millones es considerado por algunos sectores del mercado como "fuera de sintonía" con la rentabilidad actual, especialmente considerando las restricciones de contenido que deben mantenerse.

Del mismo modo, el proceso ha generado un fuerte rechazo en la Legislatura porteña y en organizaciones gremiales.

Futuro incierto

La oposición está preparando proyectos para bloquear la concesión, argumentando que se trata de una "privatización encubierta".

Si la operación se cae o se congela judicialmente, el desafío volverá al presupuesto porteño.

En un año marcado por el ajuste fiscal, la Ciudad deberá definir si mantiene el financiamiento total de las señales o si busca un "Plan C": un ente autárquico con mayor participación legislativa que permita esquemas de publicidad más agresivos sin ceder la gestión a privados.

En resumen, el escenario más probable es una postergación de la licitación de mayo mientras la Justicia define si la resolución del ENACOM tiene preeminencia sobre la autonomía de la Ciudad para gestionar sus medios.