Rechazo del Gobierno a las ofertas de YPF y Trafigura para vender combustibles a la flota oficial

Unos pocos meses después de asumir Javier Milei la presidencia de la Nación, el gobierno nacional decidió modificar la forma de comprar combustible para abastecer a las flotas de autos, aviones y embarcaciones dependientes del Estado.

Lo hizo al anular un decreto del 2012, firmado por el entonces gobierno kirchnerista, que disponía la obligación a todas las jurisdicciones y entidades públicas de contratar con YPF Sociedad Anónima.

Además, el control de este proceso pasó a manos de la Jefatura de Gabinete que dirige Manuel Adorni, con el objetivo de lograr mayor control de costos y transparencia en el abastecimiento de autos, buques y aviones del Estado.

La norma establece las nuevas pautas para la contratación de proveedores de combustible a granel para la totalidad de la flota oficial, desde vehículos terrestres hasta las unidades logísticas de las fuerzas de seguridad y embarcaciones del Estado.

En este sentido, la derogación del Decreto 1189/2012 (firmado originalmente por Cristina Kirchner) responde a un cambio estructural en la política de contrataciones del Estado, impulsado por la actual administración bajo una premisa de "neutralidad competitiva".

El motivo central se basa en el DNU 70/2023 (Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina), que en su Artículo 50 establece que las empresas donde el Estado tiene participación no deben gozar de ninguna ventaja o privilegio en la contratación de bienes y servicios.

Adiós a las ventajas

El argumento oficial en este sentido es que el Decreto kirchnerista ofrecía una "ventaja anticompetitiva" que distorsionaba el mercado de combustibles.

Por lo tanto, se optó por darle fin a la exclusividad que tenía la petrolera estatal a través del Decreto 747/2024, que estableció una especie de competencia en igualdad de condiciones con operadoras privadas como Trafigura (Puma), Shell (Raízen) o Axion.

La Jefatura de Gabinete sostiene que la obligatoriedad de contratar a un único proveedor impedía al Estado obtener mejores condiciones comerciales.

Al abrir el juego a la competencia, el Gobierno estimaba una reducción de costos de entre el 12% y el 15% y le permitía a cada jurisdicción (Ministerios, Fuerzas de Seguridad) elegir la oferta que mejor se adapte a su necesidad logística regional, evitando la dependencia total de la infraestructura de YPF.

Otra de las razones por las que se tomó esta medida se vincula con la necesidad de desmantelar lo que el oficialismo denomina "cajas de la política" y asegurar que los fondos públicos se asignen mediante licitaciones abiertas y transparentes.

Proceso fracasado

Sin embargo, el proceso, que otorgaba a la empresa ganadora dos años de contrato, acaba de evidenciar un fuerte revés ya que la licitación de este año quedó desierta y fue declarada nula por las autoridades nacionales.

Por lo menos así surge de analizar la Decisión Administrativa 17/2026 publicada este viernes 8 de mayo en el Boletín Oficial de la Nación, y en la cual se admite que el proceso por el cual el Estado llamó a una licitación nacional para demostrar que podía comprar más barato fuera del esquema del Decreto 1189, no tuvo éxito.

En los considerandos de la norma se asegura que la apertura de ofertas operó el 8 de octubre de 2025 y se presentaron YPF S.A. y Trafigura Argentina.

Luego, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió el Dictamen el 21 de octubre del mismo año y recomendó desestimar las dos ofertas.

En el caso de YPF y a pesar de su posición dominante en el mercado, fue excluida por fallas en la formulación de su oferta.

Según el dictamen de evaluación:

• Condicionamiento técnico: YPF intentó introducir modificaciones a las especificaciones técnicas establecidas en el pliego, una práctica que invalida automáticamente la oferta al no ajustarse a las bases del llamado
• Omisiones no subsanadas: La compañía no respondió satisfactoriamente a los pedidos de aclaración dentro de los plazos administrativos, lo que llevó a la Comisión Evaluadora a desestimar sus propuestas en todos los renglones cotizados

En cuanto a la oferta de Trafigura, la descalificación tuvo un tinte más técnico-contable.

La firma, que buscaba ganar terreno en el abastecimiento logístico del Estado, fue rechazada por:

• Incumplimiento económico-financiero: La empresa no habría logrado acreditar fehacientemente los requisitos de solvencia o las garantías estipuladas en el pliego para un contrato de esta magnitud
• Además, en otros renglones del proceso vinculados a la licitación no se presentaron ofertas

Narrativa en pausa

Por tal motivo, se decidió declarar fracasada la licitación "por resultar todas las ofertas presentadas inadmisibles", según establece la Decisión Administrativa dada a conocer durante esta jornada.

En el mercado entienden que la caída de esta licitación es un golpe a la narrativa de "eficiencia inmediata".

Que YPF, siendo una empresa con mayoría accionaria estatal, no haya podido cumplir con las formas del pliego, sugiere una falta de coordinación entre la petrolera y la Secretaría de Energía, o bien, un pliego con exigencias tan rígidas que resultaron inviables incluso para los líderes del mercado.

De todos modos y a pesar de este fracaso, el marco legal ya no permite volver a la "contratación directa obligatoria" con YPF y el Gobierno ahora está obligado a reformular los pliegos y volver a llamar a competencia.

Nuevo intento

Seguramente se mantendrán varios de los requisitos ya establecidos como que el proceso cubra el suministro para automotores, embarcaciones y aeronaves; que se implemente un sistema de seguimiento por tarjeta y geolocalización para evitar desvíos de partidas y que se ratifique la preferencia por proveedores con infraestructura logística nacional para garantizar el abastecimiento en zonas críticas.

En cuanto al monto que el gobierno nacional abonará por este servicio, no se especifica una suma fija asignada por una razón técnica: se trata de un Acuerdo Marco.

Bajo esta modalidad, la Jefatura de Gabinete no realiza una compra cerrada por un valor determinado, sino que establece una "proyección de consumo" para un periodo de dos años (con opción a uno más).

Esto funciona como un catálogo de precios y proveedores pre-aprobados al que luego cada organismo del Estado echa mano según su necesidad.

Es decir, se trata de un presupuesto abierto en donde el Estado no se obliga a gastar un monto inicial, sino que habilita a los ministerios y fuerzas de seguridad a emitir órdenes de compra individuales bajo las condiciones negociadas en el acuerdo.

De todos modos, el objetivo de la medida era centralizar un volumen que permitiera un ahorro de entre el 12% y el 15% respecto a los precios minoristas, manejando una caja que involucra miles de millones de pesos anuales considerando el abastecimiento de toda la flota terrestre, naval y aérea del país.

Al fracasar la licitación (por el rechazo a YPF y Trafigura), ese ahorro proyectado se pierde, obligando a los organismos a seguir comprando de forma descentralizada, lo que suele resultar en costos más altos y una administración de fondos menos eficiente.

Es decir, con esta decisión se acaba de perder la capacidad de compra consolidada del Estado frente a las petroleras para los próximos 24 meses.

Esto es particularmente relevante para las aeronaves y embarcaciones, cuyos costos operativos están ligados directamente a la volatilidad del precio internacional del JP1 y el gasoil de grado marino.

"El objetivo no era solo gastar menos, sino saber exactamente dónde y cómo se carga cada litro de combustible del erario público", señalaron desde el entorno del Jefe de Gabinete.

La Decisión Administrativa 17/2026 también establece que los proveedores deberán estar inscriptos en un registro específico de Contrataciones de Energía y Combustibles.

Además, se prevén cláusulas de revisión trimestrales para ajustar los valores de acuerdo a la inflación y los movimientos del mercado mayorista.